Rechaza comisionado hacer declaraciones sobre proceso

Por instrucciones de su defensa legal, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se negó a dar declaraciones en torno a la situación que prevalece en la Oficina de Representación (OR) en Chihuahua.  

“Sus abogados le indicaron que no sería conveniente por continuar en proceso, por ello no dio a ningún medio entrevistas”, dijo ayer Edith Gómez, vocera del INM. 

Los abogados Rodolfo Pérez y Patricia Aldama solicitaron ante el juez federal de Control, Víctor Manlio Hernández Calderón, que la medida cautelar no fuera lesiva y que se le permitiera continuar en funciones, así como salir del país de ameritarlo su cargo, lo que el juez solo impuso como medida la firma quincenal.

Ayer se solicitó a la vocera información en torno a la situación interna que prevalece al interior de la Oficina de Representación, ya que no cuenta con un titular en Chihuahua, pues la persona al frente está como encargado de despacho y no tiene titulares en áreas estratégicas como Recursos Humanos y el área Jurídica, por motivos de incapacidad y el trámite de jubilación, según se informó.

Vía Twitter, en la cuenta oficial del INM se dio a conocer que el comisionado Garduño “da seguimiento a las tareas de organización con los equipos de trabajo de la OR de Chihuahua con el objetivo de agilizar y atender el flujo migratorio”.

En la red social se muestra al servidor público de pie frente a una garita cerrada en el puente Córdova, donde se encuentran las oficinas del INM. 

El comisionado se encuentra sujeto a proceso penal, después de que el juez federal de Control resolvió vincularlo a proceso. Este martes debe de acudir a su primera firma ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMC).

El juzgador encontró suficientes elementos de prueba para establecer la probable responsabilidad del servidor público, que percibe un salario superior a los 105 mil pesos mensuales, en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que tras el cumplimiento del plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, la Fiscalía solicitará, de no acordarse una salida alterna del proceso, el auto de apertura al juicio oral.