La corrupción de Moreira y el vínculo con Calderón

Ciudad de México— El juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no solo ha sido un relato de parte de la historia criminal vivida en México de 2000 a 2012, sino también de algunos ejemplos de la corrupción imperante a nivel estatal.

Convocado por la Fiscalía, Héctor Javier Villarreal Hernández, Secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira (2005-2011), aseguró el pasado 6 de febrero en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que él colaboró con el ex Mandatario para desviar del erario el equivalente a 200 millones de dólares.

Advertido de que no podía declarar con falsedad, pues podría enfrentar una acusación por perjurio, Villarreal Hernández describió el esquema de corrupción utilizado para apoderarse de los recursos públicos, el cual consistió en inflar los precios de los bienes y servicios que contrataban.

Pagaron de más a ciertas a empresas y ese extra fue triangulado a otras compañías a través de las cuales Moreira presuntamente compró propiedades en Saltillo, Coahuila; Cuernavaca, Morelos y en la Ciudad de México.

Los recursos, según Villarreal Hernández, también fueron utilizados para adquirir medios de comunicación y financiar campañas políticas.

En 2014, el ex funcionario estatal se entregó a las autoridades estadounidenses que lo investigaban por lavado de dinero, y tras llegar a un acuerdo, que implicó entregar 9 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, quedó en libertad.

Fue convocado por la Fiscalía de Nueva York, quien acusa a García Luna de narcotráfico por dar protección al Cártel de Sinaloa, para que relatara ante el jurado el supuesto trato que el ex mando policiaco hizo con el periódico El Universal en 2008 para que el diario no publicara nada de sus presuntos nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con su versión, Moreira concertó un encuentro entre García Luna y el dueño del diario, Juan Francisco Ealy Ortiz, en donde acordaron un pago mensual de 25 millones de pesos para realizar una cobertura favorable del ex servidor público y la dependencia que encabezaba.

Tras la revelación, tanto El Universal como el propio Moreira negaron su participación en los hechos relatados por Villarreal Hernández.

Esta semana, el juicio también tuvo su carambola política luego de que el ex Fiscal General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, señaló que el ex Presidente Felipe Calderón había dado línea para apoyar a Joaquín "El Chapo" Guzmán en la disputa que sostenía con el clan de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, el señalamiento de "El Diablo", como apodan al ex fiscal, fue de oídas, es decir, que no le constan los hechos, pues dijo que en una ocasión el ex Gobernador de Nayarit, el priista Ney González, le contó que había estado en una reunión muy importante en la Ciudad de México con García Luna y Calderón y que en ella el ex Presidente había sugerido apoyar a "El Chapo".

Calderón calificó de absurdas y falsas las declaraciones de Veytia y aseguró que nunca negoció ni pactó con criminales.

El juicio, que originalmente se había contemplado durara al menos 8 semanas, se acortará debido a la repentina decisión de la Fiscalía de ya no presentar a todos sus testigos, alrededor de 70, y agotar la lista en poco más de 20, presentando al último de ellos el próximo lunes.

De este último testigo se ha especulado que podría ser Jesús Reynaldo Zambada García, "El Rey Zambada", capo del cártel de Sinaloa, o Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quien fue lugarteniente de los Beltrán Leyva.

Los dos criminales han asegurado, el primero ante la misma Corte de Nueva York durante el juicio de "El Chapo", y el segundo en una carta que hizo pública en 2012 en México, que entregaron directamente sobornos millonarios al ex mando policiaco.

Una vez concluida la etapa de los fiscales tocará el turno de la defensa de presentar sus testigos y se ha abierto la posibilidad de que el propio García Luna suba al estrado a abogar por su inocencia, una práctica poco común en los juicios en Estados Unidos debido a que la fiscalía puede formularle preguntas y, eventualmente, acorralarlo.