Desinflan caso de desvío en FGR

Ciudad de México.- En un caso de supuestos pagos ilegales de casi 100 millones de pesos, una juez federal rechazó vincular a proceso a Vidal Díazleal Ochoa, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y el capitán Humberto Antimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional de la PGR, por tres de los cuatro delitos que les fincó la FGR.

La Fiscalía General de la República los imputó de haber desviado a siete empresas un total de 99 millones 999 mil 927 pesos, con recursos de la Partida de Seguridad Pública y Nacional 33701.

La Juez de control Beatriz Moguel Ancheyta determinó no vincular a proceso a los ex funcionarios por fraude equiparado, peculado y asociación delictuosa, al concluir que los delitos estaban prescritos o carecían de elementos.

En una audiencia de 15 horas, la juzgadora del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente sólo vinculó a proceso a los imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

A Antimo Rivera lo procesaron por dos modalidades de este ilícito, una por contratar indebidamente bienes y servicios con recursos públicos y la otra por darle a los recursos una aplicación distinta de aquella a la que estaban destinados. A Díazleal sólo lo vincularon por esta última.

El monto total de la contratación indebida fue establecido en 99 millones 999 mil 927 pesos, mientras que el dinero distraído o desviado en gastos que supuestamente no eran de urgencia y riesgo, se fijó en 69 millones 759 mil 436 pesos.

Moguel autorizó que ambos ex mandos lleven este proceso en libertad provisional, bajo diversas medidas cautelares.

A Antimo le impuso la obligación de presentarse cada 15 días en la Unidad de Medidas Cautelares, acreditar cada mes su domicilio, pagar una garantía 100 mil pesos, la prohibición de salir del País y no concurrir con personas que tengan calidad de ofendidos o testigos en el proceso.

A Díazleal le reiteró las mismas medidas que ya tiene impuestas en otro proceso; es decir, el brazalete electrónico, la prohibición de salir de la entidad federativa en la que vive y no acercarse a instalaciones o funcionarios de la FGR.

El plazo de investigación complementaria será de cuatro meses, temporalidad prevista para que las partes reúnan sus datos de prueba.

Imputación

La Fiscalía los imputó de haberse "unido" para pagar indebidamente a siete empresas un total de 99 millones 999 mil 927 pesos, con recursos de la Partida de Seguridad Pública y Nacional 33701.

Esta partida por lo general es empleada por corporaciones federales para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.

En este asunto se cuestiona que el dinero de la partida se usara para contratar servicios ajenos a esos propósitos.

Los contratos cuestionados son los adjudicados a las empresas Asesoría Empresarial en Comunicaciones S.A. de C.V., Nuga Sys S.A. de C.V., Concretech S.A. de C.V., Esiglo Ti S.A. de C.V. y Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V.

Y los pagos supuestamente indebidos fueron a Constructora L.A.A. S.A. de C.V. y Distribuidora Comercial Zogbi S.A. de C.V.

A las primeras les adjudicaron en forma directa contratos para seguridad de las comunicaciones de la PGR, actualizaciones de licencias de software y antivirus, herramientas de cifrado de información, borradores digitales e infraestructura de cómputo.

A la constructora, por su parte, le pagaron por la elaboración del proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la FGR, en el rancho "La Muralla", en Querétaro.

Y a Zogbi por los reactivos para elaborar perfiles de ADN, empleados para identificar personas desaparecidas.

Los agentes ministeriales de la Fiscalía de Asuntos Internos expusieron que Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, pidió por escrito a Antimo contratar a las citadas empresas.

También envió otro oficio a Débora Schlam Epelstein, ex directora General de Programación y Presupuesto, para que solicitara a las distintas áreas de la PGR enviar los remanentes de la partida de Seguridad Pública y Nacional 33701 a una cuenta bancaria de la dirección a cargo de Antimo.

Schlam, a su vez, el 8 de enero de 2014 pidió por escrito a la dirección de Administración de la Policía Federal Ministerial depositar sus remanentes en una cuenta cuyo titular sólo identificó con la clave R17 816 GSPN 2013.

Al día siguiente, la PFM depositó 100 millones de pesos a la cuenta indicada, que administraba el área de Antimo, misma que procedería a hacer los pagos a las empresas.

La ilegalidad esencial, según la FGR, radica en que los gastos no reunían los requisitos de urgencia, riesgo y confidencialidad que exige el Manual de la Partida de Gastos de Seguridad Publica y Nacional, así como las leyes administrativas, razón por la que no estaba justificado su ejercicio.

Veredicto

La juez de control Beatriz Moguel Ancheyta dijo que de los casi 100 millones de pesos del supuesto desvío sólo estaban justificados legalmente los gastos de 30 millones 240 mil 491 pesos.

Expuso que el pago a Nuga Sys, por 26 millones 779 mil 491 pesos, y a Distribuidora Comercial Zogbi, por 3 millones 461 mil pesos, eran los únicos que cumplían con los requisitos de urgencia, riesgo y confidencialidad que exige el Manual para Gastos de Seguridad Pública y Nacional para ejercer los recursos de la Partida 33701.

Lo anterior, porque la primera empresa vendió los reactivos de ADN para identificar a los desaparecidos, y la segunda proveyó la tecnología para evitar una injerencia indebida en los sistemas de información de la PGR, servicios que no podía licitar porque daría a conocer detalles que la harían vulnerable.

"Es una obligación apremiante del Estado mexicano la búsqueda de desaparecidos, es una situación de riesgo el que puedan perderse evidencias o que una persona que esté desaparecida y muera", dijo la juez.

Por lo anterior, fijó el monto de la presunta contratación indebida en 99 millones 999 mil 927 pesos, pero restó los dos contratos que considera legales para establecer en 69 millones 759 mil 436 pesos la cantidad de los recursos desviados en gastos ajenos al propósito de la Partida 33701.

Moguel resolvió que el delito de fraude ya no podía ser perseguido, porque estaba prescrito desde antes de presentada la denuncia. La juez aplicó una regla que establece que un ilícito fenece cuando pasan tres años sin que el denunciante tenga conocimiento del hecho delictivo. En este caso, los hechos son de 2013 y 2014 y la querella fue presentada hasta el 2019.

También canceló el delito de peculado, porque es un delito que no puede aplicarse de manera autónoma al de uso indebido del servicio público, también imputado por la FGR en este asunto. Sobre la asociación delictuosa, dijo que la Fiscalía no probó que los ex funcionarios estuvieran organizados para delinquir.

"Mi nombre no está"

El exjefe de la PFM, Vidal Díazleal, expuso ante una juez que ni su nombre ni su firma aparece en algún documento relacionado con este supuesto desvío de 100 millones de pesos y que las autoridades externas que auditaron esos gastos nunca hallaron irregularidad alguna.

"En ninguno de ellos aparece mi nombre, desde que recibí la carpeta de investigación hace dos años y medio, dije 'bueno, voy a ver' y hasta ahorita no hay un documento que diga 'participó, dio el visto bueno de este reintegro de recursos'", dijo el ex mando policiaco en la audiencia.

"Estuvieron realizando auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control a recursos de la Policía y jamás se dijo que existiera una irregularidad, finalmente era un trámite corriente y regular (traspasar los remanentes)".

"Yo no administro la cuenta, había una dirección administrativa, la Fiscalía no me ha presentado hasta la fecha un dictamen donde se diga que el reintegro fue irregular".

"Alteración" de pruebas

Al tomar la palabra en la audiencia en la que fue procesado, el Capitán retirado Humberto Antimo Rivera, ex director de Seguridad Institucional de la PGR, afirmó que no hay certeza sobre los documentos que han sido usados para acusarlos.

Lo dijo porque en marzo de 2019 la Fiscalía de Asuntos Internos allanó su oficina, se llevó todos los documentos de los gastos y meses después los devolvió, sin que exista la certeza de que sean los mismos o hayan sido alterados.

"(La Fiscalía) se presentó de manera ilegal en la oficina con agentes del Ministerio Público, Policías Federales Ministeriales y peritos, y de manera arbitraria y engañosa se llevaron toda la documentación de 2013 a 2019 de gastos de Seguridad Nacional, tres meses después regresaron con los expedientes, sin hallar nada, sin cadena de custodia", dijo.

"Las únicas personas que pueden tener resguardo de esa documentación son la Oficialía Mayor, el Procurador y el ente fiscalizador. Es doloso saber que la Fiscalía actúa de esa manera, no tengo certeza de que no pudieran haber alterado o modificado la documentación, al no haber cadena de custodia".