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Nacional
miércoles, 15 mayo 2019 | 17:15
Ciudad de México— Un tribunal federal remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo caso de personas indirectamente afectadas por el Caso Iguala, para que les determinen el monto de la reparación del daño como víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Se trata de María del Carmen Lopez Salgado y Paulino Meza Barrientos, padres de Paul Meza López, exfutbolista el equipo Avispones de Chilpancingo, atacado por la Policía de Iguala horas antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Séptimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México turnó a la Corte el amparo de dichos quejosos, al estimar que se trata de un asunto de interés superlativo porque involucra la interpretación y aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a las compensaciones económicas.
"De igual manera, se estima de interés establecer el criterio para casos futuros, en relación con la procedencia del juicio de amparo si se ha fijado un monto de compensación a las víctimas por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y el gobernado acude al juicio constitucional a efecto de obtener un mayor beneficio como monto de compensación subsidiaria para la reparación integral del daño", justificó el colegiado en el amparo en revisión 46/2019.
De acuerdo con el tribunal, es importante que la SCJN fije criterios sobre el derecho humano a la reparación integral y justa indemnización, así como de medidas como las de restitución para conocer la verdad, rehabilitación y de no repetición.
Destaca que otro aspecto sobre el que la Corte debe sentar precedente es la forma en que se fijó el monto de la indemnización por daño moral, ya sea con base en la jurisprudencia interamericana o en la apreciación de las circunstancias particulares.
Estas últimas, según el colegiado, son las que permiten que el monto a indemnizar responda a la proporcionalidad de los daños inmateriales que en el caso específico deparó el delito, lo que implica la interpretación del artículo 54 de la Ley General de Víctimas.
Este amparo fue promovido contra el acuerdo que emitió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para compensar con 66 mil 75 pesos a los padres y 99 mil 112 pesos para el ex futbolista, como víctimas indirectas y directa, respectivamente.
En esa determinación, también se fijan montos de 311 mil 496 pesos y 467 mil 245 pesos para el ex jugador, como víctima directa, y las sumas 132 mil 150 pesos y 94 mil 393 pesos para sus padres.
Otros conceptos son 37 mil 757 pesos de gastos y costas, así como mil 909 pesos, 36 mil 229 pesos y 37 mil 757 pesos por pagos de tratamientos médicos o terapéuticos del ex integrante de los
Avispones.
Los quejosos impugnan los montos como violatorios de los principios de legalidad y debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y a una reparación integral como víctimas de un delito, ya que fueron calculados sin hacer una adecuada valoración de los daños.
La semana pasada el Primer Tribunal Colegiado Penal también remitió a la Corte los amparos de dos tíos y dos primas de David José García Evangelista, jugador de los Avispones que murió en el ataque al camión en que iban los futbolistas, el 26 de septiembre de 2014. Los quejosos también reclaman las compensaciones económicas.
La Primera Sala de la SCJN ya admitió a trámite dos casos previos con los mismos reclamos y por esa razón los colegiados están turnando estos casos al máximo tribunal del País.