Diario
Juárez
viernes, 13 diciembre 2019 | 11:25
Ciudad Juárez— Ciudad Juárez es el segundo municipio con más homicidios en el país durante el presente año, con mil 72 víctimas, establece el diagnóstico de seguridad de las entidades federativas elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta frontera sólo es superada por Tijuana, que reporta mil 690 crímenes.
El informe fue elaborado con los datos mensuales aportados por las fiscalías estatales de enero a octubre del 2019 e indica que en México fueron asesinadas 28 mil 741 personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos.
Si bien la violencia impacta a todos los estados, la crisis de inseguridad afecta principalmente a estas dos fronteras y al municipio de Acapulco, Guerrero, que reporta 492 víctimas. Entre las tres ciudades acumulan 3 mil 254 asesinatos en 10 meses, es decir, el 13 por ciento de las víctimas de todo el país.
El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, mostró ayer sus propias estadísticas que tienen una ligera diferencia al alza, ya que de enero a octubre del año en curso el Ministerio Público inició aquí mil 84 carpetas de investigación por homicidios dolosos, mientras que Tijuana abrió mil 701 indagatorias por ese mismo delito.
“Es difícil comparar Ciudad Juárez con otras ciudades fronterizas; Tijuana y Juárez creo son las únicas fronteras con más de un millón de habitantes. Por eso es que se recurre a la tasa por cada 100 mil habitantes”, precisó Peniche al ser cuestionado en torno a las fallas en las estrategias de seguridad ante las cifras mortales que presenta la SSPS.
“En Juárez no hay fallas en las estrategias de seguridad, lo que hay son múltiples causas que incentivan la ilegalidad y la posibilidad de la comisión de delitos”, aseguró.
Dijo que el contrabando, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas y drogas, los vehículos irregulares y la evasión fiscal son algunos de los factores característicos de las fronteras, aunado al caso de Juárez donde hay una dispersión territorial y un crecimiento en el consumo de drogas.
Policía, poca y mal pagada
México presenta una gran disparidad en cuanto a los salarios de los policías estatales de escala básica. Por ejemplo, en Tabasco los agentes ganan mensualmente 6 mil 330 pesos mensuales, mientras que en San Luis Potosí el salario por mes es de 21 mil 90 pesos.
En Chihuahua la FGE paga al policía estatal 17 mil 550 pesos al mes, un sueldo por encima de la media nacional de 13 mil 188 pesos mensuales.
Según el diagnóstico nacional, Chihuahua –que ocupa el quinto lugar en la comisión del delito de homicidio doloso– cuenta con .53 policías por cada mil habitantes. De los estatales existentes, sólo el 34.1 por ciento está certificado.
El déficit de policías es un problema grave, ya que si bien 14 estados están por arriba de la media nacional de .90 policías por cada 100 mil habitantes, Chihuahua cuenta con 11.1 por ciento de estatales menos que el 2018.
Sin precisar datos del número real de oficiales, el diagnóstico también muestra policías estatales poco confiables. Chihuahua reportó que sólo el 34.1 por ciento del personal operativo está dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) con Certificado Único Policial (CUP), que incluye la evaluación de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial.
Esta falta de personal certificado impacta negativamente en la investigación y persecución del delito.
El fiscal general dijo que de conformidad con los estándares previstos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la proporción de policías en la mayor parte de los estados y de los municipios resulta inferior a ese parámetro.
“En efecto, esto afecta las tareas de seguridad pública y repercute en la incidencia delictiva”, Peniche Espejel.
Explicó que la causa por la que estados y municipios no alcanzan ese estándar de más policías es multifactorial, como los bajos salarios, escasas o nulas prestaciones, la falta de un proyecto de vida para el policía, el riesgo inherente y los controles de confianza, entre otros.
“La raíz de todos estos factores es la inequitativa distribución de los recursos fiscales, donde la Federación acapara el presupuesto y paga en sus estructuras altos salarios (el Poder Judicial Federal, como ejemplo) y a los estados y municipios les entrega apenas para poder pagar necesidades básicas”, aseguró.
Peniche Espejel dijo que esta inequidad ha creado un desequilibrio que ha hecho crisis en los últimos años con el crecimiento de los índices delictivos.
“Y que se acentúa en zonas como la frontera, donde los problemas endémicos superan las condiciones de otras regiones. En Juárez no hay fallas en las estrategias de seguridad, lo que hay son múltiples causas que incentivan la ilegalidad y la posibilidad de la comisión de delitos”, refirió.
Entre esa gama de delitos enlistó aquellos que deben ser investigados por el Ministerio Público federal como el contrabando, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas y drogas, los vehículos irregulares y la evasión fiscal, que son algunos de los factores característicos de las fronteras.
“Indudablemente se requiere mayor inversión en seguridad pero el esfuerzo que realizan los tres niveles de gobierno ha permitido contener el crecimiento del homicidio doloso. En los demás géneros delictivos Juárez presenta mejores condiciones que muchos municipios, lo que es difícil percibir mientras el homicidio doloso asociado al consumo y tráfico de drogas persista”, dijo.
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