Desprotege Estado a sus policías

Chihuahua– La contratación de pólizas de seguros de vida y gastos médicos mayores para los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue cancelada por falta de recursos.

El anuncio fue hecho ayer a través de un oficio enviado por el titular de la Dirección General de Administración de la FGE, Rafael López Parra, quien solicitó anular el trámite de las licitaciones SH/LPE/005/2021 y SH/LPE/006/2021, las cuales eran para contratar este servicio.

Dichas pólizas contarían con tres coberturas: la primera de vida, la segunda por enfermedades graves y la tercera por intervenciones quirúrgicas, según muestran las características publicadas en los anexos de dichas licitaciones.

El contrato SH/LPE/005/2021 corresponde a la Fiscalía estatal y daría cobertura a 4 mil 600 empleados, mientras que la SH/LPE/006/2021, de la SSPE, estaba dirigida a 4 mil 500 servidores públicos.

Para la cancelación, López Parra consideró lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Éste señala que hasta antes del acto de presentación y apertura de propuestas, los entes públicos, a través de su comité, podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual podrá ser en cualquier tiempo.

Continúa: “La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de las personas licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Décimo de esta Ley”. 

También establece que, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y de fuerza mayor, los entes públicos cubrirán a los licitantes los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con la operación correspondiente, y que sean procedentes conforme a lo dispuesto por el reglamento. 

Por la cobertura por fallecimiento –incluyendo suicidio– la aseguradora otorgaría 300 mil pesos al personal denominado como “policial” o “de investigación”, y 100 mil al clasificado como “resto del personal”.

Por enfermedades graves la cobertura era por 100 mil pesos al personal policial o de investigación y 75 mil al resto.

Las enfermedades graves contempladas eran infarto al miocardio, accidente vascular cerebral, trasplante de órganos vitales, insuficiencia renal crónica (sujeta a diálisis), procedimientos quirúrgicos de revascularización miocárdica o cirugía de puentes aortocoronarios, además de cáncer.

La cobertura por intervención quirúrgica contemplaba hasta 180 mil 440 pesos a repartir entre los beneficiarios designados por el asegurado, para el personal clasificado como “personal policial” o “de investigación”, y 50 mil al “resto del personal”.

La prestación de seguro de vida para altos funcionarios, personal de alto riesgo y funcionarios de confianza forma parte de lo que el Estado ofrece desde hace varias administraciones, ya que en los mandatos de César Duarte y de José Reyes Baeza fueron publicadas licitaciones para adquirir este servicio en el Periódico Oficial del Estado.