‘Fue decisión unilateral’

Ciudad Juárez— Luego de que la mañana de ayer, alrededor de 400 internos del Cefereso número 9 fueron trasladados a penales federales de Michoacán y Guanajuato, el secretario de seguridad pública estatal, Emilio García Ruiz, confirmó la desaparición del penal.

“(El traslado) fue una decisión unilateral del Gobierno federal. El penal desaparece, los internos están siendo trasladados a los demás ceferesos del país”, comentó para este medio.

Agregó que el Gobierno estatal valorará las condiciones del penal y dijo que tratarán de que se les adjudique el inmueble.

Adelantó que el penal no queda, por el momento, a su disposición  y negó que sea aprovechado para el arranque del Cereso productivo.

De acuerdo con fuentes extraoficiales la decisión del traslado fue absolutamente de la Federación, “no hubo comunicación previa y por lo tanto habrá que hacer con el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, previo análisis en el Estado, para saber qué seguirá después de esta decisión”, revelaron.

De acuerdo con la información vertida, el plan es cerrar los penales que no tienen bajo contrato con la iniciativa privada el modelo de proyecto productivo. Esto porque con los concesionados, tengan o no tengan internos, deben pagar una cantidad fija y son contratos a 10, 15 o 20 años que no pueden cancelar. Entonces la idea es ocupar penales a su máxima capacidad y deshacerse de los no concesionados.

“Ahora con esto, la Federación le pasa la factura del costo penitenciario a los estados, que ya vienen cargando con la sobrepoblación y la Federación reduce su gasto de manera significativa”, apuntaron.

El número de reos por delito federal en los Ceresos estatales es elevado (alrededor del 10 por ciento) de la población actual de los penales en todo el país, pero las políticas de operación, el mal diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y los criterios garantistas de los Jueces de Control y de Amparo son los principales obstáculos para una distribución adecuada de la población penitenciaria. 

“De esta manera ya desincorporarnos el 2 y el 3, y seguirán. Su argumento es que tenían menos del 50 por ciento de ocupación global”, dijo.