Dejan sin servicio médico a 688 mil chihuahuenses

Chihuahua— El fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) colapsó al nuevo sistema IMSS–Bienestar, pues dejó sin el servicio que antes brindaba el Seguro Popular a 688 mil 684 chihuahuenses, además de que ahora tiene a cientos de empleados del Sector Salud a punto de perder su trabajo, dado que sus contratos acaban al finalizar el mes de junio.

A unas semanas de cumplir un año de haber sido liquidado, el Insabi duró en funciones alrededor de tres años y medio en todo el país. Durante este período, el programa de salud federal operó bajo dos esquemas de coordinación con los estados: adheridos y no adheridos. Chihuahua se ubicó en la categoría de estados no adheridos, según las reglas establecidas por el programa.

En ese tiempo, de acuerdo con personal de la Secretaría de Salud, tanto del área federalizada conocida como Servicios Estatales de Salud (SES) como del área estatal, Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), hubo retrasos en el suministro de medicamentos, así como llegada de los mismos con pocas semanas antes de caducar; falta de vacunas y de personal para aplicarlas en las campañas especiales contra diferentes enfermedades, así como reducción del presupuesto destinado a estos rubros.

El Insabi llegó a sustituir al programa del Seguro Popular (SP), creado en 2001. El SP tuvo continuidad durante las siguientes administraciones federales, mediante un esquema de coordinación con los estados para su financiamiento y una operación mediante pólizas individuales que cubrían la mayor parte de las enfermedades, así como un fondo para padecimientos catastróficos, es decir, aquellos que rebasaban la capacidad económica de las personas afiliadas para llevar tratamientos o someterse a procedimientos de muy alto costo.

Fue el 27 de diciembre de 2019 cuando fue publicado el decreto de creación del Insabi, para absorber a la población que tenía servicios médicos del programa de Seguro Popular, pero entre sus objetivos estaba centralizar las estructuras estatales de salud para homogenizar la calidad de los servicios. 

En el caso de Chihuahua, su sistema de salud de 23 hospitales y 234 centros de salud distribuidos por toda la entidad no entró al esquema planteado, igual que otros nueve estados del país que mantienen la no adhesión, mientras otros 22 ya lo hicieron.

Al comenzar el año 2020 y entrar en vigor las reformas que crearon el Insabi, el entonces gobernador Javier Corral negó la adhesión de Chihuahua al Insabi, por lo que consideró una regresión transferir todos los servicios de salud, con activos del Estado, a la Federación. 

Como estado no adherido, Chihuahua mantuvo la coordinación con el Insabi pero con menos recursos federales para la inversión y mantenimiento del sistema de salud federalizado, que se destinan mediante diferentes fondos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fue hasta agosto del 2020 cuando fueron concretados los acuerdos de coordinación del Insabi con los estados no adheridos, entre ellos Chihuahua, y quedaron limitados los servicios que antes otorgaba el Seguro Popular.

Las afectaciones de este cambio fueron evidentes en la cobertura de los servicios de salud, medicinas, vacunas, consultas; y en el plano laboral, fue suspendida la basificación de trabajadores de la Secretaría de Salud que durante anteriores períodos se habían realizado.

Hasta el año 2020, de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población en México con derechohabiencia en algún sistema de salud era de 95 millones 528 mil habitantes. De éstos, 47.2 millones eran del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 7.1 millones de personas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 32.8 millones del Insabi; 958 mil en el sistema IMSS–Bienestar y casi seis millones en otros servicios de salud. 

En Chihuahua, eran 3.1 millones de personas con servicios médicos: dos millones con servicio del IMSS; 172 mil con ISSSTE; 668 mil con Insabi y apenas 31 mil 733 con IMSS–Bienestar, así como otros 286 mil en servicios de salud privados o de otro tipo.

Esa población atendida mediante el Insabi era básicamente la misma, con crecimiento anual ordinario, que antes tenía a disposición el Seguro Popular.

IMSS–Bienestar, sistema de medio siglo

El modelo del Insabi no alcanzó los objetivos de atención planteados, por lo que el 29 de mayo de 2023 fue decretada su extinción. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación transfería las funciones, recursos y capacidades del instituto al sistema IMSS–Bienestar, un modelo creado en México desde 1973, con una reforma a la Ley General del Seguro Social, orientada a dar servicios de salud a la población sin capacidad contributiva.

En sus inicios hace casi medio siglo, IMSS–Bienestar fue Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria; luego fue llamado Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Coplamar; en 1989 cambió a IMSS–Solidaridad (emblema de la administración de Carlos Salinas de Gortari); cambió a Progresa en 1997; posteriormente a IMSS–Oportunidades (sexenio de Vicente Fox); y finalmente a Prospera (gobierno de Enrique Peña Nieto).

A la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cambió a la denominación Bienestar, con el mismo objetivo de llevar servicios médicos del IMSS a la población de las zonas más marginadas del país, que no podían estar dentro del modelo de operación general del instituto, basado en la contribución del Gobierno federal, los dueños de las empresas y los trabajadores.

A este sistema, que en 2020 apenas atendía a poco más de 30 mil chihuahuenses, pasó la responsabilidad del Insabi, que tenía a su cargo la atención de casi 700 mil derechohabientes, lo que ha rebasado las capacidades del IMSS–Bienestar para cumplir con su misión, por la cantidad de personas asignadas ahora a este modelo, sin los recursos suficientes.

En diciembre de 2023, el IMSS–Bienestar volvió a buscar la adhesión de los estados faltantes para centralizar los servicios de salud, con el mismo ofrecimiento de que la Federación se hiciera cargo de los hospitales, medicamentos y operación general del sistema de salud.

Al cierre de 2023, los estados de Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Guerrero, Veracruz, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, la Ciudad de México, Chipas, Tabasco, Baja California y Puebla, ya formaban parte de los Servicios de Salud IMSS–Bienestar.

Sin embargo, la administración de Maru Campos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, volvió a reiterar la negativa de adherirse ahora a este modelo federal, por la falta de garantías de que habría una atención del nivel actual, como mínimo, que tienen los SES y el Ichisal.

Por ello, negó la entrega del sistema de salud estatal a la Federación, a través del IMSS–Bienestar, lo que ocasionó el despido de cerca de 150 trabajadores cuyos salarios eran pagados por el Insabi, pero laboraban en instalaciones la red hospitalaria y de centros de salud del estado.

En cambio, Campos Galván puso en marcha el sistema Medi–Chihuahua, un modelo de atención a la salud para la población no derechohabiente de otros sistemas, con el fin de suplir las tareas que dejaba de realizar el Insabi y mitigar los efectos de la no adhesión al nuevo modelo IMSS–Bienestar, que hasta la fecha opera con alta incertidumbre.

En marzo de este año, la Federación dejó de enviar los recursos para el pago de una parte de los trabajadores y el Gobierno del Estado no tuvo la capacidad ni la suficiencia presupuestal para darles empleo dentro del sistema estatal. Ante esta crisis, a dichos trabajadores les fue extendido su contrato tres meses más, que vencen el mes de junio.

De acuerdo con versiones de los propios trabajadores afectados, no saben la cantidad de los que podrían estar en riesgo de quedar sin trabajo ante el cambio del modelo del Insabi al IMSS–Bienestar, pero eran miles los que estaban asignados a Chihuahua en diferentes rubros, pagados con los recursos federales que entre 2023 y 2024 han fluido de forma irregular a la entidad.

Lo que dejó el Insabi en el aire en Chihuahua 

Hasta antes de su extinción el año pasado, el Insabi alcanzó a tener una nómina de dos mil 239 profesionales de la salud, distribuidos en 166 instalaciones médicas de la red federal y estatal de hospitales y centros de salud.

De acuerdo con el informe de resultados del Insabi, desde su fecha de creación hasta el año de su desaparición (2019–2023), tenía contratados 543 médicos, mil 147 enfermeras y enfermeros, 413 recursos paramédicos y 136 recursos afines. 

En 148 unidades de primer nivel de atención (básico), estaban contratados 288 médicos, 391 enfermeras, 201 trabajadores de la rama paramédica y 65 empleados afines, es decir, 945 en total.

En 16 unidades de segundo nivel de atención (algunas especialidades), estaban 205 médicos, 583 enfermeras, 172 empleados de la rama paramédica y 68 afines, para dar un total de mil 028; mientras que en unidades de tercer nivel de atención (alta especialidad), eran 50 médicos, 173 enfermeras, 40 de la rama paramédica y tres afines, un total de 266.

Estos trabajadores del Insabi, con el acuerdo de coordinación con el estado de Chihuahua, laboraban en instalaciones de las red de salud estatal, en clínicas, hospitales y centros diversos por toda la entidad, para dar servicios médicos a la población afiliada.

El decreto que extingue el Insabi y pasa sus funciones al IMSS–Bienestar, señala que no serán afectadas las condiciones laborales de los trabajadores del instituto, que pasaban a formar parte del nuevo modelo, pero la transición ha generado incertidumbre y una baja en la calidad de los servicios, a decir de los mismos empleados que buscan mantenerse en el anonimato para no resultar afectados.

Algunas estimaciones de los propios trabajadores señalan que podrían ser alrededor de 140 los despedidos, que corresponden a la rama paramédica; otras apuntan que la cifra llegaría hasta 500 empleados los despedidos, lo que depende de la fuente de pagos de sus sueldos.

El IMSS–Bienestar ni la estructura de salud federal han oficializado información del proceso de transición ni de la operatividad del sistema, como tampoco de las implicaciones de la no adhesión de Chihuahua a dicho modelo.

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