Niegan prisión domiciliaria a 'Gober Precioso'

Ciudad de México.- Una Jueza de Distrito de Quintana Roo rechazó conceder la prisión domiciliaria a Mario Marín, exgobernador de Puebla, por lo que seguirá preso en el Altiplano, penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

El "Gober Precioso", quien había solicitado la medida para continuar su proceso fuera de la cárcel, es acusado de tortura ejercida en contra de la periodista Lydia Cacho.

La juzgadora consideró que existe riesgo de que el ex funcionario que fue detenido hace dos año en Acapulco, Guerrero, se evada de la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencia de revisión de medidas cautelares a petición del procesado, celebrada en el Estado de Quintana Roo, obtuvo la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva.

El imputado, pedía a la Jueza continuar con su proceso en libertad, además que se le impusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado y acudir al Juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue por su probable responsabilidad en el delito de tortura en perjuicio de la periodista.

En dicha audiencia, los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en la delegación de Quintana Roo, y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentaron las pruebas y argumentos para continuar con la medida cautelar en mención.

"Ya que el imputado representa un riesgo para la víctima y testigos, existe un riesgo fundado de fuga, la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponde a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra", comunicó la FGR.

Cabe recordar que el caso deviene de la acusación realizada por la FEADLE por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del Estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como titular del Ejecutivo de dicha entidad, ordenó la tortura de una reconocida periodista como castigo a su libertad de expresión.