Estado

Sube Corral deuda a 57 mil mdp; Duarte la dejó en 49 mil

Aumenta monto pese a estrategias de ahorro y reestructuración

Miguel Chavarría
El Diario

lunes, 22 abril 2019 | 06:00

El Diario

Chihuahua— La deuda pública del estado a finales del año pasado registró un monto de más de 57 mil millones de pesos, pese a las estrategias de ahorro con planes de austeridad anunciados por el propio gobernador panista, Javier Corral Jurado y despidos dentro del aparato burocrático.

Estos números son mayores a los que se registraron a finales de 2016, cuando la deuda que el exgobernador César Duarte Jáquez heredó a la administración entrante de Corral era de 49.6 mil millones de pesos.

El adeudo está constituido por los créditos a corto y largo plazo que el Gobierno ha adquirido —y que aún no ha liquidado— con Banobras, HSBC, BBVA Bancomer, Bansi, Santander y Multiva. Ambos rubros, más otros pasivos, suman montos por pagar de hasta 35.2 mil millones de pesos.

El otro campeón en deuda pública

La deuda contingente, que fue contratada parcialmente por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) años atrás; el Fideicomiso Carretero, que pagan los ciudadanos con recursos provenientes del cobro de peaje, y la amortización garantizada con el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) alcanzó los 18.9 mil millones de pesos.

Los cuatro bonos cupón cero que el Gobierno debe con Banobras sube a 2.8 mil millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos durante el período del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, publicados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua en su portal transparencia fiscal.

Es decir, la deuda ha incrementado 7.3 mil millones de pesos desde finales de 2016 hasta diciembre de 2018, a pesar de las estrategias de ahorro de la administración actual.

Durante los primeros tres meses de 2018 la deuda se estableció en los 54 mil millones de pesos. En ese período el Gobierno había logrado amortizar en un 59.2 por ciento su deuda por créditos a corto plazo para el segundo trimestre, pasando de 1.3 mil millones a los 565 millones de pesos.

Sin embargo, los créditos con las instituciones financieras se dispararon a finales del año pasado.

Los créditos a corto plazo incrementaron casi un 200 por ciento del tercer al cuarto trimestre de 2018, pasando de 900 millones de pesos a los 2.6 mil millones de pesos.

Desde la entrada de Javier Corral en octubre de 2016, la Secretaría de Hacienda gestionó en diciembre de ese año un primer adeudo por 1.8 mil millones de pesos que ya fueron amortizados en su totalidad. A finales de 2017 Grupo Financiero Interacciones dio otro crédito a corto plazo por 2 mil millones de pesos.

En agosto de 2018 Hacienda adquirió un nuevo crédito a corto plazo por 900 millones de pesos, sumando 4.7 mil millones de pesos en este tipo de deudas.

De esos tres créditos, 3 mil 304 millones 515 mil 731 pesos han sido destinados al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), Pensiones Civiles del Estado (PCE) y Servicios de Salud (SSCH). Esta cifra representa el 70.3 por ciento de la suma total de la deuda crediticia.

En una solicitud de información, con número de folio 96292018, la Secretaría de Hacienda afirmó que los tres créditos fueron destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo para el pago de obligaciones financieras inmediatas.

Es decir, el Gobierno de Corral ha adquirido créditos millonarios con instituciones para amortiguar las deudas urgentes que tiene con varios proveedores.

Estas adquisiciones de deuda a corto plazo no necesitan la autorización de los diputados locales, según el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Corral ha logrado reestructurar la deuda en dos ocasiones.

Luego de ser aprobada por el Congreso local en septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo lanzó la subasta en enero de 2018 para que instituciones bancarias asumieran los nuevos créditos.

Los créditos fueron repartidos entre BanBajío, Banorte, BBVA Bancomer, Interacciones, Multiva y Santander, quienes ofrecían las mejores tasas de interés.

Sin embargo, el ahorro no fue el óptimo, ya que el aumento de cuatro puntos porcentuales en dos años de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), contrarrestó la proyección de ahorro de las bajas tasas de interés que el Gobierno estatal había logrado pactar con los bancos tras la primera reestructuración de la deuda.

Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, expresó que la situación hubiera sido peor si la administración no hubiera logrado dicha reestructuración, ya que los créditos contratados durante el gobierno duartista tenían sobretasas de hasta el 3 por ciento sobre la TIEE.

Corral había reconocido en noviembre pasado que la primera reestructuración no presentó los resultados esperados, por ello se llamó en una segunda subasta a que bancos se repartieran los créditos.

La deuda de 28.8 mil millones de pesos quedó dividida en 11 créditos, de los cuales Banobras tendrá tres; estos suman 14.4 mil millones de pesos. BBVA Bancomer se quedó con dos créditos por un total de 4.8 mil millones; poco menos que Santander, que tendrá tres créditos por 5 mil millones.

BanBajío tendrá un crédito por mil 500 millones de pesos. La lista fue completada por Multiva, que contará con un crédito por mil 740 millones de pesos, y HSBC con uno de 500 millones de pesos.

La estrategia de ahorro fallida y la desobediencia a la austeridad

La reestructura de la deuda no ha sido la única estrategia del Gobierno estatal para reducir el endeudamiento. Javier Corral publicó un decreto de austeridad en enero de 2017 en el que planteó estrategias para reducir el gasto burocrático.

Las medidas fueron emitidas en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 2017 bajo el acuerdo 001/2017. En el plan se contempló desincorporar y vender trece terrenos y la oficina alterna del mandatario, conocida como la Casa de Gobierno, también seis aeronaves, suprimir los gastos de representación y publicidad oficial, el pago de notas de consumo de restaurantes, así como otras erogaciones.

Sin embargo, el cumplimiento de dichas medidas continúan pendientes, ya que a dos años de carrera austera, ni la Casa de Gobierno ni la flotilla aérea han sido vendidas. Además, los gastos de viáticos y de publicidad oficial en contratos sin licitar llegan a sumas de cientos de millones de pesos.

El más reciente intento para vender una aeronave fue el 28 de diciembre de 2018, Día de los Inocentes, cuando la subasta del avión Super King Air 350, modelo b300, fue declarada desierta: los postores interesados nunca se presentaron a depositar la “garantía de seriedad” por 40 mil dólares.

Ninguna aeronave ha sido vendida, sin embargo su uso ha sido amplio. De acuerdo con registros desde 2017 hasta enero del año en curso de las bitácoras de vuelo, Javier Corral permaneció 731.8 horas volando. Esto son casi 31 días en los aires.

En dos años, el uso del helicóptero más utilizado por el gobernador, el Bell 429, ha generado un gasto a los contribuyentes de un millón 704 mil 567 pesos por combustible, mantenimiento, viáticos,  pernoctas y gastos de aeropuerto.

Pero el gasto en dos años de las seis aeronaves bajo el cuidado del Gobierno estatal subió a los 12 millones 748 mil 240 pesos.

Lo anterior según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda como respuesta a las solicitudes de información, con números de folio: 002552019 y 145082018.

Viáticos de primera

Por otra parte, los gastos de viáticos y de publicidad oficial en contratos sin licitar llegan a sumas de cientos de millones de pesos.

Aun cuando se comprometió a reducir en 30 por ciento el gasto de viáticos, el Gobierno de Corral desembolsó el año pasado más de 96 millones de pesos por los traslados de la burocracia estatal, 8 millones más que los erogados en 2016 por César Duarte.

Los informes de la Secretaría de Hacienda publicados anteriormente por El Diario muestran que el gasto de recursos públicos por concepto de viáticos en 2017 es el más alto registrado desde 2012, año en el que se erogaron 114 millones 152 mil 996 pesos.

Los funcionarios que más han aprovechado el coste de sus viáticos con el erario han sido Jesús Mesta Fitzmaurice, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, y María Concepción Landa, secretaria de Cultura.

Desde el comienzo de la actual administración hasta el primer cuatrimestre de 2018, Fitzmaurice ha gastado 549 mil 639 pesos en viáticos y pasajes de más de 60 comisiones de trabajo, dentro y fuera del país, según datos publicados por el portal de obligaciones de transparencia del Gobierno estatal.

En los informes de sus comisiones, Fitzmaurice redactó que aportó “ideas brillantes”. Cuando El Diario publicó comprobantes de pago de cuentas en restaurantes de lujo y transportes en limusina en Canadá, el servidor público respondió que “no podemos andar con pequeñeces”.

Landa realizó un viaje a Eslovenia, París y Viena, acompañada de otras dos funcionarias. Los diez días que duró esta comisión al extranjero generaron un gasto al erario por 124 mil 424 pesos.

Austria Galindo, subsecretaria de Cultura en Ciudad Juárez, realizó 44 viajes en 2017, algunos en vuelos hacia Nueva York al que además acudieron otros cuatro funcionarios, quienes gastaron 14 mil 992 dólares (320 mil 379 pesos aproximadamente al tipo de cambio vigente en ese entonces) en viáticos, vuelos, hospedaje, membresías pagadas y alimentos de alto precio.

Fuera del plan de austeridad, la plantilla de servidores públicos de 2019 también se redujo para recortar gastos. El Gobierno estatal planteó en su proyecto de Presupuesto de Egresos un recorte de 457 plazas burocráticas principalmente de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Hacienda (SH), entre otras.

En octubre pasado Arturo Fuentes Vélez, titular de la Secretaría de Hacienda, informó que cada dependencia sería responsable de revisar las áreas en las que se harían los recortes necesarios de personal, con la finalidad de eficientar el gasto en la nómina.

“Lo que necesitamos es un rediseño institucional, no solamente que nos permita conseguir más recurso, sino que nos permita hacer más obra y atender las necesidades”, comentó Corral el año pasado.

Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, estos despidos no impactarán en la erogación de salarios de nómina, ya que este año se proyectó un gasto mensual que asciende a 8 millones 375 mil pesos, mientras que en 2018 fue de 7 millones 981 mil pesos.

Los planes de austeridad y reducción del aparato burocrático también se contradicen con el dispendio que la Coordinación de Comunicación Social (CCS) hizo para la impresión del semanario Cambio 16, cuya publicación permanece suspendida.

El 14 de febrero de 2018 Antonio Pinedo, entonces titular de la CCS, y la SH firmaron un contrato por adjudicación directa con la empresa Impresora y Editorial S. A. de C. V., también conocida como el periódico sonorense El Imparcial, para la impresión de Cambio 16.

El contrato alcanzó una cifra máxima de 18 millones 25 mil pesos a ser pagados al 31 de diciembre de 2018. La CCS indicó que la empresa cuenta con capacidad técnica, financiera y de recursos humanos, así como la experiencia necesaria para la prestación de los servicios requeridos por la institución contratante.

El costo general para imprimir el semanario fue criticado, ya que el producto final de Cambio 16 fue utilizado en varias ocasiones como material de elaboración de piñatas o era abandonado en grandes cantidades dentro de almacenes.

Por esa misma modalidad de adjudicación directa, la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo un señalamiento por un posible daño a la hacienda pública de 635 mil 680 pesos, por un primer contrato que la CCS y El Imparcial firmaron en marzo de 2017.

“[Se observó] que se adjudicó directamente esta adquisición, fundando la excepción a la licitación pública, sin embargo el ente (la CCS) no cuenta con los elementos que acrediten que se trata de servicios profesionales, por lo que se determina la improcedencia de la excepción invocada y en consecuencia esta adquisición se debió licitar públicamente y al no hacerlo se contravinieron las disposiciones normativas estipuladas en el informe técnico de resultados”, señaló la ASE en su más reciente revisión a la cuenta pública del Gobierno estatal. 

Deuda 2016: $49,685'835,970

Corto Plazo: $1,500,000,000

• Multiva: $1,500'000,000

Largo plazo: $20,509'681,096

• Interacciones: $4,369'921,994

• Multiva: $1,333'723,160

• BBVA Bancomer: $1,666'508,115

• BBVA Bancomer: $1,969'846,991

• BBVA Bancomer: $1,340'109,412

• Banorte: $1,959'267,463

• Santander: $982'018,201

• Banorte: $1,308'887,423

• Inbursa: $4,607'232,647

• Inbursa: $972'165,690

Deuda contingente: $24,462'045,299

• HSBC: $285'426,615

• Santander: $288'094,154

• Inbursa: $5,989'036,324

• Emisión Bursátil ISN: $2,480'249,999

• Emisión Bursátil PEAJE: $15,419'238,207

Bono cupón cero: $3,214'109,575

• Banobras: $982'226,000

• Banobras: $852'510,000

• Banobras: $742'359,060

• Banobras: $637'014,515

Otros pasivos: $0

Deuda 2018: $57,013'446,369

Corto plazo: $2,690'500,000

• HSBC: $527'250,000

• BBVA Bancomer: $277'500,000

• Banorte: $27'750,000

• HSBC: $288'000,000

• Banorte: $570'000,000

• Banorte: $500'000,000

• Bansi: $300'000,000

• Bansi: $200'000,000

Largo plazo: $25,818'064,061

• Interacciones: Refinanciamiento

• Multiva: Refinanciamiento

• BBVA Bancomer: Refinanciamiento

• BBVA Bancomer: Refinanciamiento

• BBVA Bancomer: Refinanciamiento

• Banorte: Refinanciamiento

• Santander: Refinanciamiento

• Banorte: Refinanciamiento

• Inbursa: Refinanciamiento

• Inbursa: Refinanciamiento

• Crédito Sindicado BBVA Bancomer: $20,023'874,460

• Inbursa: Refinanciamiento

• Interacciones: $5,794'189,601

Otros pasivos: $6,760'305,354

Deuda Contingente: $18,917'647,857

• HSBC: $221,405,692

• Santander: $224,073,231

• Emisión Bursátil ISN: $2,125,650,000

• Emisión Bursátil PEAJE: 16,346,518,934

Bonos cupón cero: $2,826,929,097

• Banobras: $961,407,510

• Banobras: $798,078,576

• Banobras 1020: $656,161,009

• Banobras: $411,282,002

• Fuente: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, recuperado del Portal de Transparencia Fiscal del Estado de Chihuahua. Esta información no cuenta con los bancos que asumieron los créditos tras la última reestructuración de la deuda pública

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