En dos años, 108 muertos en cárceles

Desde 2020 y hasta esta semana, 108 personas perdieron la vida mientras se encontraban en custodia del Gobierno en alguno de los once penales que hay en el estado.

De ese total, indica la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE), 22 murieron por causas no naturales, como asesinato o suicidio.

El más reciente de este tipo de casos fue el registrado el pasado martes 8 de marzo en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 3, ubicado en esta frontera, donde un interno fue encontrado muerto en lo que la FGE determinó ayer como un suicidio por suspensión.

Sobre él, la información oficial agrega que fue identificado como Juan Manuel D. D. y que había ingresado al penal el 2 de octubre de 2021.

“Estaba confinado en la celda 2 del Módulo 6; se encontraba interno por el delito de homicidio por razones de género en grado de tentativa. Durante su estadía en el centro penitenciario, manifestó arrepentimiento por lo sucedido”, indican los datos proporcionados ayer por la FGE.

La estadística agrega que, este 2022, se han registrado además otros cuatro casos de muerte por motivos no naturales: dos por suicidio y otros dos que se investigan como homicidios, todos en el Cereso Estatal número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, a un costado de la ciudad de Chihuahua.

Los datos agregan que estos casos se suman a otros nueve registrados en 2021, de los que siete fueron suicidio y dos, asesinatos. En 2020, indica la información, un reo murió por homicidio y siete más se quitaron la vida, mientras que 13 reclusos fallecieron ese mismo año por contagio de Covid-19.

Desde mayo de 2021, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró diversas áreas a las que consideró que era necesario “prestar atención” en los penales del estado de Chihuahua.

Sobre el Cereso 3, por ejemplo, indicó que había hacinamiento, insuficiencia en programas para la prevención y atención de incidentes violentos y de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos, así como pobres condiciones materiales y de higiene.

También, señaló el diagnóstico, se encontraron problemas de “gobernabilidad”, como deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias e incluso ejercicio de funciones de autoridad por parte de las personas privadas de la libertad, o “autogobierno/cogobierno”.

Asimismo, agregó el documento de CNDH, se detectó “deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades”, así como “insuficiencia o inexistencia de actividades educativas”.

De acuerdo con Eduardo Sáenz, visitador local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la principal queja presentada por los internos en esta frontera está relacionada con la atención médica.

En números, dijo, se trata de ocho denuncias en 2021 y cinco en lo que va del año; estas últimas motivadas, agregó, por retrasos en la atención derivados de la prioridad que se dio el año anterior a los pacientes con Covid-19.

Sobre el penal de Aquiles Serdán, el diagnóstico de CNDH agrega que detectó “falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección”, así como “insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, sobrepoblación”.

También, señaló el texto, hay “deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria”. 

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