Las muertas de Chihuahua, nuestra realidad

A la memoria de Neyra Azucena Cervantes, desaparecida 16 años atrás en Chihuahua; y a su mamá, Patricia, que se convirtieron en evidencia fría, tajante, sin atenuantes, del asesinato impune de mujeres en Chihuahua. Como entonces, la tragedia sigue igual.

Los hallazgos periodísticos, que por desgracia retratan la realidad, arrojan verdaderas sorpresas, no sin desaliento pues evidencian el adormecimiento de la sociedad, del total, o de una parte importante de ella, entre la que nos contamos, debido a la magnitud de la tragedia afrontada por la sociedad chihuahuense, víctima y prohijadora de ese fenómeno que causa aun más dolor.

Debo agradecerle a mi compadre (uno más, integrante de lujo de esa galería que al paso de los años ha ido engrosando, por fortuna, a pesar de mis convicciones en materia religiosa) Lorenzo “Cheque” Pérez, por habérsele ocurrido crear esa empresa hemerotecaria que nos permite consultar, al instante, todo lo publicado en el estado y el país sobre Chihuahua: Información Procesada (Inpro).

El feminicidio es un crimen de lesa humanidad que México no ha podido contener, advirtieron diputadas, defensoras de derechos humanos y abogadas de víctimas durante el Segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Grisel Pérez Rivera. (nota de Reforma, 13 de mayo de  2019). 

Los rastros de la impunidad. De acuerdo con distintas investigaciones y reportes, la extinta PGR, ahora sustituida por la Fiscalía General de la República, que aunque hasta el 75 por ciento de homicidios cometidos en el país estarían ligados al narco, la PGR sólo indagó 0.2 por ciento del total de los atraídos por la dependencia en el período 2012-2018 (al cierre de agosto del año anterior).

En ese período la Procuraduría inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero sólo cerró dos casos con sentencias condenatorias. Ese porcentaje es inferior, a pesar de todas las versiones que minusvalúan el trabajo de las corporaciones estatales, al de éstas, que es del cinco por ciento. Nada para festejar.

Pero entre 2010, de acuerdo con el reportaje “Matar en México, impunidad garantizada”, Chihuahua ocupó el segundo lugar en el índice de impunidad al alcanzar el 98.71 por ciento pues de 17 mil 580 víctimas fatales sólo se emitieron 227 sentencias condenatorias, es decir, sólo se sentenció al 2.29 por ciento de los presuntos homicidas en ese período, el del exgobernador César Duarte.

Nuestra entidad quedó por debajo, solamente, de Colima, que tuvo un índice de impunidad del 98.82 por ciento, cinco centésimas más que el Estado Grande.

Nada distinto sucede en el caso de los feminicidios, en Chihuahua, en promedio, han matado a 18 mujeres cada mes en los últimos dos años, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, de enero del 2010 a abril de este año, 2 mil 89 mujeres habían sido asesinadas. (nota de Jorge Montes de Oca, El Diario de Chihuahua, 9 de mayo de 2019).

“De acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en la lista de las 100 poblaciones con mayor número de feminicidios en el país, de enero a marzo del presente año. Chihuahua capital se sitúa en el séptimo sitio, y escaños más abajo otros tres municipios –Cuauhtémoc, Guachochi y Guadalupe y Calvo– son parte del listado”. (Ibídem).

Además, Chihuahua fue el estado que más llamadas de auxilio registró por denunciar acoso o abuso sexual, el tercero por reportes donde el agresor fue la pareja y el cuarto en materia de denuncias por violación. Pero no sólo eso, del 2017, a la fecha, durante el gobierno de Javier Corral, la Fiscalía General informó que se han presentado 78 feminicidios.

Y al igual que el resto de los homicidios, la impunidad es la reina de tan siniestra realidad pues de los 38 feminicidios ocurridos, 14 de enero, nueve de febrero, cuatro de marzo, ocho en abril y tres en los primeros días de mayo, cifra que difiere de las oficiales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer con Razones de Género, quienes investigan únicamente 14 casos cometidos en 2019. (nota de La Verdad Juárez, 10 de mayo de 2019).

Además, Chihuahua, ocupa el primer lugar nacional en trata de personas con 24 casos registrados en el primer trimestre del 2019, superando a la Ciudad de México que tiene 21 víctimas por este delito, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (nota de El Diario de Chihuahua,12 de mayo de 2019).

Pero no nos preocupemos, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que se reforzarán las estrategias para combatir la violencia contra la mujer “e incluso se pondrá en marcha la construcción de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez, municipio donde más casos de feminicidio se han registrado en el estado”. (nota de El Pueblo, 9 de mayo de 2019).

Derivados de los múltiples feminicidios, las diputadas Deyanira Ozaeta del PT y Rosa Isela Gaytán del PRI, han insistido en la declaración de la alerta de violencia de género en el estado, sin embargo, la fracción panista mayoritaria ha relegado a dichas propuestas, ya que evidenciarían a a la administración actual a nivel nacional e internacional. Todos han sido desechados por la mayoría panista y sus aliados de la presente Legislatura.

La oleada feminicida ha crecido drásticamente en este gobierno pues en tan sólo cuatro meses del presente año han ocurrido tan sólo diez asesinatos menos que en todo el 2016, “el equivalente a 82 por ciento de dicho año” pues “En 2016 ocurrieron 48 asesinatos”. (nota de César Lozano, La Opción, 8 de mayo de 2019).

Pero las respuestas oficiales estremecen. El pasado lunes 6 de mayo un grupo de feministas colocó una manta con el mensaje: “¿CUÁNTAS MUERTAS MÁS? ALERTA DE GÉNERO ¡YA! ESTADO FEMINICIDA”. Dicho mensaje duró  sólo un día, antes de ser retirado por personal a cargo de Gobierno del Estado.

Peor aun, sólo en febrero de este año, la diputada panista, Blanca Gámez, presentó una iniciativa para la creación de un protocolo de investigación de feminicidios, pero apenas, en el curso de la semana se dio un plazo de seis meses a la Fiscalía General del Estado para crearlo y publicarlo, luego de que desde 2011 se había emplazado al Estado de Chihuahua a fin de que aprobara el establecimiento de esta figura.

Pero cifras tan siniestras no difieren grandemente de lo ocurrido a nivel nacional. En los primeros meses de 2019 hubo 10 feminicidios al día en el país. (nota de Enrique Méndez, La Jornada, 14 de mayo de 2019).

De enero a marzo se cometieron  227 feminicidios y 637 presuntos homicidios dolosos contra mujeres y niñas. Las entidades con el más alto índice son Veracruz, con 46; Estado de México, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13, así como Jalisco y Chihuahua con 11 (según cifras oficiales, proporcionadas por las fiscalías).

Uno de los más recientes casos, el del asesinato de Myrna Zubiate, en la capital del estado, es emblemático. Por muchas razones.

Una joven, residente de una colonia de capas medias bajas, decide acudir a una fiesta de sus vecinos; ahí, uno de ellos, con antecedentes de violencia doméstica (y no viejos, sino de la mismísima noche de los hechos) decide violarla y luego asesinarla.

¿Por qué las jóvenes chihuahuenses no tendrán derecho a divertirse, salir de sus casas y regresar a cualquier hora, bailar con cualquier persona, sin que deban temer que alguno de los hombres tenga la convicción de poseer el derecho de abusar de cualquier mujer?

Las respuestas a estos cuestionamientos revelan el grado de salvajismo de nuestra sociedad, la chihuahuense; por ello somos líderes en varios de los índices en los que el factor central es el de la violencia hacia las mujeres, y en ello tomamos en cuenta el hecho de que ha crecido la participación de algunas de ellas en la delincuencia, la común, y la organizada.

Por desgracia, su incorporación al tráfico de drogas, y de éstas las más baratas, además del componente de la adicción, tiene el otro, el de las muy bajas condiciones económicas. Contra esos factores no hay, prácticamente, alguna política gubernamental, ni para prevenirla, ni para combatirla y rehabilitar a los pacientes de este mal.

¡Qué importa, son pobres!

Frente a esta realidad, que pareciera no diferir en nada de la existente 30 años atrás, de cuando empezaron a aparecer, con una siniestra y acelerada frecuencia, más cadáveres de mujeres asesinadas cruelmente, y lo que hoy padecemos, sí pareciera ser distinto, pero no, ahora, la oleada feminicida es mayor y la violencia doméstica, en contra de niños y mujeres es infinitamente más grande, y más violenta.

Ante esa realidad, pocos instrumentos, por no decir que nulos, han creado y aplicado las autoridades gubernamentales; sus políticas, si es que las han tenido, no han incidido de manera alguna en la sociedad.

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