Diario
Nacional
domingo, 23 junio 2019 | 11:19
Ciudad de México— El Senado alista la aprobación de un proyecto para golpear las estructuras financieras de la delincuencia, a través del endurecimiento de la extinción de dominio.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la intención es que la figura no prescriba para los bienes que tengan origen ilícito.
Con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, explicó, se busca recuperar activos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos, entre otros.
La propuesta, que se analiza actualmente en la Comisión de Justicia, establece como medida cautelar que el juez, a petición del Ministerio Público, pueda ordenar el aseguramiento de bienes ante la amenaza o posibilidad de que puedan ser ocultados, alterados o dilapidados.
También se contempla la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros.
El coordinador de Morena en la Cámara alta detalló que en la nueva disposición se establece que, entre las medidas cautelares, se podrá solicitar una "anotación preventiva" de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y la autoridad estará en posibilidad de decretar el aseguramiento de los bienes en cualquier momento, ya sea durante el juicio o antes de que inicie.
"Se incluyen jueces especializados en primera instancia y magistrados competentes de segunda instancia, ante quienes se sustanciarán los procesos civiles", aseveró.
"Los impedimentos para conocer sobre un asunto no solo se incluyen para jueces y magistrados, también tiene alcance con los secretarios de acuerdo, actuarios o quien haga las funciones de estos para evitar un posible conflicto de interés".
Monreal adelantó que la nueva legislación incluye multas ejemplares para que servidores públicos, juzgadores y demás personas que participen en el proceso estén obligados a cumplir con su deber en tiempo y forma y garantizar un proceso ágil y efectivo.
El legislador confirmó que la autoridad administrativa para conocer de estos casos será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que será el responsable de administrar y enajenar los bienes.
El proyecto, sostuvo, establece un plazo de 180 días para que los congresos de los estados armonicen su legislación, para que los procedimientos que inicien a partir de la vigencia de la nueva ley se realicen con las nuevas reglas, sin importar que el supuesto para la procedencia se haya registrado con anterioridad.
El político zacatecano aseguró que la nueva ley también fortalecerá la actuación y atribuciones de la Fiscalía General de la República.
"Mientras no toquemos los pilares de financiamiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada o de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no estaremos actuando con eficacia en el combate a esos delitos", expresó.