Pide Presidencia impedir a magistrada abordar caso Jacobo

Ciudad de México.— La Consejería Jurídica de la Presidencia promovió este martes un incidente de impedimento en contra de la Magistrada Janine Otálora, ponente en el juicio presentado por el ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.

El recurso fue presentado por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Ríos, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y fue turnado a las 14:38 horas al Magistrado presidente Reyes Rodríguez.

"Promueve impedimento en el expediente SUP-JDC-118/2023, al considerar que la Magistrada Janine Otálora, instructora en dicho juicio, ha dado a conocer, en forma indirecta o directa, su postura de Magistrada ponente ante la opinión pública sobre la demanda de Edmundo Jacobo Molina", se lee en la publicación del turno en la página electrónica del Tribunal.

El lunes se conoció que la Magistrada Otálora circuló entre los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia sobre el recurso presentado por el ex Secretario del INE, Edmundo Jacobo, en donde propone darle la razón a sus alegatos en el juicio de protección de derechos político electorales, y propone su restitución en el cargo.

Jacobo concluyó su encargo de casi 15 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma electoral conocida como el plan B, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo, pero impugnó la medida por considerarla inconstitucional.

Parte de los alegatos está en considerar inconstitucional el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma publicada en donde se señala que " dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación".

También instruye el nombramiento de un encargado del despacho en esa área y ordena que en la sesión ordinaria del Consejo General del INE del mes de mayo se nombre al nuevo titular de la secretaría ejecutiva para el periodo 2023-2029 .

En contraparte, tanto Jacobo como la dirección jurídica el INE --que presentaron dos recursos distintos--, además de considerar que se afectaron los derechos del entonces funcionario, consideran que se incumplió con la Constitución.

El artículo 41 constitucional, señala, en una de sus párrafos: "El Secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente".

Acatando los efectos de la publicación del llamado "Plan B" electoral, Consejo General del INE el 3 de marzo, en sesión extraordinaria, nombró como encargado de despacho a Roberto Heycher Cardiel, hasta entonces Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del organismo electoral.

Difunden escrito

Por la noche, la Presidencia publicó el texto del recurso en el que demandan que se acepte que la magistrada Otálora está impedida de participar en la discusión del caso y adviertió que el procedimiento legal para esos juicios da un plazo de 72 horas para que las partes consideradas como responsables de los hechos denunciados presenten un informe con su postura, en este caso, el Presidente de de la República, el Congreso de la Unión y el Secretario de Gobernación.

Este plazo, señala, está en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral vigente y anterior, pues dicha ley también se modificó con el Plan B en materia electoral.

La Presidencia, dice el oficio de la Consejería Jurídica, fue notificada del recurso por la Sala Superior del Tribunal, el 6 de marzo de 2023 a las 13.25 horas.

El documento da cuenta de las notas publicadas en diferentes medios haciendo referencia al proyecto circulado y propuesto por la Magistrada pidiendo la restitución en su cargo del ex secretario ejecutivo del INE.

"Queda demostrado que la Magistrada Janine Otálora ya emitió un pronunciamiento de fondo sin haber notificado a las autoridades responsables para que pudieran actuar en su defensa, por lo que vulnera el principio de imparcialidad judicial, que debe regir su actuar dada su investidura ", señala el escrito.

"Es evidente, pues, que la actuación de la magistrada ponente vulnera el principio de imparcialidad que debe regir la actuación y desempeño del cargo público que ejerce y que está expresamente reconocido en las normas constitucionales, legales reglamentarias y en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación", añade el escrito firmado por Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

La consejera jurídica solicita se autorice la solicitud de impedimento de la magistrada Otálora "para que se abstenga de intervenir en el juicio" mencionado.

"De estimarse lo contrario, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal", añade.