Caen 3 en Pemex por estafa maestra

Ciudad de México— En acatamiento a una instrucción presidencial, tres funcionarios de Pemex fueron despedidos y son investigados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos relacionados con la llamada “estafa maestra”.

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector operativo y comercial, y Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financiero de Procesos Industriales y Logística.

Entre 2013 y 2014 se desempeñaban como administrador del activo de producción Cantarell, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y gerente de suministros y servicios administrativos de Regiones Marinas, respectivamente.

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que los funcionarios firmaron convenios con universidades que rebasaron los topes presupuestales y permitieron la subcontratación.

“Los análisis del caso conocido como la estafa maestra confirman la participación de tres funcionarios en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvíos de recursos”, dijo.

En Palacio Nacional detalló que los seis contratos en los que intervinieron los funcionarios señalados forman parte de un total de 329 convenios firmados por PEP, por un monto superior a los 26 mil millones de pesos.

Recordó que en la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío por siete mil 667 millones de pesos, tras la investigación de 73 convenios firmados por la petrolera con ocho universidades.

“Se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser muchísimo más importante, dado que la revisión se concentró simplemente en el 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública”, apuntó.

Sandoval acusó a sus antecesores en la dependencia de exonerar a los acusados, quienes no fueron sujetos de responsabilidad.

Además, denunció que la Secretaría de la Función Pública no dio seguimiento a las irregularidades detectadas.

“Ninguna de las seis escuetas auditorías que fueron relacionadas con PEP concluyeron con promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos”, reprochó.

“La Auditoría Superior de la Federación notificó al Órgano Interno de Control de PEP las irregularidades detectadas, pero la Secretaría no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el Órgano Interno de Control a estos relevantes casos”.

Sandoval aclaró que, aún cuando los plazos administrativos pudieran haber vencido, los delitos no han prescrito desde el punto de vista penal.

Detalló que, el análisis del caso, arrojó que las empresas beneficiadas por recursos públicos están ligadas a los propios funcionarios o personas cercanas a ellos eran socios directos.