‘Congelan’ auditoría a contrato de combustible

Ciudad Juárez— A pesar de que desde junio pasado el presidente de la comisión de Fiscalización en el Congreso local, Miguel Ángel Colunga Martínez, aseguró que realizarían una auditoría al contrato de servicio de control de consumo de combustible por más de 297 millones de pesos a la empresa Edenred, contratada por el Gobierno estatal, el proyecto no ha avanzado.

“Hicimos una serie de planteamientos a la Auditoría Superior del Estado que apenas se van a revisar. Salvo que hagamos una auditoría especial pudiéramos lograrlo, pero es muy difícil que se dé este año”, señaló el legislador.

Aseguró que hay indicios de corrupción en el gasto, ya que el software adquirido es caro, sin embargo ni siquiera existe una petición para realizar una auditoría especial al proceso de adjudicación directa.

“Para nosotros es urgente promover la propuesta antes de que termine el año para que se dé una revisión hasta 2020”, adelantó.

La semana pasada la Auditoría Superior del Estado reportó que Hacienda estatal no presentó fundamento legal para otorgar dicho contrato en adjudicación directa, de acuerdo con el Resumen de Observaciones de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.

El documento señala que el acta de Adjudicación Directa SH/AD/001/B/2018, de fecha 16 de enero de 2018, no presentó fundamento legal para otorgar dicho contrato en adjudicación directa a la empresa Edenred México S.A de C.V. por la contratación del servicio online de un sistema de control de consumo de combustible por un monto de 297 millones 401 mil 051 pesos, que también incluye el gasto por combustible.

Omar Bazán Flores, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que se presentará una petición a la ASE para la realización de una auditoría debido a que no se transparentó “el proceso de liquidación y sin ningún beneficio claro para el Estado, por lo que de nueva cuenta será señalada junto a la contratación de otro software bajo ese oscuro criterio de asignación”, detalló.

“Se debe revisar para iniciar una investigación y determinar si hay delito administrativo o penal” en la adjudicación directa, agregó el legislador. (Pável Juárez / El Diario)

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