Acusan a legisladores de proteger a mineras

El colectivo nacional Cambiémosla Ya, que impulsó los cambios a la Ley Minera, reclamó la impugnación hecha el pasado miércoles por legisladores de oposición a este nuevo ordenamiento, al cual califican como el primero que reivindica derechos “largamente violentados”, como la consulta y el consentimiento de las comunidades a los proyectos.

“Al impugnar, las y los legisladores de PAN, PRI y PRD favorecen los intereses de las empresas mineras, que durante 31 años han contado con una ley que les permitió especular con los bienes de la nación, violar derechos, contaminar el agua, arrasar con el ambiente, deforestar, violentar a las comunidades y destruir y saquear los bienes naturales del país”, indicó el colectivo a través de un comunicado.

“Impugnan derechos como la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, que deben ser garantizados porque son obligaciones del marco convencional de los derechos humanos y de la Constitución”, agregó el texto.

La organización informó que cuando hablaron con la diputada federal panista por Chihuahua Patricia Terrazas sobre la pobreza en municipios mineros como Chínipas, ésta dijo que esa localidad del sur del estado era un “paraíso”, término que también le atribuyeron al pedirle en redes sociales no impugnar lo aprobado.

“Para la diputada Patricia Terrazas, Chínipas es un paraíso gracias a la minería. En este municipio, uno de los principales extractores de oro del país, 86% de la población vive en pobreza. Dada la realidad, le pedimos no impugnar la nueva Ley de Minería”, escribió la cuenta de Cambiémosla Ya en Twitter el 31 de mayo.

Terrazas, por separado, dijo en entrevista no haber usado la palabra “paraíso”, pero sí haber destacado la importancia de la actividad minera en las comunidades de la zona serrana de Chihuahua por las cuales es diputada (Distrito 7). “Yo lo que hablé es que gracias a la industria minera, muchos caminos de la sierra y de las poblaciones, incluyendo Chínipas, se podía llegar gracias a que esos caminos, y esa conectividad era gracias a las mineras”, dijo Terrazas.

“Y también hablé de que gracias a las mineras, en muchos de los municipios, y no nomas hablé de Chínipas, hablé de Ocampo, de Moris, de Madera, que en Madera, debo decirlo de paso, hasta se pelean las rutas por donde transite la comunidad minera; esto es, que si van a pasar por una de las comunidades o por una de las poblaciones, para que exista derrama económica ahí, y he tenido algunas reuniones con personas empresarios para que ellos conozcan, que me den a conocer que ellos tienen la intención de que la actividad minera pues haya mayor derrama económica en muchas de las poblaciones. O sea, lejos de estar molestos con la actividad minera, quieren que esté ahí”, agregó Terrazas.

‘Conozco’ a edil de Chínipas

La legisladora panista mencionó también haber hablado sobre la nueva ley con los alcaldes de su distrito (incluyendo Salomé Ramos, de Chínipas, dijo), y que éstos proponían una discusión a través de un “parlamento abierto” en el que pudieran participar.

De acuerdo con información difundida por este medio, Ramos presuntamente tiene un vínculo de parentesco con integrantes de la familia Salazar, a la que autoridades estatales han atribuido actividades de crimen organizado como el asesinato en 2017 de la periodista chihuahuense Miroslava Breach. “Yo lo conozco y estuve ahí en un lugar donde llegaron a saludar, pero no estoy segura si sean parientes o no”, dijo ayer Terrazas cuando se le preguntó por el presunto nexo.

“El testigo con identidad reservada señaló directamente que el anterior presidente municipal panista (2013-2016) Hugo Amed Schultz, trabajaba directamente para ‘Los Salazar’ y también el sucesor Salomé Ramos”, publicó este medio el 28 de febrero de 2020, al reportar una audiencia federal por el crimen de Breach.

Frena nueva ley minas en zonas con sequía

Las modificaciones a la Ley Minera (y otras) fueron aprobadas por unanimidad el pasado 29 de abril por el Senado de la República “para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería y así recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de la nación”, como indicó esta Cámara en su página oficial.

De acuerdo con el colectivo (cuya información indica aglutinar “comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio”), el nuevo ordenamiento contiene, además de la obligación de acatar los resultados de las consultas, avances como el fin del carácter de actividad preferente dado a la minería, su prohibición en zonas con estrés hídrico y en áreas naturales protegidas, entre otros.

Los diputados de oposición, entre ellos la fracción parlamentaria del PAN, como explicó ayer Terrazas, presentaron la impugnación el pasado miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando violaciones al debido procedimiento legislativo.

redaccion@redaccion.diario.com.mx