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Estado

Dará tribunal seguimiento a las demandas civiles

Luego de que se señalara que los actuarios habían tenido problemas para notificar personalmente al apoderado legal de la empresa

Argelia Domínguez / El Diario de Chihuahua

martes, 25 enero 2022 | 06:00

Tomada de internet

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Chihuahua.– El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dará seguimiento a las demandas civiles en contra de Aras Business Group conforme lo establecen los cauces legales, luego de que se señalara que los actuarios habían tenido problemas para notificar personalmente al apoderado legal de la empresa. 

El Poder Judicial se reservó dar detalles sobre el desahogo de los procedimientos civiles que se siguen en contra de Aras Business Group S.A.P.I., pero garantizó que se les dará el seguimiento que corresponda. 

Desde el fin de semana, este medio dio a conocer que el abogado externo, Jorge Emilio Hernández Mata, ha negado ser el apoderado legal de la empresa, informó ayer el vocero Israel Hernández, motivo por el que los actuarios no habían podido hacer las notificaciones personalmente. 

Sin embargo, la legislación procesal prevé otros medios de notificación para emplazar a la firma a que responda a las demandas realizadas por las personas que invirtieron dinero y que no han recibido el pago de sus rendimientos ni se les ha reembolsado su capital. 

El artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado prevé que, cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. 

Actualmente, se han recibido 632 escritos de demanda que se radican en los diferentes juzgados civiles, conforme se cumplen los tiempos procesales. El TSJ ha reiterado que cuenta con el personal para atender a las personas que se sientan agraviadas por la firma. 

Aras no sólo está sujeta a demandas civiles, obran en su contra casi cuatro mil querellas en la Fiscalía General del Estado por defraudar a sus inversionistas. Además, las protestas de los afectados, aunque cada vez menos frecuentes, no se han detenido. 

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