Ley de Confianza Ciudadana

Uno de los pilares que el Poder Ejecutivo pretende construir en la relación gobierno-sociedad es la confianza. Ante ello, el pasado 20 de enero de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana”, la cual tiene por objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deberán implementar, según sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

Para tales efectos, se previene la constitución de un padrón único, a cargo de la Secretaría de Economía Federal, cuya inscripción será voluntaria y que se entenderá como un acto de buena fe, porque en este se manifiesta que se ha cumplido con las obligaciones regulatorias y fiscales correspondientes.

 El registro al padrón otorgará a los empresarios beneficios y facilidades administrativas que acuerde dicha Secretaría mediante disposiciones administrativas que para tales efectos se emitan. Asimismo, esta legislación dispone seleccionar de manera estratégica de ese padrón, una seria de empresas que serán verificadas según la actividad económica que realicen, para en caso de haber saciado todas sus obligaciones regulatorias y fiscales correspondientes, recibirán un reconocimiento como “empresa confiable”.

Si bien  prima facie pareciera un verdadero marco regulatorio que apoyaría al empresariado, estas ilusiones se disipan cuando se previene que dicha ley no será aplicable en las siguientes materias: i) fiscal; ii) aduanera; iii) del trabajo (laboral); iv) seguridad social; v) comercio exterior; y vi) operaciones con recursos de procedencia ilícita (prevención de lavado de dinero).

Luego entonces, será necesario conocer cuáles serán esos beneficios que la Secretaría de Economía otorgue a las “empresas confiables”, a fin de poder calificar qué tan atractivo será para el empresario poder inscribirse en dicho padrón; cuando las materias más sensibles, recurrentes o con la mayor carga administrativa para los contribuyentes fueron expresamente excluidas de dicha ley, al tiempo.