Estado

Hermetismo en obras federales posibilita corrupción: Vázquez

Viola derechos y retrocede transparencia, señala diputado

César Lozano
El Diario de Chihuahua

jueves, 25 noviembre 2021 | 09:58

César Lozano/El Diario

Chihuahua, Chih.- Luego de la declaración de interés público y seguridad nacional por parte del Gobierno Federal para la realización de proyectos y obras , el diputado Mario Vázquez destacó que esto representa una violación a los derechos humanos, retrocede avances en materia de transparencia y posibilita probables actos de corrupción.

Lo anterior, derivado del Acuerdo Presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, en el cual instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras de interés público y seguridad nacional a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de diversos sectores.

El tambien coordinador de los diputados panistas, calificó el acuerdo como inconstitucional, debido a que fomenta la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México.

Agregó que esto representa un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas al limitar controles y mecanismos de prevención de la corrupción.

"Es de evidente preocupación que se establezca una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben de seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”, externó Vázquez Robles.

Concluyó que esta decisión en la ejecución de obras y proyectos no sólo tiene impacto en el patrimonio público, sino también en la garantía de derechos y el acceso a servicios por lo que deben de ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos.

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