Liberan a acusado de matar a líder indígena

Chihuahua— La Jueza de Control, Romelia Martínez Badillo, decidió no vincular a Rosalío Joel M. P. por el delito de homicidio contra el activista serrano Juan Ontiveros, porque consideró insuficientes las descripciones de identidad dadas por testigos, lo que llevará a una apelación por parte de Fiscalía General del Estado. 

Datos de la propia Fiscalía indican que la imputación directa que hicieron testigos presenciales, en donde se individualiza al probable responsable, aún y cuando no fue controvertido la defensa, no fue tampoco suficiente para tener por cierto que se trataba de la misma persona del hecho criminal. 

El día de la detención, el pasado 12 de abril, el gobernador Javier Corral presumió en Twitter la captura del presunto asesino.

Para el Ministerio Público, ese es un elemento que puede controvertirse, ya que la juez no consideró que en audiencia inicial en fase de formulación de imputación, el probable responsable se identificó como tal y dijo ser habitante de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, donde ocurrió el crimen el 31 de enero de 2017 contra Ontiveros.

En éste sentido, la parte acusadora evidenció su inconformidad en un comunicado de prensa enviado la noche del jueves, en el que se precisa que habrá un recurso para intentar revertir la decisión de la jueza local. 

La acusación está sustentada por una sólida carpeta de investigación integrada por pruebas, periciales, análisis, estudios y entrevistas, cuyas labores fueron realizadas por un equipo de especialistas, precisó la Fiscalía.

En ese comunicado se puntualizó que el fiscal César Augusto Peniche Espejel expresó que “el reconocimiento de los testigos es suficiente para dictar la vinculación a proceso, por lo que procederemos y actuaremos ante esta decisión judicial”.

Indicó que la investigación está respaldada por un trabajo profesional, con elementos de prueba y argumentos incriminatorios que sustentan la probable responsabilidad de Rosalío Joel M. P., por lo que se utilizarán los recursos legales necesarios para brindar justicia en el crimen del líder indígena.

Reprochan pifia de la FGE

“Lo que más nos preocupa es que con la liberación del presunto asesino de Juan Ontiveros se ha dejado en la vulnerabilidad a toda una comunidad”, comentó Isela González, quien forma parte de la Alianza Sierra Madre, organización que promueve y defiende los derechos las comunidades indígenas en la entidad.

Indicó que desconocen cuáles fueron los criterios para que la juez del caso Ontiveros no vinculara al presunto responsable del crimen del activista. Destacó que ahora la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de proteger a la comunidad de donde era originaria la víctima.

“Lamentamos profundamente que la jueza no haya vinculado al presunto… desde un inicio del proceso, desde que se empezaron a hacer las investigaciones del homicidio de Juan se señaló que habían sido dos homicidas, uno de ellos Joel, y desde el principio dictaron orden de aprehensión”, dijo.

Añadió que están enterados de que hubo testigos del momento en que se llevaron a Juan Ontiveros, los cuales no saben si fueron llamados a declarar. “Cómo Alianza Sierra Madre estaremos muy al pendiente de que se impugne la resolución de la jueza”, agregó, sin embargo señaló que será muy complicado que el presunto responsable sea detenido de nuevo, en caso de que se le libere otra orden de aprehensión, ya que luego de ser detenido una vez, lo más seguro es que se vaya del estado o se esconda. 

“Es muy grave lo que pasó porque aún y cuando vuelvan a dar una orden de aprehensión, ya que duraron casi dos años para detenerlo, pues obviamente que se va a dificultar mucho, pero también dejan en riesgo a la comunidad, la cual tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones de inseguridad”, mencionó.

Comentó que hay personas que eran cercanas de Juan Ontiveros que pueden estar en peligro, por lo que instó a la Fiscalía a que de protección. “Ahora la Fiscalía se tendrá que hacer cargo de la protección de la comunidad”, concluyó. Apuntó que la impunidad es el principal factor para la inseguridad de los promotores de los derechos de las comunidades indígenas.

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