'Nepotismo, lo que más lastima al Tribunal'

Chihuahua.- La nueva Ley del Poder Judicial, aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado y que elimina la posibilidad de que jueces y magistrados metan a sus familiares al Tribunal de Justicia, representa un logro porque el nepotismo es lo que más nos lastima, indicó el presidente de ese poder, Pablo Héctor González. 

Descartó que la ley vaya a ser retroactiva para los empleados que actualmente son familiares de altos funcionarios, sin embargo especificó que deberán aplicar en exámenes y procesos internos en caso de querer ascender de cargo. 

“No sería justo”, respondió al ser cuestionado si habrían de sacar del Poder Judicial a aquellos empleados que ingresaron por tener un vínculo de parentesco con alguien que ya estaba en ese organismo público. 

Quienes quieran entrar y los que ya estén -subrayó-, habrán de ajustarse a esos nuevos lineamientos en caso de buscar otro encargo. 

El nepotismo en el Tribunal se ha evidenciado en varias ocasiones porque los magistrados y jueces, principalmente, han colocado a muchos familiares en la estructura de ese poder, lo que ha generado inconformidad entre grupos de abogados y hasta de otros poderes.

La nueva ley se aprobó la semana pasada y fue trabajada entre diputados y con el Poder Judicial, precisó Pablo Héctor González, y adelantó que habrá de redituar favorablemente a las operaciones del sistema de justicia. 

El documento ya aprobado indica que la idea es priorizar la meritocracia y erradicar la posibilidad del nepotismo, al prohibir la contratación de personas servidoras públicas unidas en matrimonio o en concubinato, o que tuvieren parentesco de cualquier tipo, dentro del tercer grado con jueces, magistrados, consejeros o titulares de órganos administrativos.

“Aunque esta disposición se concibió para garantizar la plena autonomía de los jueces, en la práctica ha sido desvirtuada, dando como resultado el nombramiento arbitrario, -en algunos casos-, de familiares, sin pasar por algún tipo de revisión o rendición de cuentas, y sin garantizar que las personas elegidas para los puestos, posean las mejores atribuciones, conocimientos o méritos para ocuparlos”, precisa el dictamen que se convirtió en nueva ley. 

Para ello se especifican los lineamientos para la contratación de personal en todas las áreas, que deben pasar por un proceso y aval de la Judicatura, que es el órgano administrativo de ese poder. 

Por ejemplo, se implementa la Carrera Administrativa para garantizar una debida selección, ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación y permanencia, ya no solamente de los servidores públicos que ejercen funciones jurisdiccionales, sino también de aquellos servidores públicos del Tribunal que ejercen actividades administrativas, puntualizando además los mecanismos para que puedan integrarse a la carrera administrativa, para su debida formación.