Acusan décadas de abuso sexual infantil en centros de detención

Chicago.- El abuso sexual infantil en los centros de detención juvenil de Illinois fue generalizado y sistémico durante décadas, según los inquietantes relatos de una demanda presentada este lunes por 95 hombres y mujeres alojados en los centros juveniles cuando eran niños.

La demanda detalla presuntos incidentes de abuso desde 1996 hasta 2017, incluyendo violación en grupo, sexo oral forzado, palizas y manoseos a niños por parte de funcionarios de prisiones, sargentos, enfermeras, terapeutas, un capellán y otros en nueve centros juveniles. Muchos demandantes dijeron que fueron amenazados o recompensados para guardar silencio.

"El Estado de Illinois ha permitido que una cultura de abuso en los Centros Juveniles de Illinois florezca sin cesar", dice la demanda de 186 páginas.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Reclamaciones de Illinois, sigue a otras desgarradoras denuncias similares de abusos sexuales a menores en centros de detención de menores de Maryland, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, California y Nueva York. Algunos casos han llegado a juicio o han dado lugar a acuerdos; las detenciones han sido poco frecuentes.

La demanda de Illinois sostiene que el Estado no supervisó, disciplinó, expulsó ni investigó a los presuntos agresores, lo que permitió que continuaran los abusos. En la demanda se alega que los abusos se produjeron en centros juveniles de todo el estado, como Chicago, Joliet, Harrisburg, Murphysboro y Warrenville. Desde entonces se han cerrado varios centros.

En la demanda se nombra como demandados al estado de Illinois, al Departamento de Instituciones Penitenciarias y al Departamento de Justicia Juvenil. Solicita una indemnización por daños y perjuicios de unos 2 millones de dólares por demandante, el máximo permitido por la ley.

En una declaración enviada por correo electrónico, el Departamento de Justicia Juvenil dijo que los presuntos incidentes tuvieron lugar bajo anteriores líderes del departamento, pero que la actual administración se toma en serio la seguridad de los jóvenes y que "todas las denuncias de mala conducta del personal son investigadas de inmediato y a fondo" con otros organismos, incluida la policía estatal.

Los portavoces del gobernador J.B. Pritzker y del Departamento Correccional remitieron a los periodistas a la declaración del Departamento de Justicia Juvenil.

En una conferencia de prensa no relacionada este lunes, Pritzker, quien asumió el cargo por primera vez en 2019, dijo a los reporteros que "fue un asunto que involucró a una administración anterior." Dijo que el liderazgo del Departamento de Justicia Juvenil en los últimos cinco años "ha sido excelente", pero se negó a decir más, citando litigios pendientes.

Los 95 demandantes se encuentran entre los cientos de víctimas de abusos sexuales en los centros de detención de Illinois, dijo Jerome H. Block, un abogado que presentó el caso y que espera presentar más demandas. Su bufete ha ayudado a presentar demandas en Maryland, Nueva Jersey y Nueva York.

"Las mismas personas encargadas de mantener a salvo a nuestros clientes cuando eran niños fueron las que perpetraron los abusos sexuales", afirmó Block. "Esto es abuso sexual institucionalizado a largo plazo".

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales a menos que consientan en ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente.

Tres de los 95 demandantes son nombrados en la demanda, incluyendo Jeffery Christian de Maywood, quien dijo que era importante dar a conocer públicamente porque pensaba que podría ayudar a otros que pueden estar sufriendo en silencio.

Este hombre de 36 años de los suburbios de Chicago dijo que había sufrido abusos sexuales en dos centros de detención diferentes desde que tenía unos 13 años, incluso por parte de un consejero que le manoseó y acarició durante las sesiones de asesoramiento.

Al igual que muchos de los demandantes, Christian declaró que denunció los abusos en su momento, pero que los administradores del centro no hicieron nada para solucionarlo. Afirmó que denunciar los abusos le convirtió en un blanco más fácil. Tras los incidentes, se volvió retraído y antisocial.

"Me preparó para empezar a ver el mundo de otra manera", dijo. "Me quitó algo de luz".

Al menos seis trabajadores del centro de detención -incluido el actual alcalde de una pequeña comunidad del sur de Illinois- fueron identificados en la demanda como presuntos delincuentes reincidentes con acusaciones separadas de distintos demandantes. Algunos presuntos delincuentes aparecen nombrados en la demanda, mientras que a otros sólo se les identifica como los recordaban los demandantes por sus atributos físicos, iniciales o apodos. La mayoría de los demandantes se identifican por sus iniciales en la demanda.

Entre otras cosas, la demanda culpa al uso inconstitucional y sistemático de registros sin ropa por parte del Estado de perpetrar abusos sexuales.

"El Estado de Illinois ha tenido conocimiento de tal abuso durante décadas y, sin embargo, descuidó la protección de sus jóvenes confinados contra el abuso sexual y no implementó las políticas necesarias para garantizar dicha protección", dice la demanda.

La demanda cita una encuesta realizada en 2013 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre jóvenes encarcelados, según la cual Illinois se encontraba entre los cuatro peores estados del país en cuanto a abusos sexuales en centros de detención. También señala alrededor de media docena de casos penales de 2000 a 2021 en los que empleados de centros juveniles fueron condenados por abusar sexualmente de niños y alega que el abuso continúa hasta el día de hoy.

Entre los presuntos delincuentes reincidentes se encuentra Rocky James, supervisor durante mucho tiempo del centro de Harrisburg y actual alcalde de la cercana localidad de Eldorado, en el sur de Illinois, según la demanda. Seis demandantes alegan por separado que James abusó de ellos en la década de 2000, incluido un adolescente que fue "coaccionado física y regularmente" para mantener relaciones sexuales dentro de su celda y en el baño, según la demanda.

James, ex concejal de Eldorado y miembro de la junta del condado de Saline, ha sido alcalde de esta localidad de unos 3 mil 500 habitantes desde 2007. No ha sido acusado de ningún delito.

Este lunes, James, de 59 años, dijo por teléfono que era la primera vez que oía hablar de las acusaciones.

"No hay absolutamente nada de cierto en ello", dijo, declinando hacer más comentarios.

En algunos de los casos más recientes cabe la posibilidad de que se presenten cargos penales. Aunque ya no prescriben los delitos relacionados con abusos sexuales a menores ocurridos después del 1 de enero de 2020, sigue habiendo un límite de 20 años para los presuntos delitos cometidos antes de esa fecha, lo que permite la posibilidad de presentar cargos penales en casos presuntamente ocurridos hace tanto tiempo como 2004.

Muchos demandantes afirmaron que sus agresores les amenazaron con violencia, aislamiento, traslados a centros más duros y condenas más largas si denunciaban los abusos. A otros les daban comida extra, dinero en sus cuentas del economato, la posibilidad de jugar a videojuegos y otras recompensas si guardaban silencio.

Las edades de los demandantes oscilaban entre los 12 y los 17 años en el momento en que dijeron haber sufrido abusos, a menudo mientras estaban aislados en un cuarto de baño, en cocinas o en sus celdas. Cuando los detenidos denunciaban los abusos, según la demanda, se reían de ellos, y un teniente decía: "Sólo está jugando", o un capellán que le dijo a un chico de 17 años al que supuestamente manoseó y molestó: "Esto es lo que pasa" en la iglesia.

Ahora son adultos, y el mayor de ellos ronda los 40 años. La mayoría son hombres, pero uno de los centros de detención era mixto. Proceden de comunidades pequeñas y grandes ciudades, la mayoría de Illinois. Varios son de Indiana, Wisconsin, Ohio, Iowa y Texas.

"Los niños detenidos en centros de detención de menores son especialmente vulnerables a los abusos sexuales. Esto se debe a que el personal que trabaja en estos centros de detención de menores tiene un control total y absoluto sobre estos niños", dijo Block. "No hay forma de que estos niños escapen a los abusos".