Diario
Opinión
martes, 21 enero 2020 | 06:00
Garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una obligación del Estado mexicano que corresponde a todos los niveles gubernamentales. Esta obligación es definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como aquélla que: “organiza todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras mediante las cuales se manifieste el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. La consecuencia de esta obligación expresamente otorgada, es que los estados deban prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales (incluyendo la CEDAW), así como los ordenamientos legales nacionales que tienen su base en estos cuerpos normativos.
En México no pasa un día sin que sepamos de la comisión de actos de violencia extrema contra mujeres conformada por un conjunto de conductas misóginas que lamentablemente en muchas ocasiones, culminan en homicidio. Todos los días son asesinadas entre siete y ocho mujeres, motivo por el que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) creó la denominada Alerta de Género, que tiene por objetivo forzar a todo el aparato gubernamental para que de manera urgente cese la violencia contra las mujeres.
Resalto la palabra urgente porque en el desarrollo diario de la actividad pública la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres debería ser una realidad y solamente como caso de excepción sería necesaria la urgencia de la declaratoria de alerta de violencia de género. Pero ¿qué ocurre cuando la mitad de las entidades federativas se encuentra bajo esa declaratoria? ¿Es realmente esta alerta una llamada apremiante a todo el aparato administrativo gubernamental? No tenemos esas respuestas, porque aún no hemos logrado el primer paso, que es ser considerados un municipio con el nivel de emergencia suficiente que amerite la alerta.
La pasada madrugada del sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de la activista y defensora de los derechos de la mujer Isabel Cabanillas. Este terrible hecho nos duele a todas y todos los juarenses, pues refleja la impotencia, la injusticia y la impunidad a la que nos enfrentamos quienes habitamos este territorio. La comunidad se movilizó para buscarla desde el primer momento en que fue declarada desaparecida; una vez que fue identificado su cuerpo y dada a concocer la noticia, fue la misma comunidad, que perturbada por el cruel delito, se organizó para reclamar justicia (primer supuesto que establece la LGAMVLV para poder realizar la declaratoria); el agravio impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres pues Isabel era una defensora de estos mismos derechos (segundo supuesto); y por último, la declaratoria ya ha sido solicitada por los organismos de derechos humanos correspoendientes. ¿Cuántos delitos de lesa humanidad contra mujeres son necesarios para que esta declaratoria sea emitida?
Por otro lado y sin restar importancia debemos dar seguimiento a las medidas que diariamente se realizan para prevenir estos actos de violencia y vigilar que realmente estén destinados a enfrentar esta problemática social. Si bien reconozco que no han sido pocos los esfuerzos que buscan la atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer, tampoco son pocas las ocasiones en que por buenas intenciones se termina comprometiendo el limitado presupuesto destinado a este fin particular, en acciones que pueden resultar en una revitimización. Como ejemplo puedo mencionar la popularizada medida de las patrullas rosas, que si bien tienen una excelente finalidad pues la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Unevid) tiene en su currícula una excelente preparación para hacer frente a situaciones que pueden desembocar o que ya constituyen una conducta tipificada como violencia, la simple diferenciación en las aplicaciones del vehículo (que incumple con el Manual de Identidad de la Policía Municipal de Juárez) generan la identificación de una situación de violencia familiar, en el domicilio al que acudio esa determinada unidad.
La realidad es que la deuda por brindar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia se incrementa diariamente por la desigualdad, la falta de respeto a la dignidad humana de las mujeres y falta de mencanismos que garanticen nuestra libertad. La tarea es tan grande, que no permite la falta de corresponsabilidad entre las autoridades y, desde luego que también entre esta comunidad fronteriza que hoy esta de luto, pero que debe ser este mismo luto el impulso que requiera para reconocer y posteriormente atender la gran situación de emergencia que vivimos. Ni una más.