Responde ‘no’ la FGE a FGR en caso ‘Paquito’

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió ayer que está “imposibilitada jurídicamente” para entregar a su similar federal la carpeta de investigación y la misma causa penal 3776/22, que corresponde al exfiscal Francisco G. A., toda vez que el asunto se encuentra a disposición de un juez.

“... por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y no autoridad, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el juez”, señala expresamente la FGE, al dar respuesta pública a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que pretende ejercer la atracción del caso, a solicitud del inculpado.

En un comunicado de prensa difundido la tarde de ayer, la autoridad local señaló que es respetuosa de las etapas procesales, así como de las estrategias técnicas y jurídicas de los intervinientes.

Hace una relatoría de la aprehensión del exfiscal el pasado 21 de noviembre, la formulación de imputación al día siguiente y la vinculación a proceso con tres meses de investigación complementaria en resolución del pasado 26 de noviembre.

También hace hincapié en que la carpeta de investigación derivó de una vista que dio el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado, ratificada por la víctima con identidad reservada.

Aclara que “desde el primer momento, esta Fiscalía diligenció la solicitud expresa por parte de la instancia federal, siempre cuidando el derecho de las víctimas, quienes son fundamentales en el quehacer de este órgano técnico por mandato constitucional”.

Recalca que el cuidado al debido proceso “nos obliga a actuar con diligencia, siempre cuidando los principios de legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra imposibilitada jurídicamente (sic), toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y NO autoridad, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el juez”.

Agrega que “el delito de tortura trastoca la dignidad de la persona, es por ello que la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, está enfocada a favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas”.

“Es por eso que esta Fiscalía, actúa siempre con estricto apego al Estado de Derecho, a los derechos humanos de las partes involucradas en el procedimiento, cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia”, concluye el comunicado.