¿Podrá ganar México demanda contra fabricantes de armas de EU?

Cuando al comienzo de su mandato, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos que frenara el flujo de armas que se traficaban a través de la frontera, fue el último de una sucesión de líderes mexicanos en hacerlo, publicó CNN.

Según funcionarios mexicanos, alrededor de medio millón de armas estadounidenses llegan a México cada año; los Estados Unidos. El Departamento de Justicia descubrió que entre 2014 y 2018, alrededor del 70 por ciento de las armas de fuego recuperadas en México y enviadas para su rastreo se originaron al norte de la frontera.

A principios de este mes, los abogados que representan al gobierno mexicano dieron un nuevo paso para enfrentar la epidemia de violencia del país. Presentaron una demanda en un tribunal federal de Boston contra 7 fabricantes de armas de Estados Unidos y un mayorista de armas, argumentando que tienen alguna responsabilidad por el flujo de armas a manos criminales en México.

La demanda acusa a las empresas de "facilitar activamente" el tráfico de esas armas a "cárteles de la droga y otros criminales en México". Se produce cuando las tasas de homicidios de México rondan sus niveles más altos desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga en 2006, con más de 36.000 asesinatos reportados el año pasado.

'Un río de armas'

El mercado de armas legales es mucho más pequeño y está más controlado en México que en Estados Unidos. El país tiene solo una tienda de armas y está dirigida por los militares. Los posibles compradores deben pasar por estrictas verificaciones de antecedentes, que requieren prueba de empleo y antecedentes penales limpios, entre otras cosas. Y, sin embargo, más de 25.000 mexicanos murieron por armas de fuego el año pasado.

Los homicidios en México comenzaron a aumentar dramáticamente a mediados de la década de 2000 cuando el país intensificó su consumo de drogas. Pero la demanda apunta a otro evento que, según dice, contribuyó al aumento de la violencia: la expiración en 2004 de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos. La demanda alega que los homicidios aumentaron entonces, "exactamente al mismo tiempo que el aumento de la producción, distribución y comercialización de armas de uso militar por parte de los Demandados".

"Varios artículos académicos han encontrado una fuerte correlación estadística entre el fin de la prohibición de armas de asalto y una mayor disponibilidad de armas y un aumento en los homicidios relacionados con armas de fuego en México", dijo a CNN Alejandro Hope, un experto en seguridad con sede en Ciudad de México. "¿Es esa la única razón por la que aumentó la violencia en México? No, desde luego que no. Pero es uno de los muchos impulsores.

"La demanda deja un caso muy claro de que estos acusados no solo están completamente al tanto del desvío de sus productos al sur de la frontera y la carnicería resultante, sino que [también] conocen las medidas que podrían tomarse para mitigar esos problemas, Adam Skaggs, consejero principal y director de políticas del Centro de Leyes Giffords, un grupo de defensa del control de armas que no está involucrado en la demanda, dijo a CNN. "No sólo no han tomado ninguna de esas medidas, sino que se han beneficiado enormemente de negarse a hacer algo para abordar el problema".

Los abogados que representan a los fabricantes de armas dicen que están siendo "chivos expiatorios".

"Son estos carteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público", dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor general de la National Shooting Sports Foundation (NSSF), una asociación comercial cuyos miembros se encuentran entre los demandados, dijo en un comunicado. (Un portavoz de NSSF dijo que la organización no está involucrada en la demanda).

La NSSF en un comunicado también calificó las acusaciones como "infundadas" e insistió en que todas las armas de fuego minoristas se "vendieron de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados".