Exige CNDH acciones contra corrupción

Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, llamó a tomar acciones efectivas contra la corrupción al advertir que genera diversas deficiencias.

Afirmó que la inadecuada utilización de los recursos públicos o el desvío de los mismos para fines particulares por prácticas de corrupción, genera deficiencia en la prestación de servicios por el Estado.

Así como afectaciones en el ejercicio de derechos humanos como a la protección de la salud, educación, acceso a la justicia, a la verdad y reparación del daño, y a un medio ambiente sano, por lo que es necesario erradicar dichas prácticas.

Señaló que, la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, efectuada por el INEGI, arrojó que en ese año, el costo total por prácticas de corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicio público fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que representa el 12.5 por ciento de cambio respecto de 2015.

En tanto, agregó, el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de mil 377 millones de pesos, representando un aumento del 37.3 por cierto en relación con el 2015.

Razón por la cual, es preciso que se fortalezcan los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas, dijo.

Recordó que la CNDH expresó su preocupación porque de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 138 de 180 países evaluados según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, por haber obtenido una puntuación de 28/100, en donde el 0 "es altamente corrupto" y el 100 "es muy limpio".

Tras asegurar que erradicar la corrupción es responsabilidad de autoridades y la ciudadanía, apuntó que diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que la corrupción impacta más en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Ya que aumenta el costo de acceso a servicios públicos, debilita el contrato social y desincentiva inversiones, lo que genera desempleo y menor crecimiento económico, apuntó.

También afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres, afrodescendientes, personas migrantes, personas privadas de libertad y, especialmente, a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas que, ante el desarrollo de proyectos económicos, pueden ver vulnerados sus derechos al patrimonio cultural, a la preservación del medio ambiente, así como a la consulta previa e informada.