Contemplan desestimar otros mil casos criminales

Después de cuatro días de audiencias la semana pasada, un juez desestimó alrededor de 370 casos penales en El Paso, debido a demoras en los procesos judiciales.

La Oficina del Defensor Público de El Paso, que buscó las desestimaciones, dice que esto es solo el comienzo: tiene más de mil casos elegibles para ser desestimados y planea presentar nuevas mociones pronto.

Entre el 15 y el 18 de agosto, la Oficina del Defensor Público de El Paso solicitó alrededor de 390 cancelaciones en virtud de una sección del Código de Procedimiento Penal de Texas que exige que los fiscales presenten cargos dentro de los 180 días posteriores al arresto. Aproximadamente 20 de esas solicitudes fueron retiradas; el resto fueron concedidas.

El propósito del artículo 32.01, según la moción de desestimación, es evitar que las personas sean encarceladas o puestas bajo condiciones de fianza por largos períodos, antes de que sean acusadas de un delito.

Los casos desestimados iban desde delitos menores de Clase B, que conllevan sentencias de seis meses de cárcel, hasta delitos graves de primer grado, con hasta 99 años de prisión.

La fiscal de distrito, Yvonne Rosales, ha enfatizado que las desestimaciones no le impedirán fincar cargos en estos casos en el futuro. “Se hará justicia”, dijo en una entrevista con la estación de televisión KFOX-14. “Su caso no está perdido”.

En un comunicado de prensa escrito, señaló que el plazo de prescripción para muchos de los casos desestimados es de dos a 10 años.

Sin embargo, pasar a buscar años más adelante “sería una injusticia extrema no solo para mis clientes, sino para todo el sistema legal”, dijo la defensora pública de El Paso, Kelli Childress.

Los estatutos de limitaciones están destinados a ser utilizados para “las circunstancias más singulares”, dijo.

“Están disponibles para los momentos en que se cometió un delito y si no tenemos idea de quién lo hizo, pero nueve años después encontramos ADN y averiguamos quién fue, para eso está el estatuto de limitaciones”, dijo.

En contraste, Childress agregó que con estos casos Rosales estaría “por primera vez presentando casos años después de que se cometió un delito, cuando se ha sabido del delincuente todo el tiempo”.

“Tratar de llevar a estas personas de regreso a la corte en este momento va a ser mucho más litigio de lo que anticipan”, agregó, y señaló que las demoras prolongadas podrían infringir los derechos constitucionales de sus clientes a juicios justos y rápidos.

Y aunque Rosales dijo en una entrevista con KFOX que las solicitudes de retiro la habían “sorprendido”, Childress declaró que se había comunicado con la oficina del fiscal en varias ocasiones para hablar sobre los retrasos en la evaluación de casos.

Rosales no respondió a las solicitudes de entrevista de El Paso Matters.

'Como empezar de nuevo'

El jueves por la mañana, Magdalena y su hijo de 18 años se sentaron en silencio afuera de la pequeña sala de audiencias de la cárcel mientras, en menos de 45 minutos, el juez Humberto Acosta desestimó 88 casos, entre ellos el de ella.

Habían pasado 10 meses desde su arresto por un presunto delito menor de agresión. Después de unas ocho horas en la cárcel, Magdalena, una madre soltera que trabaja en un restaurante de comida rápida, dijo que pagó $350 por su libertad bajo fianza y comenzó a comunicarse mensualmente por correo electrónico con un oficial de prisión preventiva.

Mientras tanto, esperó cargos que nunca llegaron.

La amenaza de ese cargo se cierne desde octubre no solo para Magdalena, sino también para su hijo, quien trabaja en el mismo restaurante que su madre y asiste al Western Technical College.

Si el fiscal decide enjuiciar, una condena podría significar el encarcelamiento de su madre, y él tendría que cuidar de sus dos hermanos menores, dijo.

“Era algo que pasaba por nuestras mentes todos los días, de lunes a viernes, sábado, domingo, ¿sabes? No puedes concentrarte durante todo el día con eso”, dijo. “Era algo que me rondaba”.

(El Paso Matters no está utilizando el nombre real de Magdalena a pedido de ella, para evitar vincularla con un delito del que no ha sido acusada).

Tanto la madre como el hijo saben que el fiscal aún podría presentar el caso para su enjuiciamiento, lo que a Magdalena le preocupaba era que pudiera significar otra ronda de arrestos, tiempo en la cárcel y dinero pagado para salir bajo fianza.

Pero todavía saboreaba la despedida del día. Una vez que ella y su hijo salieran del juzgado, planearon irse a casa y dormir. Habían venido a la corte directamente de un turno de noche en el restaurante.

“Se siente como si estuviera comenzando de nuevo”, dijo.

‘Fianzas opresivas’

La mayoría de las personas acusadas en los casos de la semana pasada ya habían sido liberadas de la cárcel, dijo Childress. Pero muchos habían enfrentado “condiciones de fianzas opresivas” mucho más allá del límite de tiempo de seis meses establecido por el artículo 32.01, señaló.

“Lo que vemos es que las personas pasarán un año, 18 meses, cumpliendo con estas condiciones que son una sentencia de libertad condicional de facto, cuando no solo no han sido declarados culpables, ni siquiera han sido acusados todavía”, dijo Childress.

Al 20 de abril, la Oficina del Fiscal de Distrito tenía 5300 casos en revisión, según la respuesta de la oficina a una solicitud de información pública de El Paso Matters.

Durante la evaluación, estos casos se consideran “presentados previamente”, lo que significa que el fiscal aún no ha decidido si presentar el caso para enjuiciamiento y acusar formalmente a alguien de un delito.

Durante esta etapa previa a la presentación, los abogados defensores no tienen acceso a las pruebas contra su cliente, lo que puede impedir su capacidad para representarlo de manera efectiva, dijo Childress.

“Lo loco es que no podemos hacer nada para ayudar a un cliente a defenderse durante esta etapa previa a la acusación. No recibimos informes policiales, no sabemos quiénes son los testigos, no tenemos la oportunidad de salir y asegurarnos de que, ya sabes, que los videos no se borren y la gente no se vaya de la ciudad; cosas así”, dijo.

La demora del fiscal de distrito en la selección y acusación de los casos también ha afectado a las personas que están bajo custodia. El artículo 17,151 del Código de Procedimiento Penal de Texas prohíbe encarcelar a los acusados más de 90 días si el estado no está listo para el juicio.

Entre 2018 y 2020, aproximadamente 14 personas fueron liberadas en virtud de esta disposición cada año. En 2021, el primer año en el cargo de Rosales, ese número saltó a 183.

Defensa privada, analiza

La Oficina del Defensor Público representa a un acusado que no puede pagar un abogado privado y maneja aproximadamente el 40 por ciento de los casos penales en el condado de El Paso. Algunos abogados defensores privados ahora están sopesando si seguir el ejemplo del defensor público.

El abogado defensor Omar Carmona dijo que sus clientes también han experimentado demoras que harían que sus casos fueran elegibles para la desestimación según el 32.01. Pero aunque planea solicitar cancelaciones similares, él y otros abogados defensores privados pueden esperar para ver si hay alguna “consecuencia” de las audiencias de esta semana.

“Hemos visto cómo esta oficina (del fiscal de distrito) ha sido vengativa en el pasado”, dijo.

El otoño pasado, Carmona representó a Iván Gabaldón, cuyo cargo de homicidio capital fue desestimado después de que un juez dictaminara que la fiscalía había tomado “acciones vengativas” en su contra en un caso que también estuvo marcado por retrasos en la fiscalía.

En su moción para desestimar el caso, Carmona y los abogados codefensores Denise Butterworth y Félix Valenzuela alegaron que los fiscales estatales habían pedido la pena de muerte contra su cliente como una forma de comprarse más de lo que la defensa había buscado, para proteger el derecho constitucional de su cliente a una juicio rápido.

En audiencias anteriores, el jefe de división senior del fiscal, Curtis Cox, reconoció que los fiscales habían recibido el caso, pero “aparentemente durante al menos los siguientes seis meses no hicieron nada”.