Pide justicia fiscal para Chihuahua

Ciudad Juárez— En un intento por buscar mayores recursos para Chihuahua, Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. (DECJ), exigió al Gobierno federal reformar el sistema de coordinación fiscal, ya que consideró que actualmente existe un desequilibrio financiero.

A través de un desplegado, DECJ calificó de prioritario discutir la trascendencia de las participaciones federales y la manera en que son distribuidas. También, cuestionó el actual criterio de asignación de recursos, previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

El organismo empresarial consideró que Chihuahua merece un mejor trato fiscal y se pronunció a favor de otorgar un genuino federalismo fiscal que refleje la realidad del estado.

“De no haber un cambio, lo mejor será que Chihuahua se separe del convenio fiscal federal, ya que más que apoyar el desarrollo del estado, es un lastre para lograr la certeza financiera y seguridad jurídica necesaria, para el crecimiento y bienestar de los chihuahuenses” (sic).

Fernando Alba, director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C., comentó que los empresarios han mostrado inquietud ante la falta de recursos para afrontar temas como seguridad, educación y salud.

“Cada vez el gasto crece más, hay más necesidades y no hay recursos para hacerles frente, prácticamente los gobiernos están amarrados de manos. Hay que entender que el país cambió, pero sus nuevas dinámicas no se ven reflejadas en las participaciones que reciben los estados”, dijo.

Asimismo, indicó que la crisis derivada por el coronavirus magnificó el problema de desequilibrio económico. “Año tras año llegan menos recursos por parte de la Federación y esto es insostenible a largo plazo, a nivel estatal y municipios, la alta carga de deuda da un margen de maniobra mínimo para afrontar las reducciones y con esta crisis, los gobiernos se ven atados de manos porque no pueden endeudarse más, ni tampoco pueden aumentar impuestos”, reiteró.

De acuerdo con DECJ, el sistema de coordinación fiscal fue implementado desde 1978, y establece que la Federación se queda con el 80% de los fondos participables y únicamente el 20% se entrega a los estados, mediante el cual, las entidades federativas renuncian a la facultad de aplicar contribuciones a los mismos objetos gravados por el gobierno federal, a cambio de que éste distribuya una participación de la recaudación fiscal.

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