Surge una herramienta volátil en la batalla por el aborto: las constituciones estatales

Nueva York.- Cuando la Corte Suprema anuló la Roe v. Wade y el derecho constitucional al aborto en junio, declaró que estaba devolviendo el tema al “pueblo y sus representantes electos”. Pero la lucha se ha trasladado en gran medida a un conjunto diferente de tribunales supremos y constituciones: los de los estados.

En un solo día de este mes, el tribunal supremo de Carolina del Sur dictó su fallo de que el derecho a la privacidad en la Constitución estatal incluye el derecho al aborto, una decisión que anuló la prohibición del aborto de seis semanas en el estado. En cuestión de horas, el tribunal supremo de Idaho falló en la dirección opuesta, diciendo que la Constitución del estado no protegía el derecho al aborto; la prohibición allí se mantendría.

Esas decisiones divergentes mostraron cuán volátil y fragmentada será la lucha por el derecho al aborto en los próximos meses, a medida que los defensores y opositores del derecho al aborto presionan y derriban las constituciones estatales.

Para los grupos defensores del aborto, las constituciones estatales son una parte fundamental de una estrategia para anular las prohibiciones que han cortado el acceso al aborto en una amplia franja del país. Esos documentos brindan enumeraciones de derechos mucho más largas y generosas que la Constitución de los Estados Unidos, y la historia está llena de ejemplos de tribunales estatales que los usaron para marcar el camino para establecer derechos amplios, así como para derogar las restricciones al aborto. Ofrecen una forma de evitar las legislaturas estatales manipuladas que están impulsando leyes más estrictas.

La decisión de la Corte Suprema ha dejado a los grupos defensores del derecho al aborto con pocas opciones. En su escenario más esperanzador, los tribunales estatales y las iniciativas electorales para establecer protecciones constitucionales establecerían una garantía más firme para el derecho al aborto que la de Roe, que se basaba en una protección de la privacidad que no estaba explícita en la Constitución de Estados Unidos.