Diario
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Opinión
sábado, 08 agosto 2020 | 06:00
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-¿Apuestan a la recuperación o a la muerte?
-Habrá mas rutas troncales... si hay más quejas
-Ni el Biblioavión se libró de los maleantes
-La revocación se dirige a los tribunales
Entrar a un hospital no es agradable, ni de cerquita divertido. Las personas van a un hospital si y sólo si necesitan atención médica.
A partir de marzo, cuando la pandemia por Covid se hizo presente en Chihuahua, los hospitales públicos y privados se convirtieron en los espacios “más demandados” por la ciudadanía, porque allí estaba la posible solución a la enfermedad.
Paradójicamente, cientos de chihuahuenses (977) que han entrado a un hospital un día cualquiera de estos casi siete meses de pandemia, han muerto. Las respuestas a eso seguramente son variadas, coloridas o monocromáticas, según el personaje que las emita. Pero, que la causa de la muerte sea la falta de aplicación de medicamentos, no sólo no tiene color, tampoco explicación ni santa progenitora.
Médicos especialistas de Chihuahua han señalado de manera reiterada que el tratamiento medicamentoso que se está utilizando en los hospitales del estado para atender a los pacientes contagiados por Covid-19 es erróneo, no sólo porque esos medicamentos no tienen efectos comprobados contra el virus –son paliativos- sino porque hay algunos que afectan el sistema inmune de las personas disminuyendo las defensas del cuerpo. Es como maniatar al ejército que defiende un país ante un ataque masivo.
“No me ayudes compadre”, dirían algunos.
La cosa no se detiene allí. Si usted enferma y tiene un sistema inmune fuerte igual ese tratamiento paliativo le ayudará a sobrellevar la enfermedad y salir adelante. Pero, si tiene la mala suerte de que su cuerpo responda mal al virus y eso lo lleve a una cama del área Covid, mejor rece al santo que más convenga.
Las fuentes médicas aseguran, que hoy día, cuando la pandemia se ha recrudecido, los contagios van a la alza y se registran muertos cada día, los pacientes internados NO están recibiendo el “combo” de medicamentos hasta que el enfermo esté intubado y pase a la unidad de cuidados intensivos. NO antes.
¿A qué se le apuesta entonces, a la recuperación o a la muerte?
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Ciego, sordo y mudo ante las protestas por las obras de la segunda ruta troncal por la avenida Tecnológico, el gobernador Javier Corral ya tiene nuevo plan.
Instruyó a Comunicación Social, Obras Públicas y a la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano, en su visita de esta semana a Juárez, a promocionar los “beneficios” del nuevo sistema de transporte con las dos rutas de lo que todavía se conoce como el Vivebús.
Es más, el plan incluye publicitar una tercera ruta troncal o subtroncal que atravesará la segunda y que supuestamente se habrá de incluir en el presupuesto para el año próximo.
Aunque el rechazo popular a dichas inversiones va en aumento, se consideró en el aparato estatal una gran idea amenazar con el “tercer Vivebús”. Porque es una amenaza antes que cualquier otra cosa eso de promover la dizque integralidad que se busca del sistema, con otra obra más que terminaría por partir la ciudad en pedazos.
Ni el fracaso del primero ni el caos que han generado las obras del segundo, a menos de un mes de su inicio, fueron tomados en cuenta como indicadores de que podrían estarse tirando cientos de millones de pesos a la basura.
Tampoco la enorme posibilidad de que la segunda ruta se deje inconclusa, no se diga la otra, fueron motivos para hacer reflexionar a la autoridad.
De esta forma una campaña publicitaria de lo que será la segunda troncal y posiblemente una tercera no hará más que crecer la molestia actual, ocasionada por obras sin planeación, que nadie pidió y que lejos de mostrar interés por Juárez abonan a su centenaria desatención.
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Dos inmuebles de la Dirección Municipal de Educación habían sido vandalizados durante las últimas dos semanas. Ayer por la madrugada se sumó el tercero, el Biblioavión ubicado por la Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma, en el área de El Chamizal.
Las instalaciones han sido afectadas con robo, daños a portones y a mallas ciclónicas, hasta el momento no ha pasado de eso. Pero ya comienza a ser extraño ese afán de pegarle a propiedades municipales.
En el caso del Biblioavión fue más delicado por el tesoro tecnológico que guarda. Así que ayer en la madrugada fueron despertados tanto la directora de Educación, Beatriz Córdova, como otros de los funcionarios y empleados, para que se fueran a resguardar el lugar.
También la Policía Municipal se movilizó para apoyar en el aseguramiento del las instalaciones y realizó rondines hasta entrada la mañana, en lo que se realizaban las reparaciones correspondientes.
Fuera de los daños ocasionados, que también tienen su impacto en las finanzas municipales, comienza a verse, a notarse o a percibirse una insana intención de dejar desmantelado o afectado todo antes de que termine la administración.
No se ve la mano de la delincuencia común, que es otro boleto por la forma en que opera y los fines que persigue. Los raterillos mariscaleros no buscan dañar por el daño en sí mismo, sino que van en busca de algo que les deje ganancias.
Por eso más bien se observan otros intereses, tal vez políticos, en esos tres ataques que se han dado en apenas 15 días, todos dirigidos contra la Dirección de Educación.
Esa señal de alerta ya se mandó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que dirige Raúl Ávila Ibarra, para que no se quede sólo en rondines la labor policiaca, sino que profundice en la investigación. En una de esas se lleva alguna sorpresa.
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En el escritorio del alcalde independiente, Armando Cabada, descansa un primer análisis sobre una eventual impugnación jurídica del proceso de revocación que autorizó el Instituto Estatal Electoral.
La vía del recurso legal seguramente llevaría a los tribunales la decisión tomada por los consejeros del IEE, luego de las promociones que hicieron los dos grupos que pretenden estrenar el novedoso y polémico instrumento contemplado en la todavía nueva Ley de Participación Ciudadana.
Pero la moneda de la impugnación está en el aire. Por ahora ni al caso especular con el curso que tomaría si eventualmente se lleva al Tribunal Estatal Electoral (y luego hasta el tribunal federal).
Los argumentos de ese análisis son los que pueden desmenuzarse para la reflexión. Básicamente son cuatro puntos concretos debatibles, fuera de abstracciones o apreciaciones subjetivas.
El primero y el segundo tienen que ver con el empalme con los procesos electorales. El proceso federal comienza el primero de septiembre y el estatal al inicio de octubre, por lo que habría confusiones no sólo en la tarea de los organismos electorales sino en los votantes.
¿Es legal y factible una revocación o un plebiscito a la par de una elección constitucional? ¿Cuál tiene preeminencia? ¿Pueden coexistir o uno es superior a otro?
Otro de los puntos se basa en la contingencia sanitaria y los riesgos a la salud que conlleva dar marcha a un proceso como el aprobado. Así, ¿cuál de los derechos ciudadanos es superior? ¿Hasta dónde se puede permitir el riesgo de contagio en la junta de firmas y demás trámites que implica?
El último punto es el financiero: ¿quién va a pagar el proceso? ¿A quién se le va a cargar la cuenta de la de por sí enorme factura que pasa la democracia?
De uno en uno han debatido los temas los asesores jurídicos de Cabada. No se quedaron de brazos cruzados tras el acuerdo del IEE aun corralista.
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