Estados Unidos

Denuncian jueces de inmigración de EU pérdida de autonomía

El gobierno de Trump exige a cada juez resolver 700 casos al año

Reforma

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lunes, 27 enero 2020 | 08:43

Ciudad de México.- Los jueces de inmigración de Estados Unidos denuncian una pérdida de autonomía en su trabajo bajo la administración del presidente Donald Trump y como consecuencia temen que se violen los derechos humanos de los migrantes.

"Esta Administración ha decidido presionar a los jueces de una manera que no habíamos visto en el pasado, ha decidido que cada juez deba cumplir con 700 casos cada año, y si no lo hacemos corremos el riesgo (...de incluso) perder nuestro puesto", sostuvo en entrevista Dana Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

"Tenemos el temor de que ese requisito pueda influir en una persona de manera inapropiada para no darle suficiente tiempo de prepararse antes de su audiencia, por eso nuestro sindicato se ha opuesto a estos cambios y el Gobierno está enojado con eso y ha intentando destruir el sindicato".

Mientras el Gobierno de Barack Obama se focalizaba en los indocumentados con antecedentes penales, el actual Ejecutivo ha mandado a las Cortes a cualquier persona que se encuentre de manera ilegal en el país, aún sin historial criminal, con lo que el número de casos que tiene que resolver cada juez se ha incrementado considerablemente.

Marks cuenta que, cuando inició como jueza, en la década de los 80, en la Corte de Inmigración de San Francisco, California, donde actualmente sigue laborando, el tiempo de espera para oír cada caso era de 18 meses, mientras que ahora se ha incrementado, en algunos casos, hasta los 4 años.

Además, en ese tiempo, según señala, tenía asignados 800 casos, y ahora tiene más de 3 mil 500, e incluso, hay quienes tienen más de 6 mil.

Además de la cuota de desempeño, el Departamento de Justicia emitió una nueva regla para poder intervenir un fallo si las apelaciones no se concretan en un plazo determinado.

"Sentimos que estamos sujetos a un nivel de supervisión que es inapropiado, como jueces tenemos que ser independientes, y no decidir nuestros casos con el sentido de que políticamente alguien dice que hay demasiada gente extranjera en nuestro país", sostuvo Marks.

El trabajo de los jueces, explica, está en averiguar si una persona no es un ciudadano de Estados Unidos, y si no lo es, asegurar si esa persona tiene algún tipo de "recurso" que puedan solicitar para quedarse en el país, o si tiene algún tipo de "perdón" para su estatus ilegal, y esa última parte, enfatiza, es lo que les toma mucho tiempo en las audiencias.

De acuerdo con estadísticas de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, en la actualidad hay más de un millón de estos casos pendientes, y 465 jueces para atenderlos, con lo que el sindicato no sólo ha exigido más recursos financieros y humanos, sino un cambio en el sistema.

"Estamos ubicados en un Departamento (de Justicia) que tiene como su primer carga impulsar la ley y eso de alguna manera tiene un conflicto con lo que una Corte tiene que hacer, nosotros tenemos que decidir casos imparcialmente y sin presión", destaca.

"Por eso, hemos luchado por un cambio de la estructura de nuestra Corte para sacarnos fuera del Departamento de Justicia y ponernos en una rama del Gobierno que nos proteja de las influencias políticas, pero eso requeriría una acción de nuestro Congreso y es muy difícil hacerlo".

Mientras tanto, Marks sostiene que, si el Gobierno quiere que los casos se resuelvan con mayor rapidez, debe aumentar el número de jueces, así como de abogados y secretarios que lleven la administración de las Cortes, y no centrarse en reducir el tiempo que cada magistrado tiene para tomar decisiones y escuchar los casos.

"La solución debe ser en dos caminos: (el Gobierno) debe aumentar el número de jueces y los recursos para las Cortes, pero también es cierto que debe tener una decisión política sobre cuántas personas van a poner frente a los tribunales, o si hay alguna manera de arreglar ese problema fuera de las Cortes (como una amnistía)".