Presidente Lasso se defiende en la Asamblea durante juicio político

Quito.- El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aseguró hoy que no hay pruebas de presunta corrupción en una empresa estatal al defenderse de la acusación de los legisladores durante una audiencia del juicio político en su contra que se lleva a cabo en la Asamblea.

El mandatario afirmó que durante su gobierno la compañía Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, pero advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justica lo sentencie con la pena más dura”.

A su vez destacó que FLOPEC perdía seis millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha declarado ganancias por 180 millones de dólares.

“Lo único que hay son informaciones que evidencian mi total, evidente e incuestionable inocencia”, dijo Lasso. Agregó que en el juicio político se ha violado el debido proceso porque los acusadores advirtieron que, por no tratarse de una investigación penal, no deben probar el delito que presuntamente se cometió.

Lasso habló durante casi 50 minutos tras las acusaciones pronunciadas por los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano, que confirman una mayoría opositora en la Asamblea.

Según los acusadores el contrato de FLOPEC con la compañía Amazonas Tanker habría causado un perjuicio al Estado de seis millones de dólares.

En la réplica, Torres manifestó que en el banquillo de los acusados en la Asamblea está la corrupción en las empresas públicas, “no está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la constitución, ni la estabilidad política, no se trate aquí de confundir con falacias... no existe golpe, existe juicio político”.

Veloz reiteró la acusación de que Lasso, a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, no impidió que se prorrogue, con lo cual el perjuicio en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad, reiteró.

El mandatario no se presentó en el recinto parlamentario para presentar una contrarréplica, por lo cual empezó de inmediato el debate en el pleno, en el cual cada uno de los 137 asambleístas podrá hacer uso de 10 minutos para exponer su criterio.

Veloz inicialmente exhibió videos y documentos a los que calificó de pruebas “irrefutables” de las presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker en las tarifas de flete y sostuvo que eso prueba la responsabilidad política de Lasso quien, afirmó, aún a sabiendas de la corrupción consintió, organizó y fue “parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en FLOPEC”.

“Se le acabó el tiempo presidente”, dijo antes de presentar formalmente la moción de censura y destitución en la que lo acusó del delito de peculado y que será sometida a votación del pleno más adelante.

Torres, por su parte, había argumentado que el proceso político en la Asamblea no busca una reparación económica sino sancionar a un servidor público que no ha cumplido debidamente su función.

“Quiero ser muy claro con el país que no se le está acusando al presidente Lasso de haberse apropiado de dinero público en provecho propio” sino de no haber impedido el contrato que le causó un perjuicio al Estado, agregó.

Lasso señaló que respeta el rol fiscalizador de la Asamblea pero acusó a la oposición de haber abandonado su tarea legislativa. "Ustedes ahora son anti-legisladores de la república porque no crean leyes sino que las destruyen, no afianzan normas sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan”.

La suerte del juicio político estaría echada, aseguró a The Associated Press Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. “Los votos están decididos”, dijo en alusión a que la oposición no contaría con el respaldo de 92 legisladores requerido para censurar al mandatario.

Pachano reconoció que si bien Lasso llega “muy debilitado”, el Legislativo “tiene más desprestigio”, lo que hace que sea “muy factible" la disolución de la Asamblea, una atribución del presidente contemplada en la constitución.

Ese recurso permite al mandatario disolver la Asamblea por una vez y convocar a elecciones anticipadas y es una figura que el propio Lasso y sus voceros no han descartado.

Cientos de simpatizantes de la oposición y del gobierno se congregaron en los alrededores de la Asamblea en apoyo a cada bando con pancartas y banderas, custodiados por un fuerte contingente policial. No se produjeron incidentes.

La analista y catedrática universitaria Andrea Endara coincidió con Pachano en que la posibilidad de disolver el Legislativo -llamada popularmente “muerte cruzada”- condicionaría el voto a favor del gobernante. Sin embargo, discrepó con su colega sobre el resultado final del proceso. “Los votos pueden cambiar hasta el último segundo”, dijo la analista a AP y enfatizó que “en política todo es posible”. Para Endara todos los acuerdos que se generen “pueden ser rotos en el último segundo”.

El forcejeo político se tradujo en las calles en incertidumbre.

Rodrigo Garcés, un comerciante de repuestos de vehículos de 53 años, rechazó una eventual destitución del presidente. Consultado por AP dijo que “la Asamblea no sirve para nada” y que la inestabilidad que genera “perjudica a todos”. Reiteró que “las actividades económicas han bajado, no hay circulante y es cada vez más difícil que la gente cumpla con sus obligaciones”.

Para Luisa Coba, una jubilada de 73 años, la salida de Lasso, en cambio, traería mejores días. La mujer se mostró a favor de su censura “porque no ha hecho nada”, mientras aumenta la pobreza “y no hay medicinas en los hospitales y por la inseguridad”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado que el juicio político contra Lasso ofrezca “todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.

Lasso, un exbanquero de derecha 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 y es el primer presidente en ser sometido a un juicio político en Ecuador. En 2022 superó un primer intento de la Asamblea por censurarlo por conmoción interna tras una movilización indígena que paralizó al país por varias semanas.