Especial: A dos años de impunidad en crimen de Miroslava Breach

Omitió Fiscalía investigar narcopolítica

Sandra Rodríguez / David Piñón /
El Diario
sábado, 23 marzo 2019 | 00:02

Las deficiencias en la investigación por el crimen de la periodista Miroslava Breach son obra de la Fiscalía General del Estado, desde el momento en que impidió el acceso al expediente de los familiares y trató de cerrar el caso con la detención de un sólo involucrado, asegura la abogada Sara Lidia Mendiola, directora de Propuesta Cívica A.C.

Para la coadyuvante en la que se apoya la familia de Miroslava, la FGE de Chihuahua dejó muchos pendientes y sospechosamente limitó la investigación a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, sin profundizar en los demás implicados, sobre todo en la autoría intelectual del crimen.

La FGE no siguió la línea de investigación sobre la narcopolítica y “convirtió en testigos protegidos a quienes eran señalados como involucrados”, dice Mendiola Landeros, quien consideró que pese a todo, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha logrado subsanar muchas de las deficiencias y está en posición de lograr una sentencia condenatoria.

El resumen del caso para Propuesta Cívica es que a dos años del crimen sólo hay una persona detenida, una orden de aprehensión pendiente, dos crímenes relacionados sin resolver y no se han logrado tener elementos jurídicos para vincular a la red de narcopolítica que, se presume, dio la orden del asesinato de la periodista, que hoy cumple dos años en la impunidad.

De acuerdo con la organización que acompaña jurídicamente a la familia de la víctima y coadyuva con el caso, la falta de avances se agrava con la incertidumbre que rodea la continuidad del titular de la  Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, nombrado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y se agrava también, explica, por la falta de elementos arrastrada desde que la carpeta estaba en poder del Gobierno del Estado de Chihuahua, sobre todo en materia de investigación de crimen organizado.


NO ES UNA INVESTIGACIÓN EJEMPLAR

“No es una investigación impecable, no es una investigación ejemplar, como dijo el gobernador”, dice Sara Mendiola. “Y ahora el gobierno local lo reclama (la falta de investigación de narcopolítica), cuando en su momento no lo hizo. La Fiscalía de Chihuahua tuvo once meses para hacerlo, y no lo hizo”.

El Gobierno del Estado, cuestiona a la abogada, cerró la investigación alrededor de sólo tres personas señaladas como autoras materiales, pero ni aun alrededor de ellas, dice Mendiola, se profundizó en la indagatoria. 

En particular, señaló, quedan sin resolver dudas como quién mató a Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado en Sonora horas-antes del arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”- y a quien se ubica como quien disparó contra la reportera. 

También, agregó Mendiola, quedó sin aclararse el crimen de Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, encontrado asesinado en la capital y en poder del arma utilizada por Zavala en el crimen de la periodista.

“¿Por qué tenía esa persona esa arma? ¿Quién la asesinó? La FGE pudo haber hecho muchísimo por esa investigación, iniciando por investigar la línea de la autoría intelectual, y no lo hizo”, insistió Mendiola

Este medio solicitó respuesta sobre estos cuestionamientos al Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, pero al cierre de esta información, la petición no había sido respondida.

Tampoco la Feadle respondió a una solicitud de información sobre el caso.


EL DESVÍO DE LAS INVESTIGACIONES

Luego de más de 20 años dedicada al periodismo, Miroslava Breach Velducea fue asesinada en el exterior de su vivienda, en la ciudad de Chihuahua, la mañana del 23 de marzo de 2017. 

Desde las primeras horas, el Gobierno del Estado atribuyó el crimen al trabajo periodístico de la reportera, quien, de acuerdo con lo que informó el fiscal César Augusto Peniche, reveló cómo una organización dedicada al narcotráfico –conocida en el suroeste de Chihuahua como Los Salazar- “había influido en la designación de candidatos a las alcaldías y jefes policiacos de Seguridad Pública Municipal”. 

No fue sino hasta diciembre de 2017, sin embargo, que se registró el arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, presunto integrante de dicha organización criminal y acusado de coordinar el asesinato.

“Es un logro fundamental de la FGE de Chihuahua, que ha hecho una investigación modelo en el país, digo modelo, que le va a servir a otras fiscalías del país para entrarle a temas como éste”, dijo el gobernador Javier Corral entonces.

En abril del año siguiente, y después de una disputa judicial, el expediente pasó a manos de la Feadle, que tampoco ha ejecutado una orden de aprehensión pendiente contra Wilberth Jaciel Vega Villa, identificado como parte del grupo de perpetradores materiales y quien habría conducido el vehículo que los transportó a la vivienda de la periodista.


REVICTIMIZACIÓN COMO CONSTANTE

La revictimización ha sido una constante en el caso de la periodista Miroslava Breach, pues desde las deficiencias de la Fiscalía del Estado en la primera etapa hasta en la convocatoria a juicio oral casi un año después de la audiencia intermedia del único acusado del crimen, la familia ha sido vulnerada en sus derechos. 

Antes de la detención de “El Larry” en diciembre de 2017, la organización Propuesta Cívica había advertido que la Fiscalía Estatal en reiteradas ocasiones se negaba a reconocer el carácter de víctima a la familia, particularmente a la hermana de la periodista, violando su derecho a conocer y participar en la integración de la investigación.

Por ese motivo el Centro de Capacitación e Investigación Propuesta Cívica presentó una demanda de amparo en contra de dicha autoridad, que fue otorgado por un juez federal y en el que se reconoce su calidad de víctima.

Luego de este recurso, la Fiscalía realizó una serie de declaraciones públicas que entonces y ahora resultan cuestionables, “máxime que en todo este tiempo la investigación realizada por esta autoridad ha permanecido en secretismo, pues ha impedido el acceso a la carpeta de investigación a la hermana de Miroslava”, de acuerdo al posicionamiento de Propuesta Cívica siete meses después del crimen. “Además, la Fiscalía del Estado revela serios problemas de desarticulación entre las instancias de procuración de justicia local y federal. Esta situación es una constante que repercute en la garantía de los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral a las víctimas periodistas y sus familias”, asentó.

Desde entonces también consideró  que “las informaciones publicadas en la prensa nos alertan a estar pendientes de que nos se fabriquen responsables ni materiales, ni intelectuales, pues de ser así, el caso de Miroslava quedaría en la impunidad”.

Por ello, tanto Propuesta Cívica como otras organizaciones manifestaron su preocupación ante la falta de transparencia y sensibilidad con la que se condujo la Fiscalía de Chihuahua en las investigaciones y ante los familiares.


LAS DEFICIENCIAS DE LA FISCALÍA ESTATAL

“Hubo dilación desde que la investigación se encontraba en el fuero local, en el estado, desde que (la FGE) se opuso a dar acceso a las líneas de investigación”, dice Mendiola.  

“Durante 10 meses, nadie fuera de la FGE tuvo acceso a la investigación, y en esos 10 meses no supimos qué se estaba investigando ni pudimos proponer líneas o actos de investigación, actores a los que se tenía que estar investigando, y obviamente eso repercute en todo la secuencia de la investigación”, agregó.

El tribunal federal del Centro de Justicia Penal en Chihuahua fijó para noviembre próximo el inicio del juicio oral a Moreno Ochoa, fecha que Propuesta Cívica considera “excesivamente” lejana y contra la cual interpusieron un recurso judicial.

Otra preocupación, menciona la abogada, es la incertidumbre en la que queda la Feadle con el tránsito de la antes Procuraduría a la ahora Fiscalía General de la República, que deberá contar con una nueva ley orgánica y por lo cual no está claro si persiste o se reduce a unidad especializada.

Los panistas involucrados en cuestionar y grabar a la periodista sobre su investigación de la narcopolítica, además, no sólo no han sido procesados, sino que uno de ellos, Alfredo Piñera, fue incluso nombrado vocero de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado.

“El crimen sigue en la impunidad”, concluye Mendiola. “El hecho de que se logre una sentencia condenatoria no habla de justicia. No: el caso seguirá en la impunidad hasta que se identifiquen las autorías intelectuales”, cierra.



LOS PECADOS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL CASO MIROSLAVA

-Impidió durante 10 meses el acceso al expediente del crimen, a los familiares de Miroslava Breach, quienes no pudieron tener acompañamiento jurídico durante todo ese tiempo, al negárseles ese derecho.

-Tras perder un juicio de amparo promovido por la familia de Miroslava, para que se le diera acceso a las investigaciones, la Fiscalía del Estado se inconformó ante la justicia federal, alargando aún más la posibilidad de que los familiares tuvieran apoyo jurídico externo

-Omitió investigar la línea de la narcopolítica, dándole calidad de testigos protegidos al exalcalde panista de Chínipas Hugo Schultz, al exdirigente del PAN Estatal José Luévano, también al exsecretario particular de Javier Corral; y al exvocero del PAN, Alfredo Piñera

-No investigó quién “sembró” la pistola calibre .38 con que fue asesinada la periodista Miroslava Breach Velducea, la misma con la que se cometió el homicidio de un sujeto identificado como Gabriel Ochoa Cárdenas, el 18 de abril de 2017, en cuyas manos dejaron el arma para tratar de inculparlo del crimen, aunque jamás tuvo relación alguna. Su cuerpo con el arma y un mensaje que lo señalaba como asesino de la periodista fue encontrado en un inmueble de la colonia Junta de los Rios y jamás se avanzó en las investigaciones de su muerte.

-Tampoco investigó quién mató a Ramón Andrés Zavala Corral, el 19 de diciembre de 2017 en Álamos, Sonora. Éste es considerado el autor material del homicidio, encontrado muerto casi 9 meses después del crimen.

-Logró obtener una orden de aprehensión contra otro implicado en el asesinato de la periodista, Wilberth Jaciel Vega Villa, pero jamás la pudo ejecutar. Actualmente sigue en calidad de prófugo.

-Limitó la investigación a la detención y el proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, pero no profundizó en la autoría intelectual del homicidio

-Negó la entrega de la investigación a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la entonces Procuraduría General de la República, hasta que lo ordenó la justicia federal; patrón que repiten las fiscalías estatales cuando pretenden ocultar algo, de acuerdo con la asociación civil Propuesta Cívica A.C, que acompaña jurídicamente a los familiares de Miroslava Breach.