Prometió justicia y cosechó iniquidad

La promesa de respeto irrestricto a los derechos fundamentales del hombre con énfasis en la libertad de expresión y de prensa, que en este quinquenio en el estado de Chihuahua serían connotados como la máxima expresión de un gobierno para con su sociedad, se ha convertido en una quimera, no ya por la imposibilidad de alcanzarla a plenitud a base del esfuerzo máximo, sino porque quien la ofreció ha hecho exactamente todo lo contrario a esta propuesta al inicio de su gestión. 

Y no hay exageración en lo anterior, los medios de comunicación en el estado dan cuenta de ello por sí solos, de esa relación malsana que ha generado el gobierno de Javier Corral Jurado, quien ve en la prensa crítica a sus enemigos, y trata de denostarlos, los persigue y hasta atenta contra su trabajo porque hacen precisamente aquéllo para lo cual fueron creados. 

Los casos abundan a lo largo y ancho del estado, desde los primeros meses de esta administración hasta hace unas semanas. 

Los medios nacionales también son objeto de esta reacción del mandatario de Chihuahua, quien creía que sería intocable una vez obtenida la titularidad del Poder Ejecutivo, a la que llegó con aires de adalid de la democracia, ignorando el verdadero motor de su ascenso: el hartazgo de la gente por los malos gobiernos.    

La muerte de periodistas en lo que va de este quinquenio, además de la censura y crítica constante del mandatario a los medios locales y nacionales, las reglas poco claras que ha impuesto su oficina de prensa a la distribución de la pauta publicitaria, y su más reciente ataque a un medio digital y otro impreso, por sus críticas hacia su administración, hablan de que este Gobierno pasará a la historia como uno de los principales detractores de los medios de comunicación, como uno de los principales opositores a la libertar de expresión y de prensa, como el más intolerante a la crítica. 

El botón más claro de esa intolerancia y arrogancia por parte del mandatario es la retención del celular de un reportero, empleado de La Opción, un periódico digital de la ciudad de Chihuahua, con el cual el 30 de noviembre pasado le había tomado varias fotos mientras el mandatario jugaba tenis en la Ciudad Deportiva. La Fiscalía General del Estado tuvo el cinismo de enviarle al trabajador de ese periódico digital un oficio confirmándole que ellos tenían en su poder el mencionado aparato, pidiéndole que se presentara en las oficinas de la  “Dirección de Inspección Interna” para recogerlo.

El teléfono le fue arrebatado con lujo de violencia al comunicador el día mencionado, le borraron las imágenes donde aparecía Javier Corral, pero además se quedaron con él, violentando con ello la libertad de prensa de ese medio, eliminando toda garantía de expresión y fungiendo no como protector de dichas libertades, sino como un acérrimo detractor. 

La cosa no paró allí, seguramente por instrucciones del gobernador se atrevieron a revisar los documentos que contenía la memoria del celular, a enviar mensajes a grupos de WhatsApp, y a mantener en resguardo el aparato, lo cual constituye también un robo. El mandatario envía con ello un muy mal mensaje, porque si él es el encargado de proteger y hacer prevalecer el orden, y no lo hace, entonces los que así lo deseen también podrán evitar que los periodistas realicen su trabajo, sin objeción alguna. Ese celular en manos del gobernador representa el lado antidemocrático del jefe del Ejecutivo estatal, su intolerancia a la crítica, la pifia de sus promesas de garantizar un ambiente idóneo para que los medios de comunicación puedan ejercer sus funciones como no lo habían hecho en el pasado.

Pero también, esa actitud mostrada por Javier Corral con ese periódico digital demuestra claramente que no será capaz, ni hoy ni en lo que resta de su administración, de admitir sus errores, que no habrá enmienda sobre los ataques contra los medios, según su estrategia que puso en marcha desde que asumió la gubernatura. No va a cambiar. 

Pero si no es por voluntad, el gobernador habrá de entender, por ley, que debe respetar a quienes lo critican (la intención nunca se califica), ya sean los medios de comunicación o el pueblo, que tienen derecho a hacerlo, sin penalización, sin obstáculo de la autoridad.

Nadie en el gremio periodístico, y aun fuera de él, ha olvidado que a cinco meses de que Corral asumiera el poder fue asesinada Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, que llamó la atención de medios de comunicación y sectores a nivel nacional e internacional. En ese momento el mandatario chihuahuense quiso reconocer su error de estar atacando sistemáticamente a los medios, pero mejor decidió seguir criticándolos, contestar y censurar las publicaciones nacionales y locales que evidenciaban corrupción en el caso de Miroslava, y también críticas a su gobierno o a la trivialidad de sus pasatiempos en horas laborales.  

En mayo de 2017 salió a flote una lista con los nombres de periodistas incómodos que laboran en distintos medios de comunicación de Ciudad Juárez, elaborada por funcionarios del Gobierno del Estado. Nomás eso faltaba, la lista negra para censurar y reprimir a los medios con la venia oficial.

Varios medios de información han puesto el dedo en la llaga, de la laxitud del Gobierno corralista para atender el problema gravísimo de la inseguridad, o la ausencia de obra pública relevante en más de tres años de gestión, la acción fallida de los programas sociales… todos han sido censurados, muchos castigados con el látigo de la pauta publicitaria y otros denostados permanente por le propio gobernador. El caso de El Diario en Juárez es notorio por las demandas que ha puesto el gobernador en su contra, porque además han publicado negocios particulares poco claros, que desataron su furia contra el medio de comunicación.  

Una organización de renombre nacional y otrora aliada del gobernador, en el tema de la libertad de expresión, es Artículo 19, que en noviembre de 2017 y en diciembre de 2019 ha enviado sendos extrañamientos al mandatario estatal por su ataque a los medios, por el caso de Miroslava y la falta de seguimiento, el más reciente por el caso de la represión a un medio digital y el robo del celular.

El gobernador de Chihuahua y todo servidor público estamos expuestos al escrutinio público, todo mundo lo sabe; si no se tiene la humildad o tolerancia para crítica, lo mejor es que se retire a la vida privada, donde nadie le podrá criticar si dedica más tiempo al tenis, al golf o a sus deberes domésticos, o si lo hacen, a final de cuentas no pasa de un jalón de orejas en reunión familiar, pero en este otro caso está obligado a acatar las leyes y exigencias propias del cargo, por respeto no de unos cuantos sino de todo el pueblo que lo eligió.