Robaban identidades para comprar electrónicos

El Paso— Wilver José Polanco-Alvarez, ciudadano de la República Dominicana de 26 años que reside en Miami, y José Eduardo Gómez Salas, un ciudadano de la República Dominicana de 25 años que reside en Nueva York, admitieron  el miércoles en un tribunal federal de El Paso el uso de información de identificación personal para obtener dispositivos electrónicos de alta gama como teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y relojes.

Al comparecer ante el juez federal de distrito David Briones esta mañana, ambos acusados se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y tres cargos de robo de identidad agravado.

Según documentos judiciales, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU en el Puente Internacional Paso del Norte en El Paso se encontraron con los acusados el 11 de abril de 2020. Durante una inspección, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos pertenecientes a los acusados. Una revisión posterior del iPhone de Gómez reveló información de identificación personal de varias personas, así como fotografías de Polanco asumiendo y utilizando diferentes alias en forma de licencias de conducir fraudulentas de Indiana, Texas, California, Nuevo México, Carolina del Sur y Tennessee.

Una investigación adicional reveló que los acusados operaban un plan en al menos cinco estados diferentes con la ayuda de otros para comprar y activar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en tiendas minoristas utilizando documentos de identificación fraudulentos e información de identificación personal robada para incluir información de cuentas inalámbricas. Después de recoger los nuevos teléfonos y dispositivos, Gómez enviaba los artículos por correo al presunto cabecilla de 28 años Marcos Andrés Briceno-Romero en Nueva Jersey.

Polanco y Gómez han permanecido bajo custodia federal desde su arresto en abril de 2020. Se enfrentan a hasta 20 años de prisión federal por el cargo de conspiración. Cada cargo agravado de robo de identidad exige dos años obligatorios en una prisión federal. La sentencia aún no se ha programado.