ESPECIAL: 'Todo está peor’, a un año del 27M

Cuestionan a federación por su política migratoria

Ciudad Juárez.- A un año del incendio ocurrido en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, las víctimas continúan sin justicia ni reparación del daño, mientras que las políticas migratorias en México han retrocedido, convirtiendo al país en un viacrucis para quienes buscan llegar a Estados Unidos, denunciaron activistas y personas en situación de movilidad.

La noche del 27 de marzo de 2023 se vivió en esta frontera uno de los peores crímenes de Estado en contra de la población migrante, cuando el personal a cargo de la estación ubicada en el puerto fronterizo Lerdo decidió no abrir los candados para salvar las vidas de los 67 hombres que se encontraban detenidos, provocando que 40 de ellos perdieran la vida y 27 más sufrieran lesiones.

Lo ocurrido en Juárez fue por una “irreversible política disfuncional” de un Gobierno mexicano que ha privilegiado la política de contención y detención de personas en contexto de movilidad, incluso sin un registro de detenidos en las estaciones del país, señala el ‘Informe especial sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular 2024’ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, ni el incendio en el que también sobrevivieron 15 mujeres, ni las recomendaciones y los señalamientos nacionales e internacionales logaron cambiar las políticas que, de acuerdo con activistas y extranjeros, no permiten una migración ni ordenada ni segura ni regular.  

En México y en Ciudad Juárez “nada ha cambiado, al contrario, ha retrocedido (…) hace un año de que pasó y lamentablemente no hemos mejorado en nada, hemos ido retrocediendo en los procedimientos y en las violaciones a los derechos de los migrantes. Todos tenemos el derecho a migrar, todos tenemos el derecho de poder continuar con nuestra vida en diferente lugar, en donde nosotros lo decidamos. Pero ellos (los migrantes) han sido violentados en sus derechos, golpeados, robados por las mismas personas de Migración, ¿cómo es posible que pase esto?”, denunció Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante en Juárez. 

La trabajadora social lamentó que las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes federales provoquen que las personas desconfíen del apoyo que se ofrece en los albergues. 

Y es que tras los acuerdos con Estados Unidos, el Gobierno mexicano los sigue deteniendo en retenes, en los que los afectados han denunciado públicamente que son golpeados y algunas veces extorsionados con cantidades de hasta 2 mil pesos por persona a cambio de dejarlos en libertad y no devolverlos al sur del país.

‘Cruzar México es una pesadilla’

“¿Por qué Migración tiene que agarrar a uno en el bus y decirle: bájate, dame 2 mil pesos por cabeza y si quieres sigue tu camino?, ¿por qué Migración tiene que estar estafándonos a nosotros que somos inmigrantes? Nos retienen dos, tres días y hasta que no les demos mil, 2 mil pesos por cabeza no nos dejan avanzar. Y es en todas las Migraciones, no es en uno, dos, tres puestos, es en todos los puestos”, denunció el venezolano Ángel Daniel Godoy, de 29 años, hace unos días al llegar a Ciudad Juárez. 

Después de dos meses y medio de migrar desde su país, quedarse en México a esperar una cita para ingresar a Estados Unidos de manera regular a través de la aplicación móvil CBP One no era una opción para quien lo único que quería era ponerse a salvo de las autoridades mexicanas. 

Denunció que tras los acuerdos con el Gobierno de Joe Biden para disminuir la migración, México se ha convertido en el muro de Estados Unidos y en un viacrucis de frontera a frontera. 

“Cruzar México es lo más difícil de la travesía. Eso es lo peor, yo prefiero pasar la selva dos, tres, cuatro, cinco veces, la selva panameña y la selva colombiana; prefiero pasarla las veces que sea antes de volver a cometer esta locura de pasar por aquí (por México). Ya después que esto empieza, desde Tapachula pa’cá, todos los pecados que ha cometido toda la vida, los pecados de su familia, los pecados de todo el mundo los paga uno aquí. Esto es difícil de pasar, un mente débil se vuelve loco aquí”, externó Ángel Daniel. 

Los policías municipales en México también los revisan y les quitan el dinero que traen, “y si tú reclamas algo te amedrentan a golpes, te amenazan y todo. Aquí está difícil la cosa”, denunció, al igual que lo han hecho diversos migrantes que han sido asaltados por los agentes preventivos locales en el bordo del río Bravo o cuando caminan en el Centro de la ciudad para ir a trabajar o para regresar al lugar en donde viven.  

“Les recomiendo a los paisanos, a los migrantes que quieran venir, que estén preparados, que estén preparados solamente para México, que la selva no es nada… que estén preparados pa’lo que empiece de Tapachula pa’cá, que ahí es donde van a ver la pesadilla”, dijo el venezolano. 

Vejaciones y violaciones

Diosemar Vergara, de 32 años, también huyó del Gobierno de Nicolás Maduro y un sueldo de 20 dólares a la semana, para ir en busca de una mejor vida, pero al llegar a México se encontró con “una travesía demasiado fuerte, inhumana, algo inhumano. Nos roban, nos violan”. 

Rosmary Cordero, de 22 años de edad, mostró el rostro golpeado de su hija Rosangela Valentina, de 2 años, mientras que su hijo, Jonás de 4 años, relató que a su hermana “le golpearon la cara. Nos estaban agarrando la camisa pa’meternos y ahí (la golpearon)”.

“Nos bajaron del tren y nos empezaron a carrerear. Cuando nos bajamos, a ella la cargaba un amigo, un muchacho, y el de Migración se le fue encima, lo agarró y se cayeron los dos, entre el forcejeo la niña cayó en el piso y empezaron a patalear y el de Migración me le pisó a la niña. Cuando me iban a llevar supuestamente a un refugio me dijo: haz lo que tú quieras. Me soltaron porque ellos sabían que eso era un delito, porque mi hija tenía eso acá”, denunció Rosmary. 

Después de lo que vivieron en su camino a Ciudad Juárez, la madre y sus dos hijos tuvieron que caminar tres horas, de 7:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, por el desierto de Samalayuca, para poder esquivar el retén militar de Precos, en donde se encuentran los agentes del INM, relató antes de cruzar apresurada el río Bravo/Grande antes de que llegaran los agentes mexicanos.

Nuevos riesgos

Con el objetivo de disminuir el flujo hacia Estados Unidos, el 18 de septiembre del año pasado el INM y Ferrocarril Mexicano (Ferromex) acordaron impedir que los migrantes continuaran utilizando los trenes de carga para llegar hasta la frontera, sin venderles tampoco boletos de autobús. 

El sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Juárez, señaló que los acuerdos con Ferromex los pusieron en nuevos riesgos, ya que miles han tenido que pasar días en el desierto de Chihuahua sin comida o enfermos, algunos de los cuales han tenido que caminar sobre las carreteras, expuestos a los vehículos y la violencia. 

“Los primeros días posteriores al 27 de marzo del año pasado hubo un esfuerzo grande por los tres niveles de gobierno, por algunas organizaciones civiles, organizaciones internacionales, en el cual intentamos buscar alguna ruta que ayudara la situación migratoria, para que no se volviera a repetir… pero pasan algunos meses y se deja esto a un lado. A partir de ahí pareciera que hubo un olvido por parte de algunos actores de lo vivido, y en lugar de asegurar una migración que fuera digna, que fuera segura y que ayudara a las personas al tránsito, pues se empezaron a generar ciertas cuestiones que adolecieron más la migración”, lamentó.

Dijo que la política de contención con acuerdos como el que se hizo para evitar que los migrantes viajen en los trenes de carga y las acciones de los agentes del INM en los retenes, en donde incluso les destruyen sus documentos migratorios, muestran un olvido de las autoridades de lo que ocurrió hace un año. 

“Pareciera que ya hubo un olvido y ya pasó y entonces ya no tenemos que buscar una ruta segura para migrar, sino cada quien otra vez rásquese con sus uñas”, externó el sacerdote. 

A través de un comunicado de prensa, más de 78 organizaciones, redes de albergues, investigadores y activistas locales, nacionales e internacionales denunciaron también que “a la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, Francisco Garduño, comisionado del INM, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”.

El documento denuncia que las principales instancias involucradas en los procesos de reparación del daño y acceso a la justicia: el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF), las cuales han sido omisas e indolentes con todas las personas afectadas, llegando incluso a no reconocer a algunas de ellas como víctimas a pesar de las diversas afectaciones que enfrentan después de la tragedia.

Además de exigir verdad, justicia y reparación para que no vuelva a ocurrir una tragedia pidieron al Estado mexicano una migración libre de violencia y a la CEAV garantizar evaluaciones individuales para cada una de las víctimas y las familias de los fallecidos. 

También le exigieron al INM terminar con las detenciones arbitrarias, ya que en México migrar no es un delito, sino una falta administrativa. 

Sin agua y sin comida

Cleves, un ecuatoriano de 31 años de edad, denunció a El Diario que la semana pasada fue detenido en el retén militar de Precos, en donde un grupo de personas fue trasladado a la estación del INM de Janos, en donde recibieron malos tratos y pasaron horas sin comer. 

“Migración y la Guardia Nacional nos llevaron para Janos y ahí nos tuvieron sin comida, sin agua, sin nada. La salvación fue que un chamo metió el teléfono y los comenzamos a grabar y ahí la Guardia Nacional se asustó y nos bajaron por Delicias, Chihuahua, por allá. Nos robaron los teléfonos, nos robaron la plata, nos robaron todo”, relató. 

Dijo que “sin agua y sin comida la gente se puso loca en el bus” cuando eran trasladados después de haber permanecido detenidos tres días en Janos, con un grupo de mujeres que ya tenían cuatro días retenidas. 

‘Migrar no es un delito’

“Las distintas organizaciones, desde el sur de México hasta acá, seguimos percibiendo, recibiendo testimonios de detenciones arbitrarias, de fuerzas de seguridad pública”, señaló Blanca Navarrete, directora de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA). 

La activista local también alertó el riesgo que existiría al instalar la nueva estación migratoria en el desierto de Juárez, como se pretende, sin la capacidad para responder ante una situación de emergencia porque no hay un hospital cerca ni una estación de bomberos. 

El director de la Casa del Migrante denunció igualmente que “este punto tiene que revisarse de nuevo muy bien, no creemos que sea lo mejor, definitivamente por lo ya vivido. Y se podría decir: no, pues es que no se va a volver a repetir. Pero tenemos que estar siempre prevenidos, ya sucedió una vez, entonces tenemos que hacer que la estructura nos dé para que no se vuelva a repetir nunca jamás. Y estar con todos los medios necesarios a la mano. Y buscar espacios cercanos, que sean dignos, y que no sean cárceles, porque no son delincuentes, migrar no es un delito”. 

El sacerdote recordó que la migración tiene que ser ordenada y segura, por lo que no pueden ser tratados como delincuentes cuando lo único que buscan es una mejor vida para sus familias. Y aunque un año después el INM anunció que sus estaciones serán de puertas abiertas, la lejanía de la estación será un riesgo. 

El informe de la CNDH indica que las instalaciones migratorias deben estar ubicadas en lugares comunicados, en donde tengan acceso a bienes y servicios, entendiendo que las personas migrantes buscan integrarse a la sociedad y mejorar su calidad de vida, así como que las personas presentadas en los recintos migratorios puedan hacer las llamadas telefónicas que deseen, tengan acceso a sus teléfonos celulares e Internet.

También deberán brindar agua y alimentos suficientes y de calidad, respetando las diversidades culturales, sin permanecer más de 36 horas en ellas, como ocurrió con decenas de las víctimas de hace un año en esta frontera y como según las personas migrantes sigue ocurriendo en Janos.

Se busca un modelo migratorio basado en que “la migración irregular no es un delito y establezca, para toda la gobernanza migratoria, el principio de no criminalización, el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica, la garantía de los derechos a la salud, a la justicia, al trato digno, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho a solicitar asilo político, considerando el principio de no devolución, el derecho a la vida y a la paz”, indica el documento de Derechos Humanos. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

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