Buscan acelerar ley para asegurar bienes a corruptos

Ciudad de México— Las bancadas de Morena en el Congreso acelerarán la discusión y aprobación de la nueva Ley de Extinción de Dominio para garantizar la confiscación de bienes a quienes han sido acusados de actos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y contra la salud, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro, trata de personas, encubrimiento y robo de hidrocarburos. 

Este domingo, REFORMA reveló que debido a lo laxo de las leyes en México -que son aprobadas por la clase política-, autoridades federales han sido incapaces de incautar en definitiva bienes millonarios a políticos acusados de corrupción.

Durante los últimos tres sexenios, la PGR (hoy Fiscalía) ha tenido que devolver casas, autos, ranchos, cuentas bancarias y hasta una panadería a políticos a los que acusó de desvío de recursos públicos y otros delitos.

Entrevistados por separado, los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados recordaron que en marzo pasado se promulgó una reforma constitucional con la que se pretende hacer más efectiva la aplicación de la Extinción de Dominio.

Con los cambios, el procedimiento será ahora de naturaleza civil y autónomo respecto del procedimiento penal, por lo que los bienes podrán ser extinguidos al margen de la culpabilidad penal que se determine sobre el sujeto acusado.

"El objeto del proceso son los derechos reales o bienes de origen ilícito incorporados al patrimonio de una persona, no así su eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos penales, sea para obtener el bien o para utilizarlo en actividades delictivas", refiere la reforma.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se pronunció por acelerar la aprobación de la ley reglamentaria para homologar la aplicación de criterios en todo el País, establecer procedimientos y mecanismos que simplifiquen la extinción de los bienes mal habidos en beneficio del Estado.

Recordó que en marzo pasado ya presentó una iniciativa al respecto, que se encuentra en análisis en las comisiones.

Mario Delgado, presidente de la Junta en la Cámara de Diputados, explicó que la reforma constitucional introdujo expresamente que en delitos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos debe procederse a regresar al Estado los bienes que se hayan obtenido.

"Por increíble que parezca, la corrupción no estaba contemplada expresamente dentro de los delitos en los que procedían este tipo de medidas. Entonces, en los selectivos casos que procedían, las autoridades no perseguían por corrupción sino por delitos del orden fiscal como lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita", criticó.

Explicó que, a más tardar en septiembre, se debe emitir una ley nacional única de Extinción de Dominio que permitirá homologar los criterios en todo el territorio nacional en esta materia.

"Esto permitirá que haya mejor capacitación a las autoridades, ministerios públicos y jueces para una acción uniforme en todo el País contra la corrupción.

"El Congreso ya trabaja en los proyectos de ley para cumplir con los tiempos establecidos por la reforma constitucional", dijo.

De acuerdo con estimaciones de Global Financial Integrity, México es el tercer país con mayor flujo de recursos de procedencia ilícita, con un monto estimado de 50 a 60 mil millones de dólares anuales.

"Por eso, en delitos como la corrupción, que está estrechamente ligada a los delitos de delincuencia organizada, se tiene que asegurar que en el proceso penal no puedan seguir disponiendo de recursos para operar", agregó.

Por otro lado, tanto Monreal como el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se refirieron a la importancia de vigilar al Poder Judicial y los fallos que emiten a favor de delincuentes y corruptos para regresarles sus bienes.

El diputado pidió que el Consejo de la Judicatura presente un informe al respecto, mientras que Monreal urgió aprobar reformas que permitan erradicar la corrupción y el tráfico de influencias de los jueces en su desempeño.