Tumba Congreso penas de 70 años por extorsión

El Congreso del Estado, en sesión ordinaria en esta frontera, aprobó ayer por unanimidad en lo general el dictamen para reducir la pena por extorsión agravada en la entidad, la cual tendrá que aplicarse este mismo año. 

La Comisión de Justicia del Legislativo estatal, encabezada por la diputada Ana Blackaller Prieto, determinó en sentido positivo el dictamen para reducir las penas por el delito de extorsión en el estado, en atención a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideró que la pena de la agravante no es proporcional y la declaró inconstitucional.

De esta manera, el colegiado disminuyó la pena máxima del tipo básico del delito a 20 años de prisión; también bajó la pena de prisión de la agravante, para que se establezcan de 10 a 30 años de prisión y no como actualmente se encuentra de 30 a 70 años.

Antes de la modificación propuesta en Chihuahua, el Código Penal del Estado, en el artículo 204 bis, fracción I señalaba el delito de extorsión y se establecía una pena de 30 a 70 años de prisión, la cual fue señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como contraria al principio de proporcionalidad de las penas.  

“No quiere decir que las personas sentenciadas por extorsión automáticamente salgan en libertad, ya que continúa el rango punitivo del tipo básico, sin embargo, lo cierto es que, la pena de la agravante ha sido declarada inconstitucional y en principio, cualquier persona sentenciada que lo requiera, podría disminuir la sanción privativa de libertad en el rango del tipo básico y la autoridad jurisdiccional tendría que reflexionar si otorga este beneficio”, aclaró la diputada morenista Adriana Terrazas Porras.

Existen 190 personas sentenciadas por extorsión agravada sólo en Juárez que, al ser juzgadas por una pena considerada desproporcional, podrían quedar en libertad bajo la tramitación de un amparo, incluso tres personas que ya purgan una pena por este delito han presentado trámites de este tipo contra su sentencia, apuntó la legisladora. 

El dictamen también consideró al delito de extorsión como un “delito pluriofensivo” por las consecuencias de su acto, dando lugar a un nuevo catálogo de “delitos pluriofensivos” para su análisis.

En junio del año pasado el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso un plan de resolución en el que indicaba que se debían aplicar las sanciones de cinco a 30 años previstas para el mismo delito en modalidad simple, declarando desproporcionada la pena en Chihuahua.

El 1 de junio tres de los cinco miembros de la Primera Sala de la Suprema Corte aprobaron el proyecto elaborado por González Alcántara Carrancá, relativo al amparo 6089/2021, presentado por Lucio Francisco López Maldonado, acusado y sentenciado a 30 años de prisión en 2018 junto a otras dos personas por cobrar una cuota de mil pesos mensuales al propietario de un negocio en Juárez, durante tres meses, de noviembre de 2014 a febrero de 2016.

El magistrado consideró que la intención de desincentivar la comisión de dicho ilícito no puede llegar al extremo de establecer una pena de prisión desproporcionada, en relación con los márgenes de punibilidad y la política criminal instrumentada por el legislador para otros delitos. 

Preocupa a comerciantes resolución del Congreso

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos Guevara, se mostró preocupado con la reducción de la pena por el delito de extorsión, atendiendo un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que determinó como excesivas las penas por ese delito en Chihuahua. 

El líder de los comerciantes dijo que de modificarse las penas, más de 190 extorsionadores en Ciudad Juárez podrían salir libres.

“El temor que tenemos es que esa gente que está detenida, las vayan a echar a la calle, porque van a seguir extorsionado a todo el mundo”, expresó. 

Se trata de uno de los temas abordados por el Congreso del Estado, en la sesión que se llevó a cabo ayer aquí en Juárez. 

“El Gobierno Federal emitió una enmienda a las penas de lo que es extorsión, secuestro y todo esto, que algunas eran vitalicias y otras de 80 años de prisión, entonces la recortan a nivel federal, pero los estados protestan y entonces llega una disposición que dice que el estado es libre y soberano de hacer su propia reglamentación. Eso es lo que trató el Congreso”, expresó.

Mencionó que durante la semana pasada, Jorge Contreras Fornelli y Rogelio González Alcocer, ambos representantes de la Mesa de Seguridad, hablaron con el Congreso del Estado en la ciudad de Chihuahua, para abordar este tema.

Dijo que hasta el momento no se han presentado casos de extorsión entre sus afiliados, aunque persisten los chantajes telefónicos no sólo a los negocios, sino a toda la población.

“Hasta ahorita no hay extorsiones ni cobro de derecho de piso, sí hay los chantajes telefónicos que hemos tenido durante mucho tiempo, pero nosotros lo que hacemos es instruir a todos los afiliados para que sepan cómo se manejen ahí”, dijo.