Muere el cuarto de perseguidos por Corral

Chihuahua— Enrique Antonio Tarín García, expresidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Hacienda, se convirtió en el cuarto exfuncionario perseguido por la administración de Javier Corral Jurado en perder la vida, luego de que se lanzó de un puente ubicado en la avenida Homero y Periférico de la Juventud la madrugada de ayer.

Las cámaras de la Plataforma Escudo captaron el momento en que Tarín García llegó solo en su vehículo hasta dicho puente y posteriormente su cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica, con lo cual la Fiscalía General del Estado abrió una indagatoria.

Investigado durante la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” por supuestos actos de corrupción, fue detenido el 7 de mayo de 2017 en la Ciudad de México –donde tenía previsto rendir protesta como diputado federal– y trasladado a Chihuahua, con imputación por el delito de peculado por 246 millones de pesos, imponiéndosele prisión preventiva, medida que cambió por arraigo domiciliario a través de un amparo el 20 de diciembre de 2021. A un año y tres meses de su egreso del penal, Tarín García seguía portando el brazalete localizador.

Con su muerte, son ya cuatro fallecidos entre los exfuncionarios que fueron investigados, detenidos y procesados durante el quinquenio de Corral. El primero fue Carlos Hermosillo Arteaga, que perdió la vida en un accidente automovilístico; Octavio Acosta Maldonado, que también cometió suicidio, y José Lázaro Joaquín López Ramírez, que murió por complicaciones del Covid que contrajo en la cárcel.

Carreterazo

El primero en perder la vida fue Carlos Hermosillo Arteaga, quien el 20 de marzo del 2017 fue víctima de un accidente carretero en la vía corta Chihuahua-Parral, cuando el entonces diputado federal se dirigía a la capital del estado. El accidente ocurrió cuando se desprendió una parte del rin de un tráiler, que atravesó el parabrisas del vehículo y se incrustó en la cabeza del legislador, provocándole la muerte de manera inmediata. 

Hermosillo Arteaga, quien al momento de su muerte tenía 39 años, se desempeñó como secretario particular de César Duarte, además fue presidente de la Unión Ganadera Regional División del Norte, creada durante el sexenio duartista y que se utilizó para el desvío de recursos públicos, según establecen las investigaciones realizadas por la Fiscalía. 

La curul que ocupaba en San Lázaro sería ocupada por Antonio Tarín, quien era su suplente; sin embargo, nunca pudo tomar protesta, pues fue detenido y señalado como uno de los implicados en los actos de corrupción registrados durante el Gobierno de Duarte.

Aunque Hermosillo no llegó a ser aprehendido, su viuda, Mayra Julieta U. A., fue detenida en Durango y vinculada a proceso penal; actualmente se encuentra en prisión domiciliaria acusada del desvío de 58 millones de pesos del DIF estatal. 

La FGE embargó bienes y propiedades del exdiputado con un valor superior a los 25 millones de pesos, entre los que se encuentran ranchos, casas, ganado, vehículos, aparatos electrodomésticos, relojes, joyería, entre otros, mismos que pasaron a ser propiedad del Estado bajo un juicio de extinción de dominio. 

Lo hallan en su vivienda

El segundo caso fue el de Octavio Acosta Maldonado, quien el 6 de marzo del 2020 fue encontrado suspendido en una de las habitaciones de su vivienda ubicada en el residencial Cantera II.

Acosta Maldonado fungió como secretario particular de Gobierno durante los últimos tres años del sexenio de José Reyes Baeza (2007-10), así como los primeros tres años del Gobierno de César Duarte (2010-13); posteriormente fue designado como subsecretario de Planeación Educativa en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, cargo al que renunció el 28 de septiembre del 2015.

Al momento de su muerte no existía una aprehensión en su contra, pero su nombre figuraba en las investigaciones que la FGE realizaba por un supuesto desvío de 700 mil pesos que habrían sido entregados como un bono a obispos. 

Víctima del coronavirus

El 27 de agosto del 2020, en plena pandemia de Covid-19, José Lázaro Joaquín López, quien ocupó el cargo de director del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech), murió a causa de esta enfermedad, la cual contrajo mientras se encontraba recluido en el Cereso de Aquiles Serdán y, a pesar de que solicitó a través de su defensa el traslado a un hospital para ser atendido, las autoridades judiciales lo negaron.

Su muerte, de acuerdo con los abogados defensores, fue por “negligencia, perversión y odio de Javier Corral y sus subalternos”, además de que fue catalogada como un crimen de Estado. 

El último caso

En cuanto a Antonio Tarín, el Gobierno de Corral lo acusó en hasta 15 causas penales, lo cual lo obligó a permanecer cuatro años, siete meses y 13 días en prisión. Durante una entrevista realizada por El Diario de Chihuahua y publicada el 18 de febrero de 2022, el exfuncionario aseguró que durante el tiempo que estuvo recluido llegó a pensar en la muerte varias veces, y aún fuera del penal se le dificultaba pensar en el futuro. 

En 2010 César Duarte Jáquez lo nombró director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahua de Salud, y el 30 de octubre de 2013 pasó a ocupar el cargo de presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del estado. 

Fue diputado federal suplente de Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció en un accidente carretero, aunque nunca pudo asumir el cargo tras ser detenido el 7 de mayo de 2017.

Ayer 7 de abril de 2023 perdió la vida al arrojarse desde un puente vehicular en la ciudad de Chihuahua.