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Juárez

Exhibe El Navajo carencias de FGE

Derrota en el caso muestra falta de recursos de la dependencia, consideran

Hérika Martínez Prado
El Diario
viernes, 15 marzo 2019 | 06:00

La declinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de acusar a tres personas de los 11 feminicidios del arroyo El Navajo, a más de cinco años de su arresto, muestra las carencias en la institución, consideraron derechohumanistas y líderes sociales.

Para el abogado Santiago González, quien en 2015 participó en el llamado “juicio histórico” que logró la sentencia de 697 años contra cinco hombres por el mismo caso, la solicitud del procedimiento abreviado es resultado de la falta de recursos humanos y materiales de la Fiscalía. 


Llaman a fortalecer las instituciones policiales

Con él coincidió la coordinadora de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, Isabel Sánchez Quirarte, quien destacó la necesidad de fortalecer las instituciones policiales para combatir la impunidad.

“Fortalecidas quiere decir con más personal, con más recursos. Están trabajando, mejorando día con día, pero todavía en condiciones que no son suficientes para el tipo de ciudad que tenemos y la cantidad de habitantes; falta personal y recursos económicos, cuestiones que son esenciales para que ellos puedan hacer su trabajo”, dijo.

La FGE declinó acusar a Rafael Mena, “El Cheche”, de los delitos de homicidio agravado, asociación delictuosa y trata contra 11 víctimas y suspendió el proceso contra Esperanza Castillo Saldaña, alias “La Paty”, y Eduardo Sánchez Hermosillo, “El Flaco”, por los primeros dos delitos, ofreciéndoles sólo 10 años por la trata de cinco de las mujeres.

Hasta el año pasado el caso del arroyo El Navajo estaba a cargo tres ministerios públicos y tres policías de investigación, pero en diciembre se asignó otro policía de investigación y el lunes pasado se les informó que ya eran seis los agentes del Ministerio Público.

Sin embargo las madres y activistas que las apoyan en el caso le pidieron al gobernador Javier Corral Jurado tres agentes y cinco policías investigadores más.

Una petición muy específica de las madres y activistas fue que se integrara personal con perfil para la investigación.

Las mujeres son Brenda Berenice Castillo García, María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce, quienes desaparecieron entre 2009 y 2010 en Ciudad Juárez y parte de sus restos fueron encontrados en 2012 en el Valle de Juárez.

Y aunque las mamás estuvieron de acuerdo en el ofrecimiento del procedimiento abreviado, revivir cómo mataron a sus hijas “fue algo muy revictimizante para ellas”, dijo Verónica Altamirano, abogada de la Red Mesa de Mujeres y coadyuvante del caso.

Durante dos días, tres de las 11 madres volvieron a escuchar lo que sucedió con sus hijas, pero ayer decidieron que ya no acudirían más, hasta que concluyera el juicio.

“Como representantes de las mamás la postura es que se les garanticen sus derechos de justicia y conocer la verdad de los hechos, que las madres sepan, conozcan qué pasó con sus hijas y que no se violenten sus derechos”, destacó Altamirano.

Dijo que a las madres se les explicó lo que significaría el procedimiento abreviado, los alcances de la institución y sus derechos y ellas estuvieron de acuerdo, porque lo que quieren es conocer la verdad de lo que pasó con sus hijas.

El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Castro, destacó que no sólo se revictimizó a las madres al acusar a alguien sin pruebas, sino que también se violaron los derechos de las tres personas que fueron detenidas en 2013 al estigmatizarlas como feminicidas.

“El abogado defensor debe hacer un extrañamiento a la misma Fiscalía a ver qué es lo que estaban haciendo, qué pruebas aportaron; y el abogado de las madres ver que a las víctimas no las revictimice, porque les llevaron mal el proceso”, dijo. “Porque si el Ministerio Público no hubiera tenido pruebas, ¿para qué acusa?, no hay que acusar por acusar”.

Agregó: “Se presentan muchos casos donde acusan y después no prueban y ahí el acusado se vuelve víctima también, esa es la otra cara de la moneda, y él (Rafael Mena) se vuelve víctima porque estuvo cinco años encerrado y resulta que no es culpable, eso daña la imagen de esas personas, se violan sus derechos humanos muchas veces de por vida”.

Subrayó que del lado de las víctimas, las madres, el abogado defensor tiene que investigar si existe alguna anomalía.

“Los dos ya se convierten en víctimas, porque uno estuvo que lo acusaron y resulta que no, que no lo aprobaron y las mamás porque tenían muchas circunstancias, testigos y más y resulta que no encontraron todas las cuestiones para inculparlos”, señaló Castro. (Hérika Martínez Prado / El Diario)


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