Rechazan abogados reforma a Ley de Amparo

Ciudad de México.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA) manifestó su rechazo a la aprobación en comisiones de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que pretende impedir que los juzgadores otorguen suspensiones de normas con efectos generales. 

"La reforma propuesta busca restringir las facultades de las personas juzgadoras para suspender normas generales, en contradicción con la reforma constitucional de 2011, que reconoció los derechos humanos como el parámetro de validez de todo el orden constitucional mexicano", consideró la BMA en un comunicado signado por su presidente, Víctor Olea Peláez.

La iniciativa fue presentada por Morena y aprobada en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado la semana pasada; sin embargo, la BMA indicó que es fundamental mantener la facultad de los juzgadores para otorgar suspensiones y proteger así los derechos humanos, tanto en su vertiente individual y colectiva, para evitar violaciones irreparables.

Señaló que en consonancia con la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que los efectos del amparo pueden beneficiar a terceros ajenos a la controversia.

"Lo que es deseable para proteger los derechos de naturaleza colectiva y difusa que impactan en el orden público y el interés social", manifestó.

De acuerdo con el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), esta reforma afectaría a los justiciables de distintas maneras porque se impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por México.

Sánchez Montalvo recordó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo permite a los jueces establecer si se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general.

La BMA exhortó al Congreso a convocar a un parlamento abierto previo a la difusión y aprobación de la iniciativa.