Afecta a escuelas resistencia estatal a normas sobre igualdad de sexos

Nueva York.- La nueva normativa sobre derechos civiles publicada el mes pasado por la administración Biden planteaba a los distritos escolares de todo el país una clara disyuntiva: O adoptan políticas que permitan a los alumnos transexuales utilizar los baños, llevar los uniformes y ser llamados por los pronombres que se correspondan con su identidad de género, o se arriesgan a perder la financiación federal.

Pero varios estados dirigidos por republicanos han respondido con un mensaje igualmente claro para sus escuelas: Evitar este tipo de políticas.

Las directivas estatales y federales en conflicto han puesto a las autoridades escolares en una situación difícil, según los funcionarios de educación. Los consejos escolares pueden enfrentarse a investigaciones federales, litigios de los padres, amenazas de absorción estatal o pérdida de fondos.

"No importa el camino que tome un distrito escolar, es posible que reciba una demanda de alguien en desacuerdo, ya sea un regulador federal o una persona privada que no está de acuerdo con la forma en que el distrito lo manejó", dijo Sonja Trainor, directora gerente de derecho escolar de la Asociación Nacional de Juntas Escolares. "Muchas escuelas se van a quedar en tierra de nadie".

La disputa se centra en el Título IX, la ley de 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben financiación federal. La nueva normativa de la administración Biden interpreta que la "discriminación por razón de sexo" incluye la discriminación por estereotipos sexuales e identidad de género. La normativa no aborda si los alumnos transexuales deben poder jugar en los equipos deportivos escolares que correspondan a su identidad de género. Se espera una segunda norma sobre esa cuestión más adelante.

"Esta normativa deja muy claro que todo el mundo puede acceder a escuelas seguras, acogedoras y que respeten sus derechos", declaró a la prensa Miguel A. Cardona, Secretario de Educación, cuando se anunció la nueva normativa en abril.

Pero en cuatro demandas separadas, presentadas ante tribunales federales de Alabama, Luisiana, Texas y Kentucky, los fiscales generales de más de una docena de estados están intentando impedir que la normativa entre en vigor en agosto, como estaba previsto.

Y los abogados de Alliance Defending Freedom, una organización jurídica cristiana conservadora, han presentado un recurso en nombre del Consejo Escolar de la parroquia de Rapides, en Luisiana.

"No nos gustaría ponernos en una situación en la que el gobierno federal nos quitara la financiación porque seguimos el propósito original del Título IX", dijo Jeff Powell, el superintendente del distrito, en un comunicado. "Queremos que los estudiantes de nuestro distrito tengan privacidad y seguridad cuando accedan a instalaciones específicas para su sexo". 

La mayoría de los distritos escolares del país reciben fondos federales para programas de educación especial, y las escuelas que atienden a altas concentraciones de familias con bajos ingresos reciben ayudas federales. Pero obtienen muchos más fondos de los gobiernos estatales y, en algunos casos, de los impuestos locales sobre la propiedad. La mayoría de los consejos escolares responden directamente ante sus estados.

"Las escuelas intentan garantizar la seguridad de los niños y su acceso a los servicios educativos", afirma Francisco M. Negron Jr. fundador de K12 Counsel, una firma de defensa y política del derecho escolar. "Cuando hay incoherencia en la ley, es inquietante y distrae".

Varios estados liderados por republicanos han aprobado leyes que prohíben a los estudiantes transgénero utilizar los baños y vestuarios escolares que coincidan con su identidad de género. El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó el mes pasado un proyecto de ley que prohíbe a los profesores referirse a un alumno por un nombre o pronombre que no coincida con su sexo de nacimiento sin el consentimiento de los padres.

Funcionarios de educación de al menos cinco estados -Oklahoma, Florida, Luisiana, Montana y Carolina del Sur- han instado a los consejos escolares a mantener políticas que "reconozcan la distinción entre sexo e identidad de género", como Elsie Arntzen, superintendente de instrucción pública de Montana, expresó en su carta a los líderes escolares del estado.

Por ahora, la nueva normativa federal prevalece sobre cualquier ley estatal o directiva de un funcionario estatal sobre la cuestión. Pero uno o varios jueces federales, según los expertos jurídicos, podrían dictar una orden que impidiera la entrada en vigor de la normativa a nivel local o nacional mientras las demandas se abren camino en los tribunales. Y la cuestión podría llegar en última instancia al Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a pronunciarse sobre cómo debe interpretarse el Título IX en relación con la identidad de género.

La nueva normativa se basa en parte en la interpretación del gobierno de Biden del caso Bostock contra el condado de Clayton, que marcó un hito en 2020 y en el que el Tribunal Supremo dictaminó que la discriminación basada en la transexualidad implica necesariamente un trato diferente a las personas por razón de su sexo.

Pero en las demandas, los estados liderados por los republicanos argumentan que el Departamento de Educación se extralimitó en sus funciones al emitir normativas que amplían la definición de lo que constituye discriminación por razón de sexo. Señalan que la decisión Bostock se refería a la discriminación en el lugar de trabajo, y que el Título IX incluye excepciones específicas para separar los sexos en determinadas situaciones educativas, como los equipos deportivos. Eso demuestra, argumentan, que el Título IX tenía por objeto reconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, no abordar la identidad de género.

Y algunos gobernadores republicanos no están esperando a que actúen los tribunales.

"Doy instrucciones a la Agencia de Educación de Texas para que haga caso omiso de su dictado ilegal", escribió el gobernador Greg Abbott en una carta dirigida al presidente Biden esta semana.

Por su parte, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó el jueves una orden ejecutiva por la que las escuelas de su estado seguirán aplicando las restricciones sobre los baños y los pronombres que pueden utilizar los alumnos transexuales.

"Mi mensaje a Joe Biden y al gobierno federal", dijo la Sra. Sanders en una conferencia de prensa, "es que no vamos a cumplir".