Afilan guadaña contra los traidores

-Afilan guadaña contra los traidores

-Muerto el niño, arrancan las cadenas de oración

-Dinero duartista acabó en manos españolas

-Por perversidad ni pío dijo en ocho meses

Quedó claro durante la tempranera conferencia de prensa convocada ayer por la dirigencia municipal del PAN que ahora el liderazgo de dicho partido en Juárez será tomado por las virtuales diputadas Daniela Álvarez, federal; y Marisela Terrazas, local.

Son quienes colocaron su cascabelito al gato con eso de que Javier Corral Jurado debe ser sujeto de proceso interno y echado fuera del PAN por traicionar a la institución partidaria.

La iniciativa fue secundada por el presidente del blanquiazul en la frontera, Joob Quintín. La regidora, Amparo Beltrán, también estuvo en la conferencia, pero desde redes sociales opinó que no es tiempo de una “cacería de brujas”.

Daniela forma parte del equipo más cercano a la gobernadora electa, Maru Campus, y conoce de primera mano todos los detalles sobre la persecución que lanzó contra Corral no únicamente contra Maru, sino contra todo su círculo. Todas y todos.

Para la expulsión está contemplado Corral en primer orden; pero de Juárez enseguidita de él va su hermana, Leticia Corral Jurado; y la jefa de Gobernación estatal, exdiputada panista, Maribel Hernández, quienes la pasaron muy alegres golpeando a María Eugenia y aplaudiendo sin agotamiento a varios candidatos naranjas.

También van Dolores Juárez, Cinthia Guerrero, Alma Arredondo (posible regidora), Martha Adriana Durán, Javier Palacios, Lucero Nieto, Zazil Rubio, María Valadés, Fidel Dueñas, Héctor Arreola, Patricia Bailón... y hasta al Quique Torres le quieren echar la caballada dizque por la inexplicable, “no comprobada”, subordinación a la casi exvicegobernadora Leticia.

Son esos y muchos más. Para no quedarse sin militantes el blanquiazul, es recomendable entonces que abran inscripciones para Javier González Mocken, sus eficientes operadores, el regreso de Clara Torres, y todos los que acarrearon más de 40 mil votos a la causa panista.

La iniciativa para la expulsión arranca con la petición correspondiente al comité municipal de esta frontera, de donde son militantes los tres susodichos; luego trasladada al comité estatal donde despacha la corralista Rocío Reza, -que ahora desea no ser corralista-, y de ahí dirigida al comité nacional, presidido por el también anticorralista Marko Cortés.

No tiene escapatoria el gobernador aunque la caída de la guadaña tarde en mochar su cabeza por la burocracia partidista. Lo sabe bien, de ahí que la pase ahora lanzando mensajes para ver qué partido se atreve a recogerlo; no le importa sea Morena o de perdida el Movimiento Naranja, sus dos siglas en campaña electoral.

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Finalmente inició Juan Carlos Loera acercamientos con la Iglesia Católica, o al menos con uno de sus sacerdotes. Lo presumió el lunes alegremente en sus redes sociales.

Tarde para la competencia electoral 2021 que tocará su fin en unas semanas cuando las nuevas autoridades tomen protesta en sus cargos, pero al morenista le cayó el veinte de que necesita a las cadenas de oración para competir con mayor solvencia frente a los proyectos electorales del PAN.

Es interesante el mensaje íntegro colocado por el hijo de la cuarta transformación en Face:

“...me reuní con el presbítero Mario Manríquez, párroco de la Sagrada Familia. Coincidimos en la importancia de dar a conocer las causas por las que luchamos en favor de los más desprotegidos y también en replantear una focalización de programas sociales en áreas específicas de Ciudad Juárez”.

Ya empezó Juan Carlos en Juárez con Manríquez quizá como entrenamiento, ahora le falta seguirse con los curas de la ciudad de Chihuahua, el centro del estado y la sierra, donde fue severamente derrotado.

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Parece que el exsecretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, es el elegido para el cierre de la llamada Operación Justicia en las últimas semanas de la administración corralista.

Así ha quedado evidenciado con el intento de que vuelva ante un juez de Control para hacerle una imputación por peculado de ocho millones de pesos. Las últimas semanas han sido insistentes los citatorios para forzarlo a comparecer.

Se ha negado a presentarse a una audiencia porque la Fiscalía del Estado ha demostrado que lo persigue a él, pero convenientemente se olvida de otros involucrados en el caso.

Además los fiscales ofrecen como única evidencia los dichos de un testigo protegido que, todo mundo sabe, es Ever Aguilar, exfuncionario de Hacienda que está detrás de decenas de carpetas de investigación armadas en la Fiscalía del Estado.

La causa por peculado se debe a que Romero autorizó el pago millonario por un ciclo de conferencias del exjuez español Baltazar Garzón y del abogado también ibérico Antonio Navalón, empresario de la comunicación con Reporte Índigo.

En esa contratación –que fue para un foro realizado en Juárez en el año 2012- intervinieron otros cuatro o cinco exfuncionarios, pero ninguno aparte de Romero ha sido citado a declarar.

Menos han sido citados los que cobraron ese dinero del erario, Garzón y Navalón, quienes finalmente fueron los beneficiarios de un contrato que ahora se persigue penalmente, causa por la cual se pone en la mira al duartista que ya una Nochebuena le tocó conocer las celdas del Cereso.

Romero está en manos del abogado Alejandro Rojas, quien quisiera adelantar el calendario a septiembre para acabar con el sinsentido de una acusación que involucra a varios, pero que obsesivamente se dirige solo contra uno de muchos involucrados en un supuesto delito.

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El gran problema para la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, es que si ya sabía desde octubre de 2020 que se le desmoronaban los casos contra duartistas, no comenzó a actuar hasta ocho meses después. Esa puede ser una causal de responsabilidad administrativa.

Desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis ahora tan conocida, decisión que echó abajo 37 casos que la SFP había conducido inexplicablemente con una norma abrogada.

Si la reposición de los asuntos hubiera iniciado desde el momento de la resolución judicial, tal vez ahora estarían en posibilidad de salvarse si no los 37 asuntos, cuando menos algunos de ellos. Pero no se actuó a tiempo. Por la causa que sea es igual de grave.

En la SFP, el personal operativo se duele de una obesa burocracia compuesta por decenas de generales a los que Vargas Ruiz convirtió en subsecretarios cuando antes eran directores. Compensación jugosa y más sueldos trajeron los nombramientos.

Ni por esa nómina de lujo privilegiada hubo una operación de respuesta inmediata. Se fueron los meses y justo tras las elecciones comenzaron las notificaciones a los involucrados, avisándoles que cerraban sus procedimientos porque deberían reponérselos. De octubre de un año a junio del otro.

Tiene razón la secretaria en decir que no por la decisión de la Corte las infracciones a la ley son inexistentes. Lo que no dice es que ella y sus generales no actuaron a tiempo. Menos explica si fue por negligentes, omisos o ignorantes.

Mucho menos va a reconocer que dejar pasar el tiempo pudo haber sido con dolo y perversidad, para culpar a la administración entrante de no darle seguimiento a notables casos de corrupción.