Violentó Garduño derechos de víctimas

Para defenderse de los cargos que enfrentó por el ejercicio indebido del servicio público, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco G. Y. y su equipo de defensores violentaron los derechos humanos de los sobrevivientes, al entrevistar a tres víctimas en el hotel donde los resguarda el instituto y frente al personal migratorio, sin que las personas contaran con un abogado y la representación consular de su país de origen.

Esto fue motivo de inconformidad por parte de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante la audiencia de vinculación a proceso contra el funcionario federal, al referir que las personas fueron revictimizadas.

Por esa razón, junto a los agentes del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron al juez federal de Control que esos testimonios fueran excluidos como datos de prueba en la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado domingo.

La defensa legal, a decir de la Fiscalía, también criminalizó a las personas en movilidad al referir que durante su permanencia en las estaciones o estancias provisionales causaban daño a las instalaciones federales, por lo que aseguraron que tenían que estar reparando los inmuebles de manera constante, esto al justificar la contratación de una empresa para conservar las instalaciones. 

La abogada sostuvo que encarcelar a las personas que entraron al país de manera ilegal es por seguridad nacional, por lo que consideró que ingresar (maniatados) a un área con enrejado era parte del procedimiento normal. 

Entre los alegatos que expuso la defensa destacaron los contratos con la empresa de seguridad privada CAMSA, celebrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que fue ajeno al instituto. La Fiscalía argumentó que el personal debió ser capacitado por el INM en las funciones a realizar, que fue parte de las omisiones cometidas por el acusado. 

La representante legal dijo que a través de Protección Federal –que en Juárez brinda seguridad al Consulado General de Estados Unidos– se está tratando de que las instalaciones federales cuenten con la vigilancia de este personal. 

Otro de los puntos que destacó la Fiscalía fue la ausencia del personal médico en la estación, al asegurar que no había doctor que realizara las revisiones médicas a los migrantes que eran confinados a la celda de la estancia provisional. 

Sobre este respecto, personal del INM refirió que si la FGR investiga se percatará que muchos reportes médicos previos al siniestro están firmados por agentes migratorios por la falta de médico, lo que podría derivar en otros delitos como usurpación de funciones. 

La defensa también refirió un contrato con Ignis Protection S. de R. L., que daba mantenimiento a 18 extinguidores para la oficina de Representación en Chihuahua, sin embargo la Fiscalía aseguró que la defensa mentía, pues esos extinguidores eran para todo el estado y no para la estancia, donde sólo había cuatro y únicamente uno funcionó. 

Durante la audiencia, que se prolongó por 10 horas, destacó el hecho de que la FGR aún tiene pendientes por ejecutar al menos tres órdenes de aprehensión y que para ello se está realizando la búsqueda de los demás implicados no sólo en Juárez, sino en otras partes. 

La Fiscalía dijo que dentro de la investigación aún falta por analizar información contenida en los equipos de cómputo de las instalaciones del INM, las cuales permanecen bajo su resguardo, se dio a conocer.