Busca mamá justicia para Gabriel en EU

Chihuahua, Chih.- Blanca Ascencio, madre de Gabriel Alejandro Díaz, joven de 19 años que fue asesinado el 2 de marzo luego de un altercado en un bar, decidió viajar a los Estados Unidos en búsqueda de justicia.

Explicó que su hijo era ciudadano norteamericano y, en Chihuahua, las autoridades no sólo dejaron ir a dos de los presuntos responsables del crimen, sino que liberaron al único involucrado que estaba detenido.

Ayer, en una entrevista concedida desde algún lugar de Estados Unidos, declaró que su decisión de salir del país se debió a que no encontrará justicia para Gabriel en Chihuahua, debido a que la investigación en torno a su muerte ha tenido una serie de irregularidades graves que permitieron que los dos principales sospechosos, Édgar R. F., y su hijo Brayan R. N., huyeran del estado.

Luego de que el único detenido, identificado como Diego Z. B., fue liberado el pasado mes por la resolución de la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, que revirtió el auto de vinculación a proceso por homicidio calificado que pesaba en su contra, destacó que ella está haciendo lo que las autoridades no hacen: buscar que los responsables enfrenten a la justicia.

He hablado con una congresista para que sea a través de la Embajada de Estados Unidos, que sea solicitada la extradición de los dos señalados como los homicidas de mi hijo”, mencionó.

Recalcó que la resolución del magistrado que dejó libre al presunto implicado en los hechos del 2 de marzo carece de justificación, ya que el juzgador tenía la opción de reformular la acusación, pero en lugar de eso lo dejó en libertad y actualmente el joven y su familia ya no están en su domicilio.

Agregó que incluso hay evidencia de que todo el conflicto que le costó la vida a su hijo fue originado por el joven que ahora está en libertad.

“Parte del personal de la Policía Ministerial que recabaron los videos, tanto de la casa del agresor, cómo donde fueron los hechos, los destruyeron, tenían las identificaciones de los responsables desde el primer minuto y lo que hicieron fue ayudarlos a huir, entorpecieron las labores”, apuntó.

También manifestó que desde los primeros días de las investigaciones, vieron la intención de impedir que las indagatorias avanzaran, principalmente por parte de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía.

Apuntó que por intereses fueron borrados videos en los que habían sido captados los agresores, ya que los dos principales responsables tienen relaciones personales con agentes estatales, incluso tienen información de que los involucrados estaban en compañía de esos elementos la noche del homicidio.

“No recabaron ningún video y luego los pidieron con fecha errónea, a dos meses no han sido incluidos en la carpeta de investigación”, dijo. Además mencionó que toda la evidencia que involucraba a agentes estatales fue borrada.

Otra irregularidad que han encontrado es que el guardia de seguridad de la caseta del residencial en donde fue asesinado el joven, fue despedido tras ser entrevistado, sin que haya sido localizado hasta ahora.

Sobre la posibilidad de que haya un grupo criminal protegiendo a los dos sospechosos principales, mencionó que todo apunta que no existe esta situación, ya que incluso una agrupación se deslindó con ella de lo ocurrido.

Acusó que la responsabilidad de las irregularidades recae en la Policía Ministerial, motivo por el cual presentó la queja 79/2024 ante Asuntos Internos de la Fiscalía y la 110/24 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

En lo que respecta a la comunicación con las autoridades, señaló que en tres ocasiones ha platicado con el fiscal general, César Jáuregui Moreno, con quien si bien la atención ha sido buena, no se ha hecho nada ante las “irregularidades”.

Destacó que Édgar R. F., señalado como quien le disparó a su hijo, tiene cuatro familiares en la Policía Ministerial y uno de la Policía Estatal.

“Ahora resulta que nadie lo conocía, que nadie sabe de dónde obtiene recursos”, expresó y añadió que ella les proporcionó a los investigadores los teléfonos de los familiares que trabajan en las corporaciones de Edgar R. F. y su hijo, Bryan R. N., pero nadie ha investigado.

“Responsabilizo al comandante de la Unidad Investigadora de Homicidios o a los agentes de la unidad de lo que me pase a mí y a mi familia, por todos los roces que he tenido”, concluyó.