Acumula gobierno casos de funcionarios sin título

Se han detectado al menos tres casos en la administración actual

Itzel Ramírez/
El Diario
miércoles, 13 febrero 2019 | 06:00

El gobierno de Javier Corral ha acumulado casos de funcionarios de primer nivel que, sin tener carreras terminadas, firman documentos oficiales ostentándose con títulos profesionales. 

El Diario reveló ayer que Rogelio Loya, jefe del departamento de Programas Sociales en la Subsecretaría de Desarrollo Social, firmó oficios como licenciado, título del que carece. 

En el mismo caso estuvo el excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, quien sin haberse titulado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), firmaba documentos como licenciado. 

Pinedo, removido de su cargo en diciembre pasado, incluso aseguraba contar con estudios de maestría. Sin embargo, el actual exfuncionario no acreditó contar con el título de licenciatura ni con la cédula profesional que sustentara la obtención del grado académico. 

Por ley, los funcionarios de Chihuahua desde el nivel de jefe de departamento hasta el titular de cada dependencia, deben entregar la versión pública de su currículum vitae para que se pueda consultar en las obligaciones de transparencia de los entes públicos. 

En la versión pública de su información curricular, Pinedo afirmaba ser licenciado en Historia por la UACJ y contar con estudios de maestría. Al ser el responsable de la Coordinación de Comunicación Social, Pinedo era el encargado de las contrataciones de publicidad del gobierno de Chihuahua, en más de 600 documentos, el exfuncionario se ostentó como licenciado.

Sin embargo en solicitudes de información diversas, así como en entrevistas, Pinedo Cornejo rechazó afirmar si contaba o no con el título de licenciatura. Incluso el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) ordenó a la Coordinación de Comunicación Social entregar copia del título de licenciatura de Pinedo o de lo contrario declarar la inexistencia del grado académico, sin embargo la dependencia del Ejecutivo hizo caso omiso a la orden del organismo autónomo. 

En el caso de Rogelio Loya, el funcionario informó tener estudios truncos de la licenciatura en Derecho, también por la UACJ. La versión pública de su información curricular detalla que el último certificado obtenido por Loya es el de bachillerato por la Preparatoria Cultural de Ciudad Juárez.

Carecer de título universitario, sin embargo, no impidió que el excoordinador del Seguro Popular Zona Norte firmara documentos oficiales ostentándose como licenciado. 

La acción generó que la Secretaría de la Función Pública iniciara un proceso de revisión. De acuerdo con información reportada por El Diario, el oficio SFP-2319-2018 muestra una constancia de la UACJ que indica que Loya solamente cursó hasta el quinto semestre de la carrera de Derecho. 

Otro caso fue el de Jorge Ostos, quien con preparatoria como grado máximo de estudios, ocupaba el cargo de jefe de Transporte en Juárez, un puesto para el que se requiere posgrado, de acuerdo con la convocatoria emitida por el gobierno de Chihuahua para ocupar el puesto. 

Revelado el incumplimiento de los requisitos de formación académica, Ostos fue sacado de la jefatura de Transporte –dependiente de la Secretaría General de Gobierno-, aunque permaneció en la nómina estatal, adscrito a la oficina de Gobernación de la Zona Norte. 


Sanción por ley

La ostentación de un título profesional sin contar con el grado constituye una falta sancionada por ley tanto a nivel federal como estatal.

En el capítulo X de la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua se considera una falta contra el decoro y la dignidad profesional “la manifestación de tener estudios de licenciatura… sin contar con el título o diploma correspondiente debidamente registrado ante la Oficina Estatal de Profesiones, o sin el documento que acredite la certificación, emitido por las autoridades federales”, según la fracción III del artículo 98.

El artículo 105 de la misma legislación establece que la conducta referida conlleva a una pena equivalente a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Mientras que en el Código Penal del Estado de Chihuahua considera la usurpación de profesión un delito.

“A quien se atribuya el carácter de profesionista u ostente algún postgrado, sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello y ofrezca o desempeñe sus servicios bajo ese carácter, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa”, menciona el artículo 319.

Consultada sobre la existencia de funcionarios que firman documentos con grados de los que carecen, la Coordinación de Comunicación Social consideró que las acciones perjudican a los individuos y no al gobierno de Chihuahua. 

“Cuando una persona se ostenta con un título que no tiene, quien lo hace es uno, no el gobierno. Uno es quien debe cuidar cómo se presenta. La que se lastima es la imagen de las personas que lo hacen, independientemente de dónde lo hagan”, mencionó el área. 

La dependencia destacó que la SFP inició un procedimiento de investigación en contra de Loya. 

“La Secretaría de la Función Pública ha sido implacable, eso no se hacía antes. Cuando se empieza a cuidar esas cosas es indicativo de que se está revisando, antes nadie observaba, nadie cuidaba”, se indicó como respuesta.


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