Impacta poco a El Paso batalla por el aborto

Aunque la prohibición del aborto de seis semanas en Texas ha provocado alarma y angustia para las pacientes y los proveedores de abortos en todo el estado, de alguna manera, no ha cambiado mucho para El Paso.

Desde el 1 de septiembre, el Proyecto de Ley del Senado 8 (SB 8) ha enviado a innumerables personas fuera del estado para poner fin a los embarazos no deseados. Para los habitantes de El Paso que desean abortos, ese viaje a través de fronteras estatales e incluso internacionales no es nada nuevo.

La SB 8 prohíbe los abortos tan pronto como se pueda detectar actividad cardiaca en un embrión. Por lo general, eso es tan pronto como seis semanas, el límite de tiempo legal más estricto en el país. Sin embargo, SB 8 no castiga directamente a las pacientes de aborto por violaciones. En cambio, permite a los ciudadanos privados demandar a cualquiera que, intencionalmente o no, los “ayude o incite”.

Al apuntar a aquellos que “ayudan o son cómplices”, la SB 8 ha marcado el comienzo de una nueva realidad para los grupos de justicia reproductiva de El Paso, obligándolos a adaptar sus servicios y, en algunos casos, restringir la ayuda que brindan.

Tres días después de que entrara en vigencia la nueva ley de Texas, el pequeño personal de West Fund, una organización sin fines de lucro de El Paso que ayuda a financiar abortos para personas en todo el Oeste de Texas, tomó una decisión unánime. “Estamos cerrando temporalmente nuestra línea de ayuda a partir de hoy”, escribió el grupo en un anuncio de Instagram el 4 de septiembre. “Necesitamos algo de tiempo para reagruparnos y volveremos”.

Bajo la SB 8, West Fund, los miembros de su personal e incluso sus voluntarios, podrían ser demandados por 10 mil dólares por cualquier cantidad de ciudadanos privados, ubicados en cualquier parte del país. La complicidad, según SB 8, puede incluir “pagar o reembolsar los costos de un aborto a través de un seguro o de otra manera”.

Esa disposición coloca los fondos para el aborto en Texas en la mira directa de la ley. Incluso si West Fund ganara su caso, según la SB 8, el grupo no podría recuperar los honorarios legales gastados para defenderse.

El costo puede ser una de las mayores barreras para el acceso al aborto para las personas de bajos ingresos y las personas de color. Cerrar la línea de ayuda significó que West Fund no recibiría llamadas o mensajes de texto de nadie que necesitara ayuda para pagar un aborto.

La decisión no fue a la ligera. “Todos estábamos realmente enojados”, dijo Alexis, gerente de la línea de ayuda de West Fund, quien ahora usa el pronombre ‘ellos’. (El personal de West Fund ahora oculta sus apellidos en entrevistas con periodistas y en su sitio web y redes sociales, dijo Alexis, por seguridad).

West Fund esperaba que la pausa de su línea de ayuda durara sólo dos semanas. Duró casi seis.

¿Dónde está nuestro proveedor?

Cuando la SB 8 entró en vigencia, El Paso, un condado de 865 mil personas, ya había estado sin un proveedor de servicios de aborto durante casi 18 meses. Entre 2019 y 2020, la cantidad de abortos en el Condado de El Paso se redujo en un 60 por ciento, según datos de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Aunque algunas mujeres en El Paso podían viajar a clínicas de aborto cercanas en Sunland Park y Las Cruces, Nuevo México, para abortos quirúrgicos o médicos, o comprar medicamentos baratos para el aborto sin receta en las farmacias de Ciudad Juárez, esta no era una opción para todas.

Y con más texanos que hacen citas en clínicas fuera del estado, a Alexis le preocupaba que los costos pudieran aumentar para las personas en El Paso y el Oeste de Texas. Como regla general, cuanto más avanzado está el embarazo, más puede costar un aborto. Los procedimientos pueden oscilar entre $250 y $9 mil, anotó Alexis.

El aumento de los tiempos de espera también puede tener un gran costo físico y emocional, agregaron. “Incluso si son sólo un par de meses, si no quieres estar embarazada, eso sigue siendo muy traumatizante para tu cuerpo y para tu salud mental”.

La situación ha provocado una larga frustración en Alexis. “Nuestra Planned Parenthood de El Paso, ¿dónde está nuestro proveedor de abortos?” preguntan ellos.

El Paso Planned Parenthood permanece abierto y continúa ofreciendo servicios como pruebas de infecciones de transmisión sexual y atención de afirmación de género, pero dejó de ofrecer abortos en marzo de 2020.

Antes de eso, la clínica había traído médicos en avión dos veces al mes para realizar abortos. Pero las preocupaciones sobre las infecciones por Covid-19 pusieron fin a esos vuelos, dijo Autumn Keizer, portavoz de Planned Parenthood of Greater Texas. La clínica de El Paso ha tenido problemas para contratar a un nuevo médico.

“No sé, haga su trabajo: haga que El Paso suene elegante, pague más a sus médicos”, dijo Alexis. 

"Nosotros también estamos frustrados”, dijo Keizer. “Pero nunca dejamos de buscar (un proveedor) incluso sabiendo que SB 8 estaba en camino. Creo que acabamos de estar en un período prolongado de enormes desafíos con la pandemia, y ahora con la SB 8 siento que, con suerte, encontraremos algo de alivio en el futuro cercano”.

La organización también espera contratar un proveedor en la región, alguien que no necesite que lo traigan en avión periódicamente.

En respuesta a la SB 8, Keizer dijo que las clínicas de Planned Parenthood of Greater Texas (PPGT), incluido El Paso, han buscado aumentar el acceso a anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia, ofreciendo precios de escala móvil para aquellos que no pueden pagarlos.

PPGT también ha proporcionado fondos para que las pacientes viajen fuera del estado para realizar abortos y contrató nuevos navegadores de salud para ayudar a las personas con embarazos no deseados a negociar la complicada logística y los costos cada vez más altos de obtener un aborto después de seis semanas.