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Internacional
jueves, 02 mayo 2019 | 17:07
El Gobierno español señaló en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Al dar un mensaje frente a los medios ante la Embajada en Caracas, donde permanece desde el martes con su familia, López rechazó pedir asilo político.
"En estos momentos yo estoy en condición de huésped (...) y en esa condición me voy a mantener", afirmó.
López recordó que permaneció tres años en la cárcel de Ramo Verde, luego de entregarse a las autoridades el 18 de febrero de 2014.
"Yo no regresaría a la cárcel, porque es un infierno, pero no le tengo miedo ni a la cárcel ni a Maduro", afirmó.
Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia difundió una decisión de una Corte de Caracas que ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detener a López, quien está acusado de violar la medida que le prohibía hacer pronunciamientos políticos ante los medios y el arresto domiciliario que tenía desde hace dos años tras ser condenado a casi 14 años de cárcel por dirigir protestas callejeras en 2014.
En tanto, López señaló que continúa el empuje para intentar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.
Al ser cuestionado por periodistas sobre el éxito del intento de levantamiento del martes, justificó que se trató de un primer paso.
"Estamos en la fase del cese a la usurpación de la Operación Libertad", aseguró López. "El quiebre ha comenzado".
"Por más de 3 semanas me reuní en mi casa con generales y comandantes, y nos comprometimos al cese de la usurpación", aseguró.
Su esposa Lilian Tintori había informado horas antes que la vivienda de la pareja, ubicada en una exclusiva urbanización del este de Caracas, fue allanada por miembros del SEBIN.
Además, el máximo tribunal anunció en un comunicado la apertura de un proceso contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Edgar Zambrano, por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública.
En la decisión se señala que Zambrano, quien acompañó a Guaidó durante el alzamiento militar, habría incurrido en la comisión flagrante de delitos comunes.
En la sentencia se ordena a la Fiscalía General que continúe la tramitación de la causa penal y se remite el caso a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente para que determine las acciones.
El mes pasado la Constituyente retiró la inmunidad a Guaidó, quien es jefe del Congreso, y autorizó su enjuiciamiento por desacatar una orden del máximo tribunal que le prohibía salir del país.