Fiscaliza el SAT capital repatriado

Monterrey, México.- Aquellos que decidieron repatriar sus capitales del extranjero aprovechando un decreto del 2017 que buscaba incentivar el regreso de esos recursos a México quizá hoy se están arrepintiendo.

Este decreto, emitido en el marco de los "Panama papers" y publicado por el SAT en enero del 2017, establecía que dicha repatriación se podía pagando sólo una tasa de 8 por ciento del ISR.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho jurídico Adame Elizondo, refirió que ese gravamen era atractivo si se comparaba con tasas en el extranjero que iban del 30 al 35 por ciento.

"Pero ahora el SAT está fiscalizando esos recursos", señaló.

Recordó que el decreto del 2017 establecía una tasa "ciega" de ISR, sin multas ni recargos, y el fisco prometió no dar a conocer la identidad de los beneficiarios, como sucedía en programas anteriores.

"La mayor fortaleza de ese decreto fue que era muy simple".

Tan simple y atractivo que fue todo un éxito en su vigencia.

Incentivó el retorno de capitales al País por cerca de 345 mil millones de pesos y permitió una recaudación de casi 28 mil millones, según estimados de fiscalistas.

Sin embargo, hoy los inversionistas que confiaron en la bondad de ese programa están siendo auditados muy agresivamente.

"En fechas recientes hemos sabido que el SAT está fiscalizando dichos capitales, en particular el origen de los recursos retornados, a pesar de que el decreto del 2017 no establecía como requisito la comprobación del origen", aseguró Pedro Raúl Lara, director del despacho jurídico PRL Asociados.

Para muestra, está una cliente de un fiscalista de Torreón que solicitó el anonimato.

"Mi clienta repatrió una herencia aprovechando el decreto y hoy el SAT le fijó un crédito fiscal superior al monto del capital repatriado, solicitando que se compruebe el origen lícito de los fondos.

"Está desesperada, su padre ya murió, es ama de casa y no tiene forma de comprobar el origen de ese capital. Los abogados le van a costar un ojo de una cara", anotó el especialista de La Laguna.

Lara advierte sobre la incertidumbre que generan estas auditorías.

"Se genera gran desconfianza entre las personas que retornaron sus capitales cumpliendo todos los requisitos legales. Las auditorías parecen tener un fin meramente recaudatorio".

Descartó que con ese decreto se pudieran blanquear capitales, pues para efecto de persecución de delitos y combate a la corrupción, las facultades de la Fiscalía General de la República y del propio SAT estuvieron siempre vigentes.

"El decreto sólo tenía impacto en el pago de impuestos, no en su fiscalización", sostuvo.

Lara dijo que muchos inversionistas repatriaron capitales depositados en bancos extranjeros por los que ya pagaban impuestos sobre intereses y ganancias cambiarias.

"Incluso, herencias recibidas en el extranjero, que estaban exentas de impuestos".

Los expertos advierten que las facultades de comprobación de origen del SAT podrían haber caducado, pues vencen a los cinco años.

"Pero el SAT no pierde porque los que tienen que contratar abogados para defenderse son los contribuyentes", indicó el fiscalista de Torreón.

Manuel González López, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, criticó la actuación del SAT, pues el decreto nunca tuvo un objetivo de fiscalizar.

Para resumir, ahora resulta que quienes se portaron bien podrían ser castigados.